El Centro de Derechos Humanos (CDH) organizó el debate “Políticas sobre acoso sexual y violencia de género en la educación superior a un año de la ley 21.369”, en el que participaron diversas visiones expertas de mujeres que estuvieron presentes en el diseño e implementación de la normativa.
La actividad, realizada el pasado 3 de noviembre, tuvo como objetivo reflexionar sobre los avances y desafíos que implicó la adopción de esta normativa para las instituciones de educación superior, considerando las visiones expertas de mujeres que han participado activamente del diseño e implementación de políticas contra el acoso y la violencia de género dentro de las universidades. Cabe destacar que este debate integrará la edición del volumen 18 N°2 del Anuario de Derechos Humanos, a publicarse en diciembre de este año.
La ley N°21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior fue promulgada el 30 de agosto de 2021 y publicada el 15 de septiembre del mismo año, considerando una serie de obligaciones para abordar esta problemática en las universidades y en otras instituciones educativas. Entre ellas se mandata a las instituciones a diseñar e implementar una política integral sobre acoso, violencia y discriminación, lo que debía cumplirse en el plazo de un año.
El debate contó con la participación de Javiera Cabello, abogada y Jefa de Gabinete del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; María Claudia Ormazábal, asistente social y Directora del Programa de Género y Equidad de la Universidad Tecnológica Metropolitana; y Carmen Andrade Lara, socióloga y Directora de la Dirección de Igualdad de Género en la Universidad de Chile.
Las panelistas destacaron el avance que representa la ley N°21.369. En ese sentido, Javiera Cabello señaló que la ley recoge las demandas del mayo feminista del año 2018, “particularmente la necesidad de contar con instituciones con perspectiva de género en el contexto de la educación superior” destacando que “la ley se hace cargo de establecer que una política integral obligatoria y participativa”. En la misma línea, María Claudia Ormazábal indicó que la ley representa un avance importante al consagrar como principio declarativo de la política integral el derecho a vivir una vida libre de violencia.
Las invitadas reflexionaron también respecto de la coherencia de la ley analizada con el marco internacional representado por la Convención Belem do Pará. Carmen Andrade indicó que la ley se encuentra conectada con la Convención “en términos de principios y orientaciones”, pero cuestionó la forma en que las obligaciones internacionales son atendidas por el Estado de Chile, sobre todo en consideración a que nuestro país aún no cuenta con una ley integral de violencia de género.
El diálogo concluyó con el debate sobre los problemas y desafíos que las panelistas avizoran para el diseño y posterior implementación de políticas integrales de erradicación de violencia de género. Javiera Cabello señaló como principales desafíos “el cambio cultural en las instituciones, la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas y la coordinación intersectorial”. María Claudia Ormazábal agregó como dificultad la tensión que existe entre la urgencia de cambios culturales y la gradualidad y el trabajo sistemático que estos requieren para producirse efectivamente. Añadió que para resolver dicho conflicto “es necesario invertir recursos en las instituciones para transversalizar la perspectiva de género”.
Finalmente, Carmen Andrade destacó la importancia de “avanzar hacia una política integral de erradicación de la violencia de género y que las instituciones de educación superior – especialmente las de región – cuenten con unidades especializadas”. La académica enfatizó en la necesidad de mayor participación del gobierno para obtener resultados efectivos en esta materia.
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