El pasado jueves 29 de octubre, el profesor Jorge Aranda Ortega, académico del Centro de Derecho Ambiental, participó como moderador en el simposio «Reflexión, avances y proyecciones ciencia–política: incidencia académica para el derecho a la alimentación en América Latina y el Caribe», realizado en el marco del XXI Congreso Latinoamericano de Nutrición (SLAN 2026), celebrado entre el 25 y el 29 de octubre en Santiago.
El simposio reunió a integrantes y colaboradores del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y del Observatorio del Derecho a la Alimentación de Chile (ODA-Chile), con el propósito de reflexionar sobre la contribución de la investigación académica a la formulación de políticas públicas destinadas a resguardar el derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios sostenibles.
En la actividad participaron Luis Lobo Guerra, oficial técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y coordinador del Programa España–FAO para América Latina y el Caribe; Mirta Crovetto Mattassi, profesora titular de la Universidad de Playa Ancha; Catalina González Hidalgo, profesora titular de la Universidad de Valparaíso; Mauricio Hernández, investigador en el EQUIDE de la Universidad Iberoamericana, México; y Jorge Aranda Ortega, académico de la Universidad de Chile.
La mesa abordó la trayectoria y los desafíos del ODA-ALC, la inseguridad alimentaria en la región, los retos legislativos en materia de alimentación y las posibilidades de fortalecer la cooperación académica para promover políticas públicas basadas en evidencia científica.
La participación del profesor Aranda se enmarca en su línea de investigación sobre derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria y sostenibilidad, así como en su colaboración con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de Chile, y el Grupo Transdisciplinario de Obesidad en Poblaciones (GTOP) de la Universidad de Chile.
La actividad permitió poner de relieve la importancia del diálogo interdisciplinario entre las ciencias jurídicas, la nutrición y la salud pública, así como el papel de la cooperación académica regional en el desarrollo de instrumentos jurídicos y políticas públicas que contribuyan a garantizar el derecho a la alimentación.