Hace cuatro años se publicó la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA). Esta nació para otorgar mayor certeza jurídica a los ciudadanos e inversionistas en su relación con los organismos del Estado. Pero su aplicación práctica genera dudas e interrogantes en el ámbito medioambiental.
Para la profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Facultad, Valentina Durán, los cuestionamientos surgen especialmente al momento de llevar a la práctica la LPA frente procedimientos reglados como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sumario Sanitario.
Ahí, la duda es cuan supletoria es la LPA, en el sentido que los criterios que promueve se superponen a dichos procedimientos.
No obstante, al mismo tiempo, la académica destaca los principios que genera el cuerpo legal, como la gratuidad, transparencia, publicidad y contradictoriedad –posibilidad de de aportar en cualquier momento del procedimiento alegaciones, documentos y otros elementos de juicio-, entre otros.
Y si bien para especialistas como los profesores Jaime Jara y Luis Cordero, una ley de bases debiera unificar criterios, principios y pautas mínimas a través de un marco procedimental, además de garantizar los derechos ciudadanos, para la investigadora ello no asegura con exactitud el desarrollo que pueda tener la LPA en los casos conflictivos.
Esto, “sin duda atenta contra la pretensión, por parte de los inversionistas, de mayor certeza jurídica para la inversión, y contra la existencia de adecuados niveles de acceso a la justicia ambiental”, agrega.
A su juicio, para que efectivamente la LPA genere certezas deben unificarse los criterios de interpretación en cada uno de los servicios con competencias ambientales, capacitando a los funcionarios públicos en su aplicación
Esta materia fue discutida en el marco de los IV Diálogos sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental, serie de encuentros organizados por el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad. En éste también expusieron el director ejecutivo (s) de la Conama, Rodrigo Guzmán; y el abogado jefe del subdepartamento de Sumarios Sanitarios, Patricio Uribe.