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El documento surge como una respuesta institucional frente a la discriminación y violencia que afecta fundamentalmente a mujeres y a personas cuya orientación sexual o identidad de género resulta distinta a la norma. El protocolo permitirá contar con reglas claras para recibir denuncias y conducir un procedimiento que resguarde a las víctimas así como la presunción de inocencia del denunciado.