Creado en 2006, el Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de Naciones Unidas que tiene por objeto la supervisión periódica de la situación de los derechos humanos en todos los Estados Miembro de la ONU. La situación de Chile fue considerada por tercera vez en el marco del EPU en enero de 2019, ocasión en la que Chile aceptó 211 recomendaciones planteadas por otros Estados en tal ciclo.
La coordinación del Informe alternativo de medio término estuvo a cargo del Centro de Derechos Humanos (CDH) y la redacción de los capítulos fue realizada por 10 organizaciones de la sociedad civil: el Bloque por la Infancia, que reúne a la Corporación La Caleta, ONG Raíces y Fundación Marista Gesta; el Comité de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Población La Legua; la Comisión Ética contra la Tortura (CETC); la Corporación Miles Chile; Litigación Estructural para América del Sur (ONG LEASUR); el Movimiento de Acción Migrante (MAM); el Observatorio de Violencia Institucional en Chile (OVIC); y ONG FIMA.
En el informe presentado, las organizaciones mencionadas revisaron el estado de cumplimiento de 65 recomendaciones aceptadas por el Estado de Chile, generando un informe de cinco capítulos donde se abarcan las siguientes temáticas: Derechos humanos de las personas migrantes; Derechos humanos de la niñez y juventudes; Derechos humanos de las mujeres y las diversidades sexo genéricas; Violencia institucional y derechos humanos; y Derechos ambientales y de la naturaleza.
La actividad virtual de presentación del informe, llevada a cabo el 13 de julio de 2022, se inició con palabras en memoria de Marcelino Collío Calquín, quien fuera ingeniero ambiental, dirigente mapuche, suegro de Macarena Valdés y participante en la elaboración del Informe Alternativo EPU 2019 y seria parte de la preparación del informe de medio término presentado, pero lamentablemente falleció el 04 de febrero de 2021 a consecuencia del COVID-19.
A continuación, se dio paso a las exposiciones de Eduardo Cardoza, del Movimiento Acción Migrante; Juana Aguilera, miembro de la Comisión Ética contra la Tortura; Carla Núñez, en representación de Corporación La Caleta; y Constanza Gumucio, de ONG FIMA, quienes señalaron las principales conclusiones en materia de migración, infancia, violencia institucional en protestas sociales y en medio ambiente y naturaleza.