#Columna: Ximena Insunza: Solo estamos de paso

Columna de opinión de la profesora Ximena Insunza, publicada el 30 de junio de 2020, por enestrado.com.

Ximena Insunza. Abogada. Master of Laws Environment Option de la Mcgill University, Canadá, y magister de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También es directora de Extensión, profesora asistente e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la U. de Chile.

Es inevitable reconocer que todo está cambiando, que las prioridades de todos y todas, personas, grupos intermedios, así como la de los Poderes públicos se han modificado, una y otra vez. Desde octubre en adelante, estamos embarcados en algo que no podemos definir todavía, pero que no había sucedido, al menos, en las últimas cinco décadas.

Sin perjuicio de lo anterior, no es posible pasar por alto que los temas ambientales antes de octubre de 2019 se habían tomado la agenda legislativa, los medios cubrían noticias que antes eran invisibilizadas, todos y todas estaban preocupados y ocupados de estos temas. La razón es que nuestro país sería el anfitrión de la Conferencia de las Partes del Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25). Eso nos hizo -como es nuestra idiosincrasia- tratar de ser y parecer como los alumnos «mateos» de Latinoamérica e intentar igualar a los mejores del mundo.

Desde principios de 2019 se anunció con mucha estridencia que se modernizaría el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que concluiría prontamente la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), y que, finalmente, se tipificarían los delitos ambientales. Todo lo anterior se coronaba con el envío al Congreso del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático.

Lamentablemente, para todos y todas las que habitamos este país y el planeta, la agenda legislativa ambiental se congeló. Se anunció que el primer proyecto salía de las prioridades y eso que fue el puntapié inicial de la Ministra Cubillos al asumir la cartera, el proyecto de SBAP -que está desde 2011 intentando llegar a puerto- no tiene movimientos desde octubre del año 2019, y en la misma situación se encuentra el de delitos ambientales. Si bien el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático tiene movimiento, los expertos y expertas que han opinado en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, avizoran que el texto del Ejecutivo tiene menos aciertos que los esperados.

Todo lo que describo no tiene un ánimo crítico per se, sino que busca poner en perspectiva que lo ambiental no puede ser una moda. Es necesario tomarse en serio que, a más de 10 de años de la reforma a la institucionalidad ambiental, y 25 de la promulgación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, debemos actuar con seriedad y celeridad porque se trata de nuestras vidas y de la subsistencia de nuestra especie, de otras especies y de los ecosistemas, las que están en juego.

Es palmario el requerimiento actual de converger en una agenda legislativa que se haga cargo de las temáticas que han quedado en suspenso. La reforma al SEIA no es la panacea en la medida que no nos hagamos cargo de la regulación de nuestros recursos naturales, pero es indispensable hacer ajustes para profundizar la participación, tipologías de ingreso, reforzar institucionalmente las capacidades del Servicio de Evaluación Ambiental, mejorar los procedimientos de la Superintendencia del Medio Ambiente, así como modificar los incentivos al cumplimiento para darles mayor aplicación. De igual forma, se deben cambiar los sistemas de nombramiento, las competencias y los procedimientos de los Tribunales Ambientales. Esta debería ser la agenda de corto plazo. Lo anterior, sin desconocer, que la creación del SBAP no puede seguir en vilo y que la Ley Marco de Cambio Climático ha tomado un ritmo que no debiera acompasarse.

En el mediano plazo, los delitos ambientales deberían consagrarse, mejorando el objetivo que se persigue y sin que casi la mitad del articulado del proyecto sean reformas de otros temas que se anexan sin coherencia ni explicación.

Igualmente, aunque de más largo aliento, la reforma constitucional en ciernes permite afrontar algo a lo que no se le da tanta importancia (y vaya que la tiene): los regímenes que regulan la propiedad, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Hacernos cargo de esa pregunta en un contexto de modificación de nuestro texto constitucional es ineludible y el anhelo (al menos, el mío) sería poder determinar mecanismos que importen su uso y aprovechamiento racional y justo, permitiendo proteger y conservar los intereses públicos que están involucrados y darle cabida a lo que se ha denominado justicia ambiental (Hervé, 2015, Hervé, 2019). No puede pensarse en que la propiedad minera o la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, o el régimen provisional que rige los recursos hidrobiológicos queden tal como están ahora, pues nos sobra evidencia sobre la sobreexplotación o inequidad que se produce si las cosas siguen de la misma manera, si permanece el status quo.

Pero aún más, nos encontramos en un momento crucial, pues es evidente que lo que vendrá tras la pandemia es una reflexión sobre el modelo de desarrollo que ha imperado hasta ahora, lo que se transforma inexorablemente en un espacio de transformación. Tal como se ha señalado en la presentación de las perspectivas económicas de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “los gobiernos deben aprovechar esta oportunidad para construir una economía más justa, consiguiendo una competencia y una regulación más inteligentes, modernizando los impuestos, el gasto público y la protección social”.

Algo indispensable para conseguir esto y que parece como sobreentendido, es que ese objetivo no se logrará nunca con un Estado que no se coordina adecuadamente, eso requiere que quienes lideran esos espacios comprendan que la interacción con otros sectores de la Administración y la ciudadanía es positiva, enriquecedora y no una amenaza a su poder. Han sido tantos los ejemplos con consecuencias negativas de políticas públicas sectorial de incentivo o fomento productivo cuando no se dimensionan los aspectos sociales y culturales, que repetir el patrón de conducta en la formulación y toma de decisiones sería un verdadero desastre, con mayúscula. En mi opinión, no hay ejemplo más prístino que la implementación de la consulta indígena en el SEIA, o el recambio de calefactores en el sur de Chile.

Se debe, en consecuencia, pensar en una reactivación sustentable que permita abarcar todas estas dimensiones, vincularlas y creer, pero en serio, no sólo formalmente, que la ciudadanía, la ciencia y todos los actores tienen algo que aportar, sólo así podremos construir un país más justo, más solidario, y seremos consciente y consecuentes con el hecho de que nuestro planeta y sus recursos son limitados, y que, por supuesto, solo estamos de paso.

*Las opiniones vertidas en esta sección son personales y no representan al Centro de Derecho Ambiental ni a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

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