Fue en 2022 cuando se empezó a implementar la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que creó un sistema administrativo de protección que involucra a la familia, a la sociedad en general y al Estado para garantizar su bienestar, educación, salud y protección frente a vulneraciones de derechos.
Sus alcances y desafíos marcaron parte de las intervenciones de las y los panelistas que expusieron en la jornada de presentación del nuevo Núcleo Interdisciplinario para la Protección Integral de las Infancias y las Adolescencias, realizada el 13 de mayo pasado en el Ágora de la Plataforma Cultural.
La iniciativa, -que se adjudicó el concurso "Redes, Núcleos e iniciativas de colaboración académica de carácter interdisciplinario y transdisciplinario-RNIT2025"- fue valorada transversalmente como una red de colaboración que, desde la Universidad de Chile, con la participación de las facultades de Ciencias Sociales, Derecho y Medicina, articula a diferentes actores de los servicios públicos, gobiernos locales y la sociedad civil para el intercambio de experiencias, la identificación y la sistematización de buenas prácticas en relación con la coordinación intersectorial para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.
La profesora de nuestra Facultad, Cecilia Domínguez, es la directora del Núcleo, y se refirió a los múltiples avances, pero también a los desafíos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, desde la ratificación, por parte del Estado de Chile, de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Si bien destacó la entrada en vigor de la Ley N° 21.430, contexto en el cual surge el Núcleo, advirtió que su implementación "es totalmente asistemática. Además, tenemos que hacerla convivir con otros 26 cuerpos normativos".
Agregó que "no estamos solamente frente a un cambio normativo, sino que estamos haciendo un gran esfuerzo por cambiar el paradigma. La mirada interdisciplinaria tiene que ser una forma de ver el mundo, porque cuando se estudia a un ser humano se le tiene que mirar desde todas las disciplinas y dimensiones".
La académica dijo también: "Buscamos ser una red activa. Empezamos a trabajar en enero en la Región Metropolitana. Queremos sistematizar las buenas prácticas y vamos a generar canales de comunicación constante. El proyecto 2026 se focaliza en el trabajo intersectorial entre protección infantil y el sector salud, mediante el mapeo de actores y dispositivos. En los siguientes años, nos gustaría que se sumaran educación y protección social, entre otros".
Desde la Universidad de Chile, la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Josiane Bonnefoy, dijo que la creación de este Núcleo adquiere una relevancia especial en medio del actual contexto. "Como universidad pública, entendemos que este desafío requiere miradas interdisciplinarias y colaborativas. Sabemos que hoy muchas veces el sistema actúa de manera reactiva cuando la vulneración ya se ha cometido". Al respecto, añadió que "esta iniciativa pretende actuar de manera preventiva y es indispensable para construir una mirada y políticas públicas más responsables".
El equipo académico del Núcleo está compuesto por: Cecilia Domínguez, doctora en Derecho, académica de la Facultad de Derecho, María José Poblete, Terapia Ocupacional y Ciencia de la Ocupación de la Facultad de Medicina; Claudia Sagredo, especialidad Pediatría y subespecialidad adolescentología, Facultad de Medicina; Camilo Morales, Psicólogo Doctor (c) en Ciencias Sociales, Facso.
Ayudantes: Óscar Olmos Henríquez, egresado de Derecho (Enseñanza Clínica del Derecho); Ignacia Téllez, medicina (especialidad Pediatría, residente); Sofía Chackiel Durán, egresada de Derecho (Centro de Derechos Humanos); Beatriz Ruíz Sánchez, Doctora (c) en Derecho, Facultad de Derecho Universidad de Chile.
Ayudantes estudiantes Derecho: Trinidad Muñoz García, Francisca Zurita Miranda, Martín Carrasco Campos.
Voces intersectoriales
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille también valoró y agradeció la creación del Núcleo. Señaló que UNICEF habla de una policrisis marcada por los cambios culturales y por los nuevos contextos digitales.
Sobre la aplicación de la Ley N° 21.430, planteó que el desafío más importante se relaciona con el conocimiento de la normativa. Este punto, afirmó, es relevante porque "aplicar la ley no es una alternativa, sino que es una obligación del Estado". Otro de los desafíos planteados por el defensor fue el rol de la sociedad civil, "como actores que están obligados por la ley a desarrollar acciones y estrategias de generación y difusión de conocimiento".
Por su parte, Marcelo Sánchez, subsecretario de la Niñez, se refirió a la Ley de Garantías señalando que "lo paradójico es que creamos leyes, pero no hacemos el cambio cultural que requieren esas normativas. El foco de este gobierno es el derecho a vivir en familia".
Añadió que, pese a que existen distintas posiciones políticas, se comparte un diagnóstico, pero falta aplicar sanciones y mecanismos de exigibilidad. "No podemos trabajar solo desde el Ejecutivo, sino que desde la sociedad civil y desde las universidades, como señalaba Anuar Quesille. Las universidades tienen una responsabilidad que también es ética", dijo el subsecretario.
Desde el ámbito de la salud, Pamela Sanhueza, médica asesora del Programa Nacional de Adolescentes y Jóvenes (DIPRECE), de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, destacó que "como sector salud debemos mantener una sospecha activa, porque muchas veces somos el primer punto de atención de niñas y niños vulnerados en sus derechos". También se refirió al trabajo de los comités de protección en salud.
En tanto, Camilo Morales, investigador del Núcleo, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y moderador del panel, comentó: "Uno de los desafíos que tenemos es generar procesos participativos donde los distintos actores del trabajo intersectorial puedan encontrarse, escucharse y reconocer las lógicas de trabajo desde las que cada uno sostiene sus intervenciones. Muchas veces salud, educación, protección social, justicia, municipios y organizaciones de la sociedad civil trabajan sobre los mismos problemas. Sin embargo, lo hacen con lenguajes, tiempos y marcos institucionales distintos. Poner todas esas experiencias en diálogo es un paso necesario para construir respuestas más integrales en la protección de niñas, niños y adolescentes".