Desde el año 2000 el CDA viene organizando y desarrollando las ya reconocidas Jornadas de Derecho Ambiental, ofreciendo una instancia de exposición, análisis y debate, en un marco participativo, inclusivo y académico sobre temáticas de relevancia jurídico - ambiental.
Tal como como las anteriores siete Jornadas de Derecho Ambiental tuvieron su foco en temas contingentes y de profundo debate, estas VIII Jornadas se desarrollarán en torno a las tareas pendientes de la Democracia Ambiental Así, esta actividad tendrá como marco de referencia importantes hitos y precedentes, entre los cuales podemos señalar, en el ámbito internacional, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), que consagró el Principio 10, que señala que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos”, y luego prescribe la necesidad de que los Estados desarrollen y desarrollen los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Luego de las Directrices de Bali de 2010 para la elaboración de legislación nacional en aplicación del Principio 10, del PNUMA (con su guía de implementación de 2015), en Río + 20, en la conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012, Chile fue uno de los firmantes de la Declaración sobre Aplicación del principio 10 en América Latina y el Caribe, comprometiéndose a avanzar en la consecución de un acuerdo regional que facilite la implementación de los derechos de acceso ya mencionados. Este proceso, que beneficiará a más de 500 millones de habitantes de nuestra región, está en plena negociación y ha contado con el liderazgo de nuestro país. A su vez, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, pone en evidencia la convergencia entre derechos humanos, igualdad y desarrollo sostenible, y la importancia de los derechos de acceso, para contribuir al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).
¿Qué pasa con Chile? A modo de ejemplo, el World Resources Institute (WRI), Secretaría permanente de la Iniciativa de Acceso, señala que, a nivel mundial, Chile ocupa el lugar 23 entre 70 países respecto a la aplicación de la democracia ambiental, y que en relación con América Latina está en 9° lugar. En 2016, la OCDE publicó la Segunda Evaluación de Desempeño Ambiental para Chile, y el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de Chile publicó el Informe país sobre el estado del medio ambiente en Chile. Ambos documentos coinciden en diagnosticar que, sin perjuicio de reconocer algunos satisfactorios avances en indicadores de gestión ambiental nacional, se mantienen deficiencias en cuanto al acceso a información ambiental, participación ciudadana y justicia ambiental, como el elevado costo del patrocinio letrado especializado, las deficiencias en el alcance e integridad de la información ambiental, y la insuficiencia de los espacios de participación. En este sentido, cabe destacar el último estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el que se revela la alta conflictividad socio – ambiental que existe en el país, lo que se refleja en los 110 conflictos de esta naturaleza. El Informe final de la Comisión Asesora Presidencial para Evaluación del Sistema de Evaluación Ambiental también destacó la falta de incidencia de los espacios de participación, lo que sumado a la asimetría de la información entre titulares, ciudadanía y el Estado, ha llevado a que la participación ciudadana en el SEIA pierda legitimidad ante las comunidades.
Diversos estudios, iniciativas públicas y privadas, así como propuestas programáticas en el último tiempo han formulado sugerencias institucionales y políticas para abordar esta cuestión, ya sea desde la mirada de derechos humanos o bien desde el objetivo de viabilizar el crecimiento y la agenda económica, minera y energética. Por último, tal como lo han mostrado las recientes charlas de jurisprudencia ambiental organizados por el CDA, los tribunales ambientales y la Corte Suprema han definido progresivamente los contornos del acceso a la justicia ambiental y del alcance de la consulta indígena y de la participación ciudadana en el sistema. El CDA convoca a estas VIII Jornadas esperando que constituyan una valiosa instancia para impulsar el desarrollo de la doctrina nacional, y reflexionando y debatiendo en el marco de un rigor analítico y propositivo, con participación de calificados expertos nacionales y extranjeros, acerca de los desafíos del derecho ambiental y del desarrollo sostenible desde la mirada de la democracia ambiental.