Destacadas participaciones sostuvieron los profesores del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, Roberto Contreras y del Departamento de Ciencias Penales, Patricio Rosas en el V Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Criminología (SOCHICRIM).
El encuentro celebrado bajo el lema: “Reflexiones sobre la aplicación del castigo”, entre los días 1 y 3 de octubre en la Universidad de Valparaíso, reunió a especialistas nacionales e internacionales. Y contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública y académico de nuestra Facultad, Luis Cordero, y de conferencistas internacionales como Verónica Zubillaga, José Miguel Cruz y Andrés Rengifo, quienes subrayaron la importancia de estas iniciativas chilenas y la contribución de los académicos en el ámbito criminológico.
Los académicos de la Facultad de Derecho Patricio Rosas y Roberto Contreras expusieron dos proyectos de innovación en políticas de persecución criminal, en colaboración con la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.
En la jornada de la mañana, los profesores presentaron el proyecto Recuperación de vehículos robados en Chile: La justicia más allá del derecho penal, el que se enfoca en identificar y recuperar automóviles robados, para luego devolvérselos a sus legítimos prioritarios. Este proyecto de investigación realizado en conjunto con la Dra. Javiera Araya Moreno, de la Facultad de Derecho de la Université de Sherbrooke, Canadá, deja en evidencia el potencial de esquemas de persecución penal “centrados en activos”, los que ponen en el centro de la intervención a los vehículos, que son periciados, identificados, asociados a causas penales y devueltos a sus dueños.
“Así, no sólo se ofrece algún tipo de respuesta a las víctimas, sino que también se mejora la producción local de conocimiento respecto al fenómeno criminal del robo de vehículos motorizados en Chile”, señalaron los autores.
Además, los profesores presentaron el proyecto Utilización de IA y alta tecnología, para la ubicación y captura de prófugos de la justicia, que desde 2023 ha logrado detener a más de 400 individuos de alto riesgo en la Región Metropolitana, gracias a una red de cooperación público-privada.