Zonas de sacrificio: contaminación y desigualdad en tiempos de pandemia

La salud de los habitantes de Quintero y Puchuncaví se ha visto doblemente afectada, pues la Intendencia de la Región de Valparaíso indicó que en abril de este año alcanzaron su peak de contaminación por SO2. A esto se suma la crisis sanitaria, que ha puesto en manifiesto que la desigualdad es una de las primeras causantes de los más de 100 mil contagiados y las mil muertes por COVID-19 nivel nacional.

Frente a la necesidad de abordar el territorio desde una visión multidimensional, este martes 2 de junio se lanzó virtualmente el position paper “Los territorios que habita(re)mos: ¿Qué futuro existe para las zonas de sacrificio?”, destacando la relación entre contexto, personas, políticas, ambiente e instituciones. Esta publicación forma parte del trabajo impulsado por el Programa de Reducción de Riesgos y Desastres (CITRID), junto al apoyo de la Unidad de Redes Transdisciplinarias (Redes Td) de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID).

Hace más de 50 años, el Ministerio de Agricultura recogió los testimonios de dueños de predios de las llamadas zonas de sacrificio, acusando la perdida de sus cultivos por la instalación de la división Ventanas de Codelco, que redujo el 99% de la vegetación. Hoy en día existen 15 compañías que han superado los 300 vertimientos de carbón en la playa, además de intoxicaciones masivas producto del dióxido de azufre (SO2) y el material particulado (MP10) en el aire, suelo y agua.

Para el director de CITRID, Carlos Güida, este documento resulta ser un aporte sustantivo que permite interpretarse desde el contexto actual de la pandemia. “La interacción de las dimensiones sociales, ambientales, sanitarias y económicas en la salud, resulta evidente en este momento histórico. La vida de las personas que residen en zonas de sacrificio se ve más afectada en estos contextos críticos, debido a una serie de factores. Entre estos, se encuentra la evidencia de que la contaminación atmosférica potencia los impactos nocivos de la pandemia actual. Por ello, este position paper busca atender una problemática muy sensible para el país”, señaló.

En 2019 la Corte Suprema falló a favor de los habitantes de Quintero y Puchuncaví, tras la denuncia presentada por la gran contaminación que generan las empresas del cordón industrial de la zona. Sin embargo, no se ha avanzado en las 15 medidas que deberían ser adoptadas por el Estado para revertir la situación. Hoy, el miedo, la incertidumbre y la percepción de riesgo es parte de la identidad local de las comunidades, presentándose un quiebre en la vida cotidiana ante las instalaciones contaminantes.

Una de las autoras del documento y habitante de Quintero, Carolina Orellana, indicó que ya suman cuatro alertas y dos preemergencias en la comuna. “No sabemos cuáles fueron los gases que envenenaron a más de 1.700 personas, de las cuales el 90% fueron menores de edad. Habitar este territorio es bastante duro, por eso valoramos que este documento venga a ayudarnos a tener más claridad del cómo nos afecta esta contaminación en las múltiples dimensiones en que se precariza la vida de las personas. La pandemia nos afecta doblemente porque la contaminación e inflamación de nuestras vías respiratorias por la exposición crónica a metales pesados, nos pone en un mayor riesgo y en nuestro hospital ni siquiera contamos con ventiladores mecánicos”, enfatizó.

El número ocho del catálogo de derechos de la Constitución Política se refiere a la necesidad de vivir en un ambiente libre de contaminación, consagrando el deber del Estado por tutelar la preservación de la naturaleza y la salud de las personas. No obstante, esta legalidad no parece coherente con los 19 problemas por uso y contaminación de recursos naturales, residuos, emisiones e inmisiones en la Región de Valparaíso, indicados en el mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

La directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho, Valentina Durán, considera que el Estado no ha dado abasto para abordar las realidades que tienen raíces históricas, económicas y sociales. “El desafío de hoy es reparar los daños y evitar que se profundicen, con adecuados estándares de democracia ambiental. Es muy importante potenciar la información y participación, considerando los criterios de justicia. No debemos permitir que se creen nuevas zonas sacrificadas, porque ello atenta contra la igualdad ante la ley y la dignidad de los territorios”, señaló.

En tanto, el director del Departamento de Geografía y coordinador del position paper, Enrique Aliste, agregó que “los espacios siempre están en transformación, no sólo porque cambien física o materialmente, sino porque también mutan en la manera de ser comprendidos por quienes los habitan o los observan. De esta forma, CITRID tiene el valor de ser un espacio para el debate inter y transdisciplinar, acercando diversos enfoques al tema de las zonas de sacrificio. El documento reflexiona desde un problema común y enfocándose en movilizar estos enfoques en torno al riesgo de desastres”.

Finalmente, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, destacó el trabajo transdisciplinar en la institución. “Es importante que la Universidad adopte una posición informada respecto a los grandes desafíos del país. Una de las claves para comprender los impactos que tienen los desastres en los territorios determinados, es la generación de un diálogo abierto entre la academia y las comunidades. Debemos seguir creando instancias para que el conocimiento se ponga al servicio de los problemas reales de la nación”, concluyó.

El position paper “Los territorios que habita(re)mos: ¿Qué futuro existe para las zonas de sacrificio?”, se encuentra disponible para descarga y visualización gratuita en: https://uchile.cl/u163852.

Fuente: Sitio web Universidad de Chile.