Acuerdo de Escazú y Pandemia
En la antesala del Webinar: "Acuerdo de Escazú y Pandemia: ¿Qué tienen que ver?", la Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, asegura que la no ratificación del Acuerdo de Escazú por parte del Gobierno responde una visión anacrónica donde la protección del medio ambiente y la participación ciudadana son, aún, concebidos como obstáculos para el desarrollo y no como una condición para este.
Hoy miércoles 29 de abril a partir de las 18:00 hrs se realizará, vía Zoom, el Webinar: “Acuerdo de Escazú y Pandemia: ¿Qué tienen que ver?”, el cual tiene como objetivo analizar las fortalezas y debilidades del marco normativo e institucional chileno respecto a la divulgación y acceso a la información ambiental durante la crisis sanitaria, con especial énfasis en lo que sucede con las comunidades más vulnerables del país, las cuales, por lo general, habitan comunas con índices peligrosos de calidad del aire y con alta contaminación.
En la antesala del evento, conversamos con una de sus panelistas, Valentina Durán, Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien explica la relación que tiene el Acuerdo de Escazú con la crisis sanitaria que enfrenta Chile y el mundo, así como la importancia de dicho acuerdo para el desarrollo sustentable del país y sus territorios.
Respecto a la relación que existe entre el Acuerdo de Escazú y la pandemia generada por el coronavirus, Durán explica que el objetivo principal del Acuerdo de Escazú es abogar por los derechos de acceso a la información, participación y la justicia en asuntos ambientales, garantizando así la democracia ambiental de los países.
En este sentido, la especialista señala que los derechos de acceso a la información, son derechos humanos procedimentales, los que, a su vez, se dice son catalizadores de otros derechos, como, por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Agregando que “en ese contexto, cuando hablamos de acceso a la información ambiental, también estamos hablando de acceso a la información que tiene relación con la salud pública”.
Por ello, para Durán resulta fundamental seguir con las recomendaciones de organismos internacionales y reforzar el acceso a la información en general, para poder generar políticas públicas que tengan en su base aportes científicos y de participación ciudadana con información transparente y accesible. Más aun, considerando que actualmente tenemos una amenaza inminente a la salud pública y que además tiene relación con la contaminación en la medida que ya hay estudios que establecen una mayor vulnerabilidad de las personas que viven en lugares contaminados frente al coronavirus.
En este sentido, Durán destaca que el acuerdo de Escazú contempla este tipo de escenarios, específicamente en su Artículo 6 “Generación y divulgación de información ambiental”, donde se señala que en caso de amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente, la autoridad competente que corresponda deberá divulgar de forma inmediata y por los medios más efectivos toda la información relevante que se encuentre en su poder y que permita al público tomar medidas para prevenir o limitar eventuales daños, debiendo, además, desarrollar e implementar un sistema de alerta temprana utilizando los mecanismos disponibles.
Al ser consultada respecto a si una hipotética ratificación del Acuerdo hubiese incidido en la transparencia y celeridad con la que MINSAL ha entregado la información relacionada a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, Durán explica que “cuando el Acuerdo habla de “las partes”, se refiere a las partes de los estados incluyendo a todos los organismos de estos que puedan eventualmente tener competencia en estos casos, por lo que, si Chile tuviera ratificado el Acuerdo de Escazú, tendríamos un argumento más para exigir a MINSAL una entrega más inmediata y efectiva de la información”.
Negativa del Gobierno a ratificar Acuerdo de Escazú
Para la especialista en derecho ambiental, las razones esgrimidas desde el Gobierno para no firmar el Acuerdo de Escazú no son efectivas.
En relación a los señalado por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien aseguró que la legislación ambiental chilena ya tiene incorporada las medidas del Acuerdo de Escazú, Durán explica que “efectivamente tenemos muchos avances en la materia en relación a otros países de la región, como un sistema de acceso a la información pública, no obstante, tenemos todavía mucho que avanzar, especialmente en lo referido a la protección de los defensores y dirigentes ambientales en lo cual no tenemos nada”.
En ese sentido, Durán señala que, en materia de acceso a la justicia ambiental, el hecho de tener tribunales ambientales no significa que se hallan derribado las barreras de acceso a la justicia ambiental, destacando que las comunidades y ciudadanos que se ven enfrentados a grandes proyectos de inversión no tienen acceso a asesorías ambientales gratuitas y de calidad. Por lo que existe una gran asimetría de poder cuando se producen conflictos ambientales, lo que atenta con la paz y el estado de derecho, debido a que, cuando las personas no tienen garantizado el acceso a vías institucionales para poder hacer valer sus derechos recurren a otro tipo de medidas como la toma de caminos o protestas”.
Respecto a la amenaza a la soberanía nacional esgrimida por el Gobierno como una de las razones para no firmar Escazú, la especialista señala que dicho argumento no resiste análisis, “se está viendo un riesgo imaginario donde no lo hay. Lo hemos analizado con profesores de derecho internacional, y nadie está seriamente dispuesto a sostener que podríamos ser demandados ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento del acuerdo”.
Finalmente, al ser consultada respecto al por qué entonces el gobierno sigue sin ratificar el acuerdo, Durán señala que “creo es una decisión del presidente, en conjunto con algunos asesores que tendrá, y que obedece a una desconfianza profunda en la participación ciudadana”. En este sentido, Durán agrega que esta situación, posiblemente obedece a un concepto anacrónico, aún arraigado en muchos tomadores de decisiones, que “creen que la protección al medio ambiente y la participación ciudadana son obstáculos para el desarrollo. Cuando es todo lo contrario, la participación ciudadana y la protección del medio ambiente no son obstáculos para el desarrollo, son condiciones para el desarrollo”.
