Uno de los desafíos más complejos para América Latina, es la reconstrucción democrática de Venezuela sobre la base de condiciones que aseguren una transición democrática sostenible. La crisis actual de Venezuela no solo involucra el debilitamiento institucional y la erosión del Estado de derecho, sino también profundas transformaciones geopolíticas, económicas y multilaterales que redefinen el lugar de América Latina en el orden internacional contemporáneo.
Desde una mirada multidimensional de la crisis actual, la directora del Centro de Derechos Humanos, profesora Constanza Núñez, participó en mayo pasado en el seminario organizado por el Instituto Max Planck en Heidelberg (Alemania), titulado “Seminario Internacional del ICCAL: El Ius Constitutionale Commune en América Latina como eje para la Transición Democrática en Venezuela”.
Su exposición fue parte del panel “Experiencias de transición en perspectiva comparada: lecciones para Venezuela” en la que también participó la catedrática de la Universidad de Salamanca, Dra. Zulima Sánchez; y de la Universidad de Gante, Dra. Gretel Mejía. Además de Ugo Cedrangolo, miembro de la Institución Independiente sobre las Personas Desaparecidas en Siria de la ONU, y Ariel Sánchez Meertens, Experto en justicia transicional y restaurativa.
La discusión se centró en la reinteramericanización de Venezuela con énfasis en la protección de los derechos humanos, la resiliencia democrática y la reconstrucción institucional, integrando para ello el Derecho Internacional, el Sistema Interamericano, el derecho constitucional comparado y las experiencias transicionales globales, con el propósito de reflexionar sobre la viabilidad de una transición democrática sostenible en el país.

En miras a profundizar su contribución en esta temática, la profesora Constanza Núñez publicó la columna titulada “Justicia transicional para Venezuela: lecciones del caso chileno” en la que aborda la justicia transicional como una respuesta consolidada para sanar las heridas de las sociedades afectadas por conflictos, analizando los pilares de verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición, en una aplicación contextualizada a Venezuela.
Concluyendo que “[p]ara Venezuela, la cuestión no debería ser cómo implementar todos los pilares de forma integral y simultánea, sino más bien dónde reside su influencia hoy: quién impulsa, quién veta y qué condiciones (apoyo internacional, organizaciones de víctimas, independencia judicial) pueden inclinar la balanza. La experiencia chilena no ofrece una fórmula mágica, pero sí demuestra que ningún progreso fue casual: cada pilar que funcionó lo hizo porque alguien insistió en que funcionara, durante años y a pesar de la resistencia. Y los únicos que siempre están presentes e impulsan el progreso en todo el mundo son las víctimas y sus familias, es decir, la sociedad civil organizada.”

