Diversos temas relevantes en materia ambiental se trataron en el seminario "Estado y Medio Ambiente: el control del poder en materia ambiental", realizado el pasado 24 de agosto en el Aula Magna. A la actividad asistieron más de 200 personas, además de los expositores, entre los que destacaban académicos nacionales y extranjeros, además de diversas autoridades.
Organizado por el Centro de Derecho Ambiental (CDA), la ONG FIMA y el Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, el seminario trató especialmente cuestiones relativas a la participación ciudadana y el control jurisdiccional de los actos administrativos en materia ambiental.
La profesora Valentina Durán, directora del CDA, resaltó la importancia del principio de control público al cual está sujeta la Administración, pues ello asegura tanto la legalidad como la legitimidad democrática de sus actuaciones. En este contexto, la académica invitó a la reflexión en el contexto de la reciente jurisprudencia en materia de invalidación ambiental, como el emblemático caso de la Minera Dominga.
La profesora Durán añadió que el seminario busca aportar a los debates nacionales que se han llevado a cabo en relación a las tres formas de control que se analizan: participación ciudadana, Contraloría y tribunales de lo contencioso-administrativo.
Participación ciudadana en materia ambiental
La primera mesa del seminario fue moderada por María Victoria Galleguillos, coordinadora de Estudios de FIMA y trató sobre el problema de la participación ciudadana en la gestión ambiental. Álvaro Ramis, académico de la Universidad Alberto Hurtado abordó el tema de la democracia y la participación desde una mirada filosófica, y ahondó en la importancia de incentivar el hábito de la participación ciudadana desde la educación preescolar.
Posteriormente, Manuel Morales, abogado de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX de Ecuador, expuso sobre la experiencia constituyente en dicho país y cómo la participación ciudadana contribuyó a la mejora de estándares ambientales, en específico a la consagración de los derechos de la naturaleza. Finalmente, Rafael Asenjo, Ministro titular del Segundo Tribunal Ambiental recalcó la importancia de la función de la participación ciudadana en la gestión ambiental, destacando que no es posible gestionar el patrimonio ambiental a espaldas de la ciudadanía.
Rol de la Contraloría
La segunda mesa trató sobre la incidencia de la Contraloría General de la República en materia ambiental y fue moderada por la abogada y estudiante de doctorado, Alicia de la Cruz Millar. En este espacio, Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo e investigador del RegCom, evocó con nostalgia un Diálogo organizado por el CDA en mayo de 2006 sobre la función de la Contraloría en materia ambiental y expuso la evolución de la jurisprudencia administrativa emanada de la Contraloría, reconociendo su importancia en la instalación de la institucionalidad ambiental.
Camilo Mirosevic, jefe de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, destacó la importancia de la jurisprudencia administrativa, al constatarse el hecho de que los altos niveles de conflictividad ambiental y los déficits de la ley no fueron subsanados por la implementación de los Tribunales Ambientales. Al término, Sebastián Pilo, director de la Asociación por la Igualdad y la Justicia de Argentina, identificó como uno de los principales desafíos para las entidades de control el hecho de que la información pueda ser puesta al servicio de los grandes debates ambientales.
El contencioso-administrativo ambiental
El profesor del Departamento de Derecho Económico, y estudiante de doctorado, Francisco Agüero, moderó la mesa que analizó las principales tendencias del contencioso-administrativo ambiental chileno. Al inicio, Paulina Riquelme socia fundadora de EELAW, se refirió al desarrollo jurisprudencial de la invalidación administrativa de la resolución de calificación ambiental, ahondado sobre los alcances del artículo 53 de la Ley General de Bases de los Procedimientos Administrativos.
Por su parte, Diego Lillo, coordinador de litigios de la ONG FIMA, se refirió a la relación entre la invalidación impropia y el artículo 25 quinquies de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Este bloque concluyó con la presentación de Ximena Insunza, investigadora del CDA y ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental, quien apuntó la necesidad de una reforma legislativa para crear un contencioso-administrativo general ambiental, trascendiendo las limitaciones derivadas del artículo 17 N° 8 de la Ley que crea los Tribunales Ambientales.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de la abogada Gabriela Burdiles, directora de Proyectos de FIMA, quien presentó una recopilación de las discusiones y exposiciones llevadas a cabo durante el día. Asimismo, los organizadores agradecieron el apoyo del Departamento de Postgrado y Postítulo de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, la que hizo posible el encuentro a través del Programa de estímulo para proyectos académicos de estudiantes postgrado, cuyo fondo benefició al proyecto presentado por el doctorando Ezio Costa, junto a Alicia de la Cruz y Francisco Agüero.