El pasado viernes 16 de octubre se realizó la tercera sesión del Ciclo de Conversatorios Democracia y Cambio Climático: una mirada local, que contó con la participación de la Dra. Cecilia Ibarra, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2). La actividad registró una alta asistencia, tanto presencial como en línea.
La jornada comenzó con las palabras de la directora del Centro de Derecho Ambiental, Dra. Pilar Moraga, y continuó con la exposición de la profesora Ibarra, titulada Avances y desafíos de la acción ambiental municipal después de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). En esta investigación también participó el Dr. Antoine Maillet, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e investigador del CR2, quien no pudo estar presente en esta oportunidad.
La temática abordada adquiere especial relevancia ante los eventos meteorológicos registrados durante las últimas semanas, como las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra, que ponen de manifiesto la importancia de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático, así como para enfrentar sus consecuencias.
La investigación presentada se basa en una metodología teórica orientada a identificar las principales dificultades que han presentado los municipios en la implementación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). Este análisis considera que la Ley Marco Cambio Climático (LMCC) delega en los gobiernos locales un rol relevante en la implementación de políticas climáticas. Desde una perspectiva comparada, la incorporación de estas responsabilidades en el ámbito municipal constituye un fenómeno relativamente reciente. De hecho, la integración de los gobiernos locales en la acción climática no estuvo contemplada desde el inicio de la tramitación legislativa de la ley chilena, sino que fue adquiriendo relevancia a partir de experiencias internacionales, como la del Reino Unido y su Climate Change Act.
En el caso chileno, la LMCC establece plazos para la elaboración e implementación de los PACCC. En este contexto, el estudio buscó identificar las barreras que han dificultado su desarrollo, considerando distintos factores, entre ellos las tensiones entre difusión y ampliación, las barreras de aplicación y la influencia de enfoques provenientes del Norte Global. El propósito es contribuir a una comprensión del cambio climático y de su gobernanza desde una perspectiva latinoamericana, atendiendo a las particularidades del territorio.
Entre los principales resultados, se identificó que durante los primeros años hubo avances limitados en la implementación de estos instrumentos y que su progreso ha dependido de diversos factores. Entre los hallazgos destacan las debilidades en las capacidades estatales, asociadas especialmente a las restricciones presupuestarias, la contratación de servicios externos, el déficit de especialistas y el aprendizaje informal de los funcionarios responsables de los PACCC.
Asimismo, la investigación identificó una descentralización incompleta, debido a que la transferencia de atribuciones desde el gobierno central hacia los gobiernos locales aún enfrenta dificultades y depende, en ocasiones, de la voluntad política de los gobiernos de turno. A ello se suman la sensación de aislamiento de los municipios, las brechas de financiamiento y las desigualdades territoriales. Finalmente, se destacó la importancia de los mandos medios y del liderazgo político dentro de los gobiernos locales para impulsar la implementación de estos instrumentos.
Al cierre de la presentación, la profesora Ibarra destacó la relevancia de esta investigación y del trabajo conjunto entre el CR2 y el CDA para comprender cómo se implementan las políticas climáticas, particularmente desde una perspectiva del Sur Global. Asimismo, subrayó el papel de la academia en una sociedad democrática, tanto para identificar falencias como para promover la discusión y proponer mejoras en la implementación de las políticas públicas.
Posteriormente, se abrió un espacio de preguntas e intercambio con el público. Una de las consultas se refirió a las capacidades estatales de los municipios y a las alternativas para fortalecerlas. En la discusión se planteó la conveniencia de que cada gobierno local desarrolle capacidades propias o de que exista una entidad pública encargada de brindar asesoría especializada en esta materia. También se abordó el grado de centralización que podría requerir esta labor, considerando los desafíos y costos asociados a su implementación, así como las deficiencias observadas en materia de supervisión y seguimiento.
Otra de las preguntas se centró en cómo mejorar la implementación de la LMCC y la coordinación entre los instrumentos de gestión climática comunal, así como en el papel que cumplen las universidades y la academia en este proceso. Al respecto, se destacó que la academia puede contribuir mediante la asesoría, la observación y la generación de datos, aunque las decisiones finales corresponden a las autoridades, en el marco del ejercicio democrático.
En cuanto a la coordinación, el Ministerio del Medio Ambiente puede desempeñar un papel articulador, mientras que el Comité Científico puede contribuir a desarrollar instrumentos técnicos que orienten a los municipios y permitan validar sus acciones. Finalmente, se relevó la importancia de la participación ciudadana y de generar espacios para que las comunidades discutan y se involucren activamente en las decisiones relacionadas con la acción climática local.