El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile manifiesta su total rechazo a la declaración de estado de emergencia en la Región Metropolitana y otras regiones del país. En un Estado Democrático de Derecho, el gobierno debe agotar todos los mecanismos institucionales que el sistema democrático pone a su disposición para garantizar el orden público y responder a las demandas sociales. En lugar de restaurar la paz social, aquella declaración ha provocado una mayor molestia y efervescencia social.
Condenamos la violencia en todas sus formas, política e institucional. Sin embargo, estimamos que la decisión gubernamental de disponer de personal militar para reprimir las protestas sociales constituye violencia institucional y ha sido un factor coadyuvante en la crispación e incremento de la tensión social que se observa en los hechos de protesta social que han tenido lugar en todo el país. La supresión del derecho de reunión, la declaración de toque de queda y la represión a manifestantes que se expresan pacíficamente son actuaciones impropias de un Estado democrático. En cualquier caso, debemos representar que durante el estado de emergencia, si bien se pueden limitar transitoria y específicamente algunas garantías constitucionales – derecho de reunión y locomoción –, el Estado está obligado a garantizar el conjunto de los derechos, y garantías constitucionales de las personas, en particular, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a acceder a los tribunales de justicia cuando sus derechos sean ilegalmente e ilegítimamente conculcados.
Hacemos un llamado a las autoridades a hacerse cargo de las situaciones de desigualdad y vulneración de derechos sociales que están en la base de las movilizaciones. Como ha sido consignado por los medios de prensa internacionales, Chile ostenta el más alto ingreso per cápita de Latinoamérica y a la vez exhibe la mayor desigualdad, lo que ha colocado a la mayoría de los chilenos y chilenas fuera del pacto social. Las causas más dramáticas del descontento social provienen del sistema de educación, salud, pensiones y costos de vivienda y de los servicios básicos que segrega o simplemente excluye a los sectores más pobres de la población, junto a políticas de criminalización de la protesta social.
Tenemos la convicción que solo el diálogo democrático permitirá resolver los problemas estructurales de la sociedad chilena que se han explicitado a través de las movilizaciones sociales. Es por ello que llamamos a toda autoridad, de todo poder del Estado, más allá de la actual administración y gobierno, a asumir su compromiso y rol constitucional para proveer a este diálogo, con la convicción de que es éste, y no sólo, el ejercicio de la autoridad, lo que permitirá que contruyamos las bases de una verdadera paz social de largo plazo.
Centro de Derechos Humanos
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile