En el contexto de su Ciclo de Seminarios sobre Reformas a la Justicia, el Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad (CEJ), convocó a expertos de Derecho U. de Chile y externos a debatir distintos aspectos del sistema penitenciario.
Existió coincidencia entre los profesores Gonzalo Medina, Jean Pierre Matus y los invitados Ana María Morales, de Fundación Paz Ciudadana, y Sebastián Valenzuela, del Ministerio de Justicia, respecto a la necesidad de implementar reformas que apunten a la ejecución de penas alternativas y el control de ellas a través de un juez especial, junto con mejorar la condición de las personas privadas de libertad.
Dentro de las penas alternativas se discutió respecto a la conveniencia o no del brazalete electrónico, entre otras cosas, por el grado de control que para ello pudiera ser admisible. Especialmente crítico se mostró el profesor Medina con dicha medida, lo que hizo extensivo a los alcances de la reforma, cuestionando la tendencia a reducir las garantías de los imputados y el poco o nulo avance en una completa reestructuración del modelo penitenciario.
A juicio del profesor Matus, la necesidad de contar con recursos para atender de forma digna a los condenados de hoy y mañana -algo que fue abordado por el ministro de Justicia, Felipe Bulnes en un foro realizado en la Facultad anteriormente-, empieza con un cálculo probable de la población futura, que no se ha hecho hasta el momento. Lo que sí se sabe es que el hacinamiento en los penales chilenos ha sobrepasado los límites de lo tolerable para la salud e integridad de los condenados, transformándose en penas inhumanas, dijo.
Próximos debates
Con el objetivo de que el ciclo de seminarios sea una instancia de evaluación y reflexión sobre los principales cambios que han tenido lugar o que están por venir, el CEJ desarrollará durante los próximos meses otros debates.
Así, la agenda de actividades continúa con la Reforma Laboral, programado para el 29 de junio, la Reforma Procesal Civil, que se llevaría a cabo el 27 de julio, Justicia Constitucional para el 31 de agosto, y Procedimiento Contencioso-Administrativo para el 28 de septiembre.