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CEDI adhiere a declaración conjunta sobre norma que permitiría el acceso a datos personales sin orden judicial

CEDI se manifiesta contra acceso a datos sin autorización judicial

El Centro de Estudios en Derecho Informático, junto con organizaciones de la sociedad civil, como la ONG Derechos Digitales, la Fundación Datos Protegidos, y la Sociedad Chilena de Seguridad de la Información, representantes del sector privado, como la Asociación Chilena de Tecnologías de la Información, la Asociación Latinoamericana de Internet, y el capítulo Chileno de Internet Society, presentaron hoy 25 de enero una declaración pública manifestando su oposición a la propuesta de norma que modificaría el Código Procesal Penal permitiendo el acceso a datos personales sin autorización judicial previa.

Esta propuesta de norma, surgida en el debate del boletín 12192-25 que introduce modificaciones en la ley de delitos informáticos y otros cuerpos legales, está siendo actualmente tramitada en una comisión mixta del Congreso, y permitiría el acceso del Ministerio Público a datos de comunicaciones, tales como direcciones IP, datos de tráfico y contenido, así como informaciones de contacto y de ubicación que permitan determinar la identidad de una persona.

Desde el Centro de Estudios en Derecho Informático llamamos a rechazar dicha propuesta, que no garantiza el respeto a los derechos fundamentales, al no establecer controles externos tales como la autorización judicial, ni tampoco contempla mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas.

El texto completo de la declaración pública, a continuación:

En rechazo a la modificación del Código Procesal Penal que habilita la vigilancia sin controles ni contrapesos legales

Una Comisión Mixta del Congreso aprobó recientemente modificar el Código Procesal Penal para permitir al Ministerio Público solicitar datos personales de cualquier ciudadano a todo proveedor de servicios, sin orden judicial previa, mecanismos de transparencia ni de rendición de cuentas que permitan controlar el uso de una herramienta de vigilancia que, además, puede ser utilizada para la investigación de cualquier delito, incluidos delitos menores o de bagatela.

La norma aprobada, además, impone un deber de secreto que hará imposible conocer con certeza el despliegue de intrusiones estatales que podrían afectar no solo el derecho a la privacidad de los ciudadanos, sino también la labor de periodistas y sus fuentes, medios de comunicación, organizaciones y movimientos sociales. 

Vemos con preocupación la ambigüedad del texto legal al establecer como único requisito la existencia de una “investigación en curso”, sin siquiera exigir una especificidad individual, abriendo un amplio margen para solicitudes genéricas e indefinidas. En definitiva, el texto carece de las garantías de respeto y protección de derechos fundamentales que nuestra sistema jurídico exige para permitir el acceso a los datos personales de los ciudadanos.

Esta normalización de la vigilancia estatal vulnera el derecho de todo ciudadano a no ser objeto de intrusiones gubernamentales injustificadas, uno de los pilares básicos de toda democracia, pues sin él resulta imposible el ejercicio de otros derechos tan fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de informar y ser informado, entre otros.

Siendo la separación y el control de los poderes de los organismos del Estado un eje central de todo sistema democrático, esperamos que el Congreso rechace cualquier norma que pretenda dotar al Estado de mayores herramientas de vigilancia sin contemplar los mecanismos necesarios para controlar su uso.

Adscriben:

  • Centro de Estudios en Derecho Informático
  • ONG Derechos Digitales Latinoamérica
  • Fundación Datos Protegidos
  • Asociación Chilena de Tecnologías de la Información
  • Sociedad Chilena de Seguridad de la Información
  • Asociación Latinoamericana de Internet
  • Capítulo chileno de Internet Society