El pasado 28 de agosto, diferentes expertos en Derecho Ambiental y Derechos Humanos, participaron en el V Coloquio Internacional de Derecho Ambiental "Pacto Mundial del Medio Ambiente, Derechos Humanos y Constitución", organizado en el marco del Proyecto Desafíos Globales para la Democracia del Programa de Doctorado en Derecho, por el Centro de Derecho Ambiental (CDA), el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile (CR2) junto al Ministerio de Relaciones Exteriores.
En la apertura, la directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA), profesora Valentina Durán Medina, recalcó la relación indisoluble entre los temas de derechos humanos y medio ambiente, lo que también fue advertido por Xavier Mena, representante regional adjunto de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien inauguró la actividad y reseñó el posicionamiento histórico de la protección ambiental en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
De acuerdo al expositor, esta vinculación entre derechos humanos y medio ambiente es patente en la Convención de Aarhus y en el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, cuya adopción ha sido clasificada como uno de los pasos más importantes en la protección y promoción de la democracia ambiental a nivel internacional. En cuanto al Proyecto de Pacto Mundial por el Medio Ambiente, que nace a raíz del proyecto elaborado por Le Club des Juristes, un think-tank francés que reunió a un grupo de expertos de más de 80 países, mencionó que la iniciativa surgió desde la sociedad civil y la academia frente a la falta de suficiencia y armonía de la normativa ambiental internacional para hacer frente a los desafíos actuales.
Por su parte, la Dra. Pilar Moraga Sariego, investigadora del CDA y CR2 que participó en la elaboración del documento, comentó que la vocación del tratado es convertirse en el tercer pacto de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente ecológicamente sano y adecuado. Sobre por qué es necesario, recordó los planteamientos de Louis J. Kotzé, quien sostiene que las soluciones que se deben dar a la crisis ambiental tienen que estar al mismo nivel de aquellas de la postguerra, cuando se adoptaron los dos primeros pactos de derechos humanos.
Organización, trabajo y postura de Chile
En la misma línea, la Dra. Teresa Parejo Navajas, Senior Policy Advisor de UNSDSN y profesora asociada del Sabin Center for Climate Change Law y de la Universidad Carlos III, se refirió al Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Dentro de las principales novedades, la académica, quien también formó parte del grupo de expertos encargados de elaborar el proyecto, observó que unifica y dota de valor jurídico a los principios ya existentes y orientadores del Derecho Internacional Ambiental, que sirve de guía a los Estados para el diseño y desarrollo de políticas adecuadas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que otorga a los actores no estatales mecanismos para fortalecer el cumplimiento del Derecho Internacional Ambiental.
Julio Cordano Sagredo, jefe del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que si bien, el documento emanado de Le Club des Juristes ha generado una discusión tremendamente prolífica y provechosa, éste no tiene valor alguno para el proceso de negociación ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El representante de la Cancillería explicó que actualmente se está elaborando el reporte del Secretario General y que, una vez presentando, se reunirá un grupo de trabajo de composición abierta para decidir qué hacer y organizar los trabajos. Respecto a la posición de Chile, manifestó que nuestro país favorece el proceso de negociación, ya que un principio permanente de su política exterior es fortalecer el Derecho Internacional y que la visión común es que una negociación sobre principios no puede diluirlos: "no por hacerlos más exigibles vamos a hacerlos menos sustantivos y eso es un riesgo que desde el punto de vista político se ha ido identificando".
Finalmente, la Dra. Liliana Galdámez Zelada, investigadora del Centro de Derechos Humanos (CDH), compartió una mirada escéptica respecto de la eficacia del Derecho respecto de la cuestión ambiental. Así, la profesora advirtió que entre 1925 y 2014 Chile ha ratificado 93 tratados ambientales, pero que no existe una sistematización sobre estos y, que, por regla general, establecen compromisos demasiado laxos desde el punto de vista de las obligaciones. Para terminar, la profesora agregó que, aunque Chile ha tenido una apertura importante para acordar tratados en materia ambiental, estos compromisos no han tenido un desarrollo importante desde el punto de vista normativo y jurisprudencial.