El lunes 11 de marzo de 2024, la profesora Ximena Insunza Corvalán, investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, participó como invitada en la «Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado de la República de Chile», presidida, en ese entonces, por el Senador Juan Ignacio Latorre, y, actualmente, por el Senador Sergio Gahona Salazar.
En la oportunidad, la profesora Insunza presentó sus comentarios al Boletín N° 16.552-12, relativo al «proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia». Así, los temas tratados en la sesión fueron: i) la eficiencia y reducción de plazos, ii) la eliminación del agotamiento de la vía administrativa en el sistema de reclamación, iii) el reemplazo de las pertinencias por las declaraciones juradas, iv) la modificación de la Resolución de Calificación Ambiental, v) la Participación Ciudadana Anticipada y vi) el daño ambiental.
Otros temas considerados como relevantes para la discusión por la investigadora del CDA, pero abordados en la sesión, fueron: i) las tipologías de ingreso (en que mencionó que hay cosas favorables y otras complejas, como la eliminación de los suelos frágiles), ii) la Evaluación Ambiental Estratégica, iii) el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, iv) la modificación del artículo 25 bis (la que calificó como un retroceso para el Derecho Ambiental), v) el Registro de Consultores y Facilitadores (ya que, en su opinión, hay ciertos mínimos que deberían tratarse a nivel legal y no reglamentario) y vi) los artículos transitorios.
La eficiencia y la reducción de plazos
Sobre este primer tema, comentó que la eficiencia y la reducción de plazos es positiva para todos los actores, pero no debería ser sólo un fin en sí mismo. Adicionalmente explicó que el proyecto no se centra en los nudos críticos reales de la duración de la evaluación de proyectos y su apuesta sólo trasladará los conflictos ambientales a una sede jurisdiccional.
Luego, agregó que la propuesta de tomadores de decisión es mejor a la actual, pero hay un riesgo de captura. Por otro lado, si bien un órgano colegiado trae costos de transacción muy altos, se pueden mirar modelos exitosos al interior de la administración nacional para ambas opciones. Al respecto sostuvo que la propuesta del Ejecutivo no era mala en la medida en que existan resguardos.
A continuación, mencionó que no existía una evidencia de los motivos de la suspensión de los titulares.
Las propuestas de la profesora Insunza respecto a este primer tópico fueron la creación de una Unidad Especializada para Grandes Proyectos de Inversión al interior del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el fortalecimiento de la Unidad de Reclamaciones del SEA, que cuenta con sólo 8 abogados (as) y 6 técnicos (as), y se encuentra en desigualdad de armas frente a los grandes estudios jurídicos que representan a los titulares.
La eliminación del agotamiento de la vía administrativa en el sistema de reclamación
Sobre este tema dijo que no era partidaria de eliminarla y explicó las razones para ello. Comentó que esta eliminación desincentivaría la utilización del recurso administrativo que ha sido exitosa y permite ir directo a los Tribunales Ambientales (transcurrido el plazo), negando a la Administración la posibilidad de enmendar sus propios actos en un nuevo organigrama.
La propuesta de la profesora Insunza, respecto a este segundo tópico, fue replicar el modelo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) con agotamiento de la vía administrativa, pero recurso jerárquico propiamente tal con plazo acotado, al menos para las Declaraciones de Impacto Ambiental.
El remplazo de las pertinencias por las declaraciones juradas
Si bien comentó que han traído algunos beneficios y son una realidad, las pertinencias han traído más consecuencias negativas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Así recordó el veto al «Proyecto Pro Inversión» (Boletín N° 11.747-03) de 2020.
Posteriormente abordó la creación de una infracción de la SMA sin armonizarla con el requerimiento de ingreso y la introducción de un elemento volitivo (“maliciosamente”). Al respecto explicó que esta infracción no prosperará, ya que constituye un estándar muy alto a satisfacer por la Administración.
Las propuestas de la profesora Insunza respecto a este tercer tópico fueron que las pertinencias deben transitar hacia un procedimiento ad-hoc de modificaciones de las Resoluciones de Calificación Ambiental con plazos acotados y que permitan ser posteriormente recogidas en la autorización ambiental; que se debe garantizar la posibilidad de impugnación; utilizar las declaraciones juradas solo para modificaciones que impliquen mejoras ambientales con informe de consultor registrado; y eliminar la referencia al eximente penal de la declaración jurada.
La modificación de la Resolución de Calificación Ambiental
Sobre la modificación de la RCA, indicó que la defensa de la inmutabilidad e invariabilidad de las Resoluciones de Calificación Ambiental las ha rigidizado y causado muchos problemas en la operación de las mismas y que no basta la modificación del artículo 25 quinquies de la Ley N° 19.300.
La propuesta de la profesora Insunza respecto a este cuarto tópico, es que se debería establecer la obligación de actualizar las Resoluciones de Calificación Ambiental cada 5 años, oportunidad en la que se podrán recoger modificaciones menores y cambios de tecnología que no generen impactos ambientales o, incluso representen mejoras.
La Participación Ciudadana Anticipada
Abordando este tema explicó que la participación puede servir para que haya menos conflictividad y las comunidades se sientan más representadas y que ha servido en otras legislaciones. En el proyecto de ley es voluntaria y el facilitador elabora “lineamientos técnicos”.
Las propuestas de la profesora Insunza respecto a este quinto tópico son que debería ser obligatoria; tener otro “entregable” que no sean los “lineamientos técnicos”, ya que esto generaría problemas de «accountability»; además de un fondo para creación de capacidades de facilitadores registrados.
El daño ambiental
En este último tema recordó la presentación realizada el 4 de marzo por la Dra. Verónica Delgado Schneider (directora del Programa en Derecho, Ambiente y Cambio Climático de la Universidad de Concepción) y sostuvo que tenía las mismas dudas respecto al rol privilegiado del Consejo de Defensa del Estado. Añadió que la carga dinámica de la prueba era una mejora y que la prescripción también era una mejora, pero que la interpretación jurisprudencial apunta a lo mismo que viene en el proyecto y que no se abordan las cuestiones críticas.
Las propuestas de la profesora Insunza respecto a este sexto y último tópico fueron abordar la ejecución de las sentencias; modificaciones procesales que permitan una reparación más oportuna y a terceros su intervención como partes (por ejemplo, eliminar la frase “que hayan sufrido el daño o perjuicio”); y que las conciliaciones deberían incluir medidas de reparación total del daño causado y aceptación de responsabilidad por parte del demandado.
Entre otros representantes de la sociedad civil, del mundo privado y de la academia, la Comisión también ha recibido los comentarios del Dr. Ezio Costa Cordella, en su calidad de Director Ejecutivo de la ONG FIMA, (el 23 de enero) y del Profesor Javier Vergara Fisher (el 18 de marzo).