El profesor Manuel Jaén Vallejo regularmente está viajando desde España a Chile para impartir clases en el Magíster en Derecho Penal de los Negocios y de la Empresa. En su último viaje conoció el denominado "caso farmacias", sobre la supuesta colusión de precios entre las tres principales cadenas que controlan en conjunto más del 90% del mercado nacional.
Como especialista en el área señaló que "no siempre hay que aludir al Derecho Penal para salvaguardar a las personas". En este sentido, afirmó que los casos se penalizan cuando existen supuestos de mayor gravedad.En el caso de una supuesta colusión de precios, existe un ilícito repudiable, éste no está poniendo en riesgo la vida de las personas en forma directa.El académico acotó que no hay que engañarse, porque a veces las sanciones administrativas son tan o más graves que las impuestas por el Derecho Penal.
A su juicio, éste tipo de comportamientos que atentan contra la libre competencia deben ser sancionados con medidas de carácter administrativo, como multas. No obstante, la idea es que los costos que deben pagar no sean un riesgo asumible para las empresas, sino que signifiquen desembolsos acordes con los montos supuestamente defraudados o ganados ilícitamente.
Atenuante pero no excluyente
Aunque es valorable que las empresas ofrezcan compensaciones por el daño causado con su actuar, éstas deben ser consideradas para atenuar las penas, no para excluir de ellas. Sobre la responsabilidad del directorio de la empresa, el profesor Jaén Vallejo sostuvo que es posible que no hayan tenido conocimiento de una supuesta colusión, pero por su posición debieron estar al tanto. En este sentido actuaron con falta de diligencia.
De esta forma, las sanciones no sólo pueden hacerse a la empresa, sino que también a las personas naturales, concluyó.