Con una exitosa rendición de examen doctoral, el profesor Francisco Agüero Vargas se convirtió en el graduado número 41 del Programa de Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El pasado miércoles 7 de julio de 2021 se efectuó la defensa de su tesis doctoral, que lleva por título “El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como un contencioso-administrativo”, realizada bajo la supervisión del profesor Dr. Luis Cordero Vega.
La Comisión estuvo integrada por Julia Ortega (Universidad Autónoma de Madrid), Jaime Arancibia (U. de Los Andes), Andrés Bordalí (Universidad Austral de Chile), Raúl Letelier (U. de Chile) y Pablo Ruiz-Tagle (U. de Chile), quien presidió la instancia.
La tesis principal de la investigación buscó demostrar si el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) puede entenderse como un tribunal contencioso-administrativo, con una competencia amplia para conocer y juzgar la actividad pública, en particular cuando los organismos de la Administración del Estado intervienen en la economía. Adicionalmente, se quiso identificar los principios usados para juzgar la actividad estatal por dicho Tribunal.
La investigación se estructuró en cuatro partes. En la primera parte, se abordaron aspectos históricos que permiten entender cómo se llegó a controlar la actividad estatal por el sistema de libre competencia en Chile y los aspectos de diseño institucional que permiten dicha revisión. El diseño es muy relevante si se va a juzgar a órganos estatales, donde se examina la especialidad de los jueces del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que es un elemento de importancia para que haya justicia administrativa efectiva. Se efectúa una referencia a las potestades jurisdiccionales y administrativas del Tribunal que pueden entenderse cómo forma de controlar al Estado.
En la segunda parte de la tesis se examina el ámbito del contencioso-administrativo del TDLC. De esa forma, se da cuenta del ilícito general que prevé la legislación de libre competencia y que habilita al TDLC para juzgar la actividad estatal, mediante el procedimiento contencioso de la ley. Adicionalmente, se estudian los casos especiales en los que las leyes ordenan que el Tribunal deba conocer la actividad estatal, como ocurre con la potestad inspectora de la Fiscalía Nacional Económica, la actividad del Banco Central, entre otros. También se estudió la llamada potestad consultiva del Tribunal y su encuadre con la taxonomía del contencioso-administrativo.
En la tercera parte de la tesis, el autor investigó el alcance y eficacia de las decisiones dictadas por el TDLC al controlar la actividad estatal, esencialmente, sentencias y resoluciones dictadas en el marco de la potestad consultiva, así como la tutela cautelar contra la Administración. De igual forma, se revisó el alcance de la tutela cautelar del Tribunal en materia de justicia administrativa, que es una materia esencial para verificar la pregunta que motiva esta investigación, y de importancia para la efectividad de la justicia administrativa.
En la cuarta parte y final de la tesis, se evaluaron los criterios sustantivos usados por el TDLC para resolver las controversias con la Administración. Desde luego, el bien jurídico, la libre competencia, es el principio para tener en cuenta para resolver, aunque su contenido no es inequívoco y no ha sido el único criterio usado por el Tribunal en sus decisiones. La investigación también esboza algunos límites que surgen a la aplicación de los principios.
Los integrantes de la Comisión destacaron la calidad y exhaustividad de la investigación, y la calificaron con nota 7,0.