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Juan Carlos Lara: "En Chile estamos muy concentrados en la Ley de Datos Personales"

Juan Carlos Lara, abogado, egresado el 2006, trabaja en la ONG Derechos Digitales, una organización fundada por los integrantes del Centro de Estudios de Derecho Informático (CEDI) de la Facultad de Derecho, Alberto Cerda y Daniel Álvarez. Comparte un escritorio largo con su equipo, otras cuatro personas que están en ese momento en la oficina. Colgado sobre una repisa, un reloj negro que marca las 3 de la tarde con un cartel abajo, como indicando la hora de Machalí.

"Una de las cuestiones más difíciles de responder cuando me encuentro con mis colegas, con personas de otras profesiones, o con mi familia, es responder qué es lo que hago. Cuando me levanto temprano en la mañana y vengo a sentarme en mi escritorio con un montón de otras personas, qué es lo que hago concretamente y qué tan distinto es a los colegas que trabajan en otras cuestiones", comenta.

¿Cuál es tu relación con la universidad actualmente?

No es poco habitual para mí volver a la Escuela, ya sea para mantener reuniones con su equipo, o para asistir a seminarios o, en algunas ocasiones, incluso, en representación de esta organización como panelistas en eventos de la escuela.

¿Alguna persona en especial con quien tengas una relación cercana?

Conservo buenos contactos en la escuela a nivel personal, especialmente en el Centro de Estudios en Derecho Informático. Una amiga personal trabaja hoy en el CEDI como la principal gestora de la administración, Daniela Vásquez.

¿Desde cuándo tu interés por el derecho se enfocó en esta área?

Fue a través del Taller de Memoria, de la elección de un profesor y de un área de trabajo que encontré en qué trabajar y era lo que realmente me interesaba. Partí investigando temas de esta naturaleza en la Escuela, luego terminé como investigador a tiempo parcial en esta ONG antes de titularme, y si bien después trabajé de forma independiente y dependiente en algún momento, igualmente recalé aquí, cuando desde esta misma organización me ofrecieron volver en condiciones distintas.

¿Cómo se compone tu equipo de trabajo?

Mi equipo, en particular, es el de Investigación y Políticas Públicas, el cual está compuesto por Paula Jaramillo y Pablo Viollier, ambos egresados de la Facultad. Aparte de nosotros, está Marianne Díaz, abogada de la Universidad de Carabobo, y Gisela Pérez de Acha, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, y Patricio Velasco, sociólogo de la Universidad Católica. En otros departamentos participan un par de personas que son informáticos, sociólogos, periodista y una diseñadora. El equipo de la organización es bien variado afortunadamente, con mayoría de mujeres.

¿Cuál es la meta que tienen como ONG para este año?

Nos interesa defender el anonimato como garantía de privacidad y de libertad de expresión, defender a la población de ciertas amenazas de la vigilancia, y también luchar contra el estado de vigilancia por parte de gobiernos, contra el uso indiscriminado de vigilancia de comunicaciones a través de la tecnología. En Chile estamos muy concentrados en la ley de datos personales, además de otras formas de regulación que afectan a la información personal.

Libertad y privacidad

¿Cuál es tu opinión sobre la implementación de drones en el municipio de Providencia?

El anuncio de los drones en Providencia es preocupante porque se instala en un contexto donde nos hablan constantemente que estamos en un ambiente de altísimo riesgo para nuestra seguridad personal o de que la delincuencia está desatada. Entonces, nos parece que la tecnología de aeronaves no tripuladas que vigilan espacios en la ciudad es problemática por el riesgo de que la vigilancia, no solamente se produzca en espacio público, sino que se encuentra dentro de espacios privados por antonomasia que son los hogares. Nos preocupa, también, porque significa vigilar espacios públicos dentro de los cuáles también existen libertades, como, por ejemplo, libertad de movimiento, libertad de reunión, y también existe privacidad, aunque no lo parezca directamente.

¿Han planteado estos resguardos a la municipalidad?

Hemos sostenido conversaciones con varios concejales de la Municipalidad de Providencia, estamos siguiendo el proceso de adquisición de estos artefactos porque no ha sido aprobada su compra, y estamos haciendo el monitoreo de lo que vaya a pasar si esto se materializa, para comprender bien cuáles son las verdaderas amenazas en el ámbito tecnológico y de seguridad. Con esto, veremos cuáles son nuestros cursos de acción para que estos mecanismos de vigilancia no solamente no se instalen en providencia, sino que en ninguna parte. Providencia es solo un paso inicial, dentro de una discusión o un debate mucho más amplio, que viene desde mucho antes y que va seguir por un buen tiempo, sobre la pugna ficticia, real y peligrosa entre seguridad y privacidad.

¿Cuál es tu opinión sobre el proyecto de Ley de protección de datos personales?

En principio, evidentemente es un avance de lo que existe hoy. Primero, porque crea una autoridad de protección; segundo, porque crea mecanismos de reclamación que hoy no existen sobre la infracción de derechos sobre los datos personales; establece un sistema de sanciones que es un poquito mejor que el anterior, y cuarto porque intenta hacerse cargo de temas vinculados a la tecnología, como lo es el procesamiento de grandes volúmenes de datos personales, la transparencia internacional de datos, y la existencia continua de recolección de datos a través de distintas tecnologías.

Pese a esto, es un proyecto que nos causa dudas en dos cuestiones fundamentales. Una es lo que va a ser todavía objeto de discusión en el Congreso, sobre si las sanciones son suficientes, si efectivamente la autoridad de control que se crea a través de esta ley tiene facultades o autonomía para funcionar, o bien, si los derechos que se crean a través de la ley son suficientemente efectivos.

Me causa curiosidad saber si habrá un seguimiento por parte de sus ministerios y funcionarios para que el proyecto salga adelante y si va a significar que estemos cumpliendo con las exigencias de la OCDE u otros estándares internacionales más altos. Lamentablemente si ese impulso político no existe, simplemente va a ser un intento de reforma más que no llegará a ninguna parte.

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