CDA y abogados expertos en derecho ambiental piden que Chile firme el Acuerdo de Escazú
En marzo de este año, luego de un proceso internacional impulsado y liderado por Chile y Costa Rica desde el 2012, veinticuatro países adoptaron en Costa Rica el “Acuerdo de Escazú”, cuyo principal objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
El tratado contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y en una sociedad más pacífica, justa y sostenible, y espera beneficiar a más de 500 millones de personas a los largo de América Latina y el Caribe. Ha sido reconocido por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente como uno de los tratados ambientales más importantes en los últimos veinte años.
A la luz de ello, no solo se ha depositado la confianza en Chile por parte de los demás países de continuar su liderazgo hasta que entre en vigor el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, sino que también su firma hace eco de la política internacional y ambiental que nuestro país ha venido sosteniendo de manera sistemática como política de Estado, honrando el prestigio que se ha ganado Chile por respetar sus compromisos internacionales.
El Acuerdo de Escazú que Chile ha impulsado, reafirma compromisos suscritos por Chile en acuerdos internacionales y desarrollados en su legislación interna, para elevar los estándares con que hoy se resuelven los conflictos socio-ambientales en los territorios. Con ello se espera reducir y prevenir la innecesaria judicialización que preocupa tanto al sector privado como a las comunidades y al sector público, promoviendo el diálogo, la restauración de las confianzas y el adecuado funcionamiento de las instituciones.
Por último, el tratado refuerza los compromisos ambientales de Chile pero no impone ninguna obligación adicional, distinta de avanzar y no retroceder en estas garantías, cuestión muy importante. No obstante los desafíos de gestión que tenemos por delante, su implementación no precisa en principio modificaciones legales y es consistente con el avance de nuestra regulación, siendo así como lo han entendido el sector empresarial, la academia, ONGS, y ambos bloques políticos nacionales.
Por lo anterior, los y las abajo firmantes, abogados(as) y abogados expertos en derecho ambiental, e internacional y académicos (as) de diversas áreas, confiamos en que el Presidente de la República instruirá a Cancillería para que firme este tratado con ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el acto convocado para tal efecto el 27 de septiembre a las 10:00 AM, demostrando así su firme compromiso político y liderazgo internacional.
Profesores de la Facultad que suscriben la carta
- Valentina Durán Medina
- Luis Cordero Vega
- Pilar Moraga Sariego
- Sergio Montenegro Arriagada
- Ximena Insunza Corvalan
- Luis Valentín Ferrada Walker
- Francisco Ferrada Culaciati
- Paula Oriana Cortés González
- Edmundo Vargas Carreño
- Salvador Millaleo
- Álvaro Fuentealba Hernández
- Jorge Aranda Ortega
- María Nora González Jaraquemada
- Lorena Lorca Muñoz
- Liliana Galdámez Zelada
- Álvaro Gallegos Díaz