"Una medida inconstitucional" - Miguel Schürmann

El Presidente de la República anunció la dictación de un decreto que, en sus propias palabras, aumenta sustancialmente las potestades de fiscalización de los funcionarios municipales para fortalecer el combate al coronavirus. Dado que el incumplimiento de la cuarentena ha sido perseguido penalmente, la atribución de estas nuevas competencias tendrá incidencia en este ámbito.

Si bien toda medida que tienda a combatir el coronavirus puede ser en principio valorada positivamente, esta propuesta presenta graves defectos en al menos tres dimensiones. La primera es constitucional. La atribución de competencias de estas características es materia de ley. Un gobierno que se ha quejado de la presentación de proyectos que infringen la Constitución se contradice al promover una medida abiertamente inconstitucional. En segundo lugar, una medida como esta no hace más que profundizar las inequidades territoriales en materia de seguridad. La gran mayoría de los municipios a lo largo de Chile no cuenta con cuerpos especializados en materia de seguridad, o al menos no con la misma capacidad de respuesta que en las comunas más ricas, por lo que se estaría promoviendo una solución exclusivamente para aquellas comunas más acomodadas.

Finalmente, lo más preocupante es que durante el denominado “estallido social” se evidenciaron las complejidades que presenta para el sistema penal y las garantías del imputado la incorporación de funcionarios carentes de la preparación para cumplir labores de persecución penal. Los funcionarios municipales no tienen la capacitación adecuada para realizar estas labores, lo que implica un riesgo cierto —una vez más— de vulneración de derechos fundamentales de las personas detenidas o fiscalizadas.

El decreto presentado es así un paso en falso en la persecución respetuosa de los derechos fundamentales y justa de las infracciones a las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad.