“La falta de honestidad” - Eduardo Morales

Nuestro país tiene un claro problema: la falta de honestidad. No de ahora, desde hace varios años.

Hemos visto como, en todo tipo de actividades, la deshonestidad se ha hecho presente: cuando se rinden cuentas por gastos en los que no se ha incurrido; cuando se utilizan fondos del Fisco para beneficio propio; cuando se corrompe a funcionarios públicos con premios o promesas; cuando se coluden en bienes o servicios básicos; cuando se abusa de quienes no tienen recursos y se les repactan automáticamente sus deudas; cuando los clasificadores de riesgo no cumplen con sus obligaciones; cuando un falso exonerado político recibe el beneficio del Estado, etc. Las noticias nos lo recuerdan, lamentablemente, todos los días.

La ley es clara: quien en perjuicio del Estado obtiene una prestación o un beneficio que no le corresponde, comete un delito. El error en la entrega de información no es un hecho punible, pero sí lo es que esa información se haya entregado a sabiendas de que era falsa (Art.470, Nº8 del Código Penal).

Está claro que un antecedente para estimar que no hubo delito es la devolución, porque quien actúa de buena fe y sabe que se equivocó, devuelve lo que no tenía derecho a recibir.

Por ello, parece inconcebible que, sin más, sin distinguir, se pretenda “amnistiar” a quienes deliberadamente obtuvieron devoluciones improcedentes.

Si se es duro con los grupos económicos que han abusado y cometido delitos e infracciones, con montos enormes, no se puede otorgar un perdón anticipado argumentando que se trata de montos menores o que hay alguna justificación.

La honestidad no es relativa, no está en función de la mayor o menor utilidad obtenida, sino se trata de un valor que se cuida, se protege y se reconoce. Lo que se debe sancionar es a quien actúa mal, más aún cuando percibe fondos estatales, fondos que son de todos, que son escasos y que requieren focalizarse clara y precisamente en quienes realmente los necesitan.

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