"Amenaza a los jueces" - Enrique Navarro

En estos días hemos visto con estupor cómo a la salida del Tribunal Constitucional un grupo de manifestantes -"casualmente congregados"- increpó y pretendió agredir a un magistrado de dicha judicatura. La señal de falta de tolerancia de algunos es sintomática y da cuenta de un cierto estado de enfermedad preocupante de nuestra sociedad.

Sin embargo, esas acciones lamentables no son esporádicas y se van convirtiendo en un cierto patrón de conducta de algunos que pretenden la dirección de las cosas a través del "malestar callejero". Se extraña, por lo mismo, la presencia de autoridades y dirigentes políticos que encaucen su acción a través de ideales y propuestas de futuro y no de simples eslóganes o frases de carácter publicitario, como si se tratara de la comercialización de un producto.

Pero tan preocupante como lo anterior es el hecho de que muchas veces ese actuar irresponsable puede tener su origen también en comentarios, más allá de la mera crítica política, en los que se instala la idea de que determinadas decisiones judiciales desfavorables o perjudiciales a sus posiciones o intereses no deben cumplirse. El hecho no es inédito en Chile y atraviesa las distintas visiones. Ya en los años 70, la oposición de la época invitó a desconocer una sentencia del Tribunal Constitucional que no era de su agrado, calificándola incluso como nula.

No han sido pocos los casos en que, por ejemplo, dirigentes y políticos cuestionan la idoneidad de jueces o las atribuciones de los tribunales, que ellos han concurrido a aprobar. Los mismos que, en ciertos casos, han reconocido que han aprobado textos que pareciera ni siquiera han leído. ¿Se imaginan ustedes un juez que firmara una sentencia que no conoce?

Similar fenómeno se observó con ocasión de una sentencia judicial penal de la Corte Suprema, en la que derechamente se cuestionó su decisión y, anticipadamente, se dio respaldo a la posición de una de las partes en el proceso. Incluso, se la visitó para darle apoyo. ¿Y en qué queda la prohibición que tienen tanto la administración como los parlamentarios de intervenir en materia judicial? En otros casos en que no se comparte un fallo, se anuncian abusivamente acusaciones constitucionales improcedentes.

Todo esto constituye una flagrante infracción a principios elementales de nuestro Estado de Derecho y afecta severamente una de las garantías mínimas de un debido proceso, donde el juez siempre debe actuar con independencia e imparcialidad, exento de presiones externas.

Pero además, en estos yerros también concurren académicos y "expertos" de última hora. No se puede realizar crítica supuestamente "científica", como un tercero ajeno a un proceso, si se concurre o interviene en el mismo de cualquier forma, alegando o emitiendo opiniones para una de las partes. Tampoco resulta ético el atribuirse especialidades de las que se carece, avanzando sin pudicia a verdadera "terra ignota". ¿Se imaginan ustedes que en medicina, un oncólogo emitiera dictamen en materias ajenas a su especialidad?

Como ya decía nuestra Nobel poetisa Mistral, citada a veces pero muy poco leída, nuestros grandes males se encuentran en las profesiones deficientemente ejercidas. Y es que quien se desempeña indebidamente en su labor, también lo realizará en su vida diaria.

Un verdadero y sólido Estado de Derecho supone el irrestricto respeto de las decisiones soberanas emanadas de nuestros tribunales, sin que esté autorizado al gobierno de turno o a los parlamentarios el criticar, cuestionar o desconocer las mismas; lo que a veces se pretende de diversas formas, incluso oblicuas, azuzadas por "intelectuales independientes" de ocasión.