Protección de los bosques en Chile: ¿qué tan eficaz es nuestro derecho forestal?

Columna del Prof. Jorge Aranda Ortega, Profesor Asistente e Investigador del Centro de Derecho Ambiental.

Cada 21 de marzo, se conmemora el Día Internacional de los Bosques. Sin embargo, en Chile, más que una instancia de celebración, esta fecha nos invita a revisar cómo el derecho forestal ha avanzado en la materia y a evaluar la capacidad de nuestras leyes ambientales y forestales para proteger los bosques nativos de manera efectiva.

El país ha avanzado en reconocer la importancia ecológica, climática y social de los bosques, cuyos antecedentes se remontan a la Ley de Bosque de 1929. Más modernamente, en un intento por superar el modelo puramente productivo y sectorial del Decreto Ley N° 701 de 1974 (y que permitió la sustitución legal de bosque nativo), surge en la década de los 2000 la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, marcando una tendencia hacia un derecho forestal con enfoque ambiental. No obstante, a más de una década de su entrada en vigencia, sus limitaciones son evidentes.

Desde una perspectiva jurídica, el problema no radica únicamente en la existencia de normas, sino en su capacidad real de incidir en el territorio. La regulación forestal chilena sigue mostrando una tensión estructural: por un lado, promueve la conservación del bosque nativo; por otro, convive con un modelo productivo históricamente orientado a la explotación forestal intensiva, particularmente en base a monocultivos, a lo que se suman las presiones inmobiliarias. Todo ello genera hipótesis de conflicto ambiental que constantemente tensionan nuestros procedimientos administrativos y judiciales.

Este diseño genera una paradoja: por una parte, el derecho ambiental incorpora principios como la prevención, la sustentabilidad y, más recientemente, la acción climática, mientras que el derecho forestal no siempre logra traducirlos en herramientas eficaces de protección. En la práctica, los incentivos económicos para la conservación del bosque nativo han sido limitados en comparación con aquellos que históricamente impulsaron la expansión forestal, al tiempo que se intenta avanzar en un ordenamiento territorial “no urbano” al alero del reciente Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

A ello se suma un problema de implementación. La fragmentación institucional, las dificultades de fiscalización y la limitada operación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la evaluación de proyectos forestales. Esto evidencia que la protección de los bosques no depende sólo de buenas normas, sino también de instrumentos susceptibles de perfeccionamiento.

En este contexto, el Día de los Bosques debería servir no solo para destacar su valor, sino también para evaluar si nuestras leyes forestales y ambientales logran superar su enfoque sectorial, incorporando una vehemente visión periférica de los bosques y de las prácticas humanas que permiten su protección en beneficio de las futuras generaciones.

Así las cosas, la pregunta no es si reconocemos la importancia de los bosques —lo que parece estar fuera de discusión—, sino si estamos dispuestos a revisar críticamente las bases regulatorias que hoy condicionan su futuro.

¿Será suficiente el derecho forestal chileno para enfrentar los desafíos del siglo XXI, o seguimos perseverando con herramientas diseñadas para un contexto que ya no existe?

*Las opiniones vertidas en esta sección son personales y no representan al Centro de Derecho Ambiental ni a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.