Lo que el dinero sí puede comprar: sobre las finanzas sostenibles en Chile
La relación entre naturaleza y dinero pareciera estar plagada de numerosas nuevas preguntas para el derecho ambiental en Chile. A lo menos, representa una relación controversial. A lo más, constituye una relación poco explorada. Partamos, entonces, por el desafío más significativo: la identificación de las líneas básicas que dibujan dicha relación al día de hoy.
Primero, sabemos que una de las brechas más significativas en la implementación y efectividad de políticas ambientales, climáticas y de protección de la biodiversidad es la de financiamiento público y privado. De acuerdo al reporte “Estado de la Financiación para la Naturaleza” del Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (PNUMA) del año 2023, los flujos
financieros negativos y positivos hacia la naturaleza reflejan diferencias abismales entre lo que se gasta en degradar el medio ambiente y lo que se invierte en conservar y restaurar la naturaleza. De acuerdo al reporte, son casi US$ 7 billones anuales los gastados en flujos financieros negativos para el medio ambiente a nivel global (por ejemplo, a través de subsidios a actividades que degradan el medio ambiente). Tal cifra oscurece los esfuerzos realizados por los flujos positivos hacia la conservación ambiental. Estos flujos, que en su mayoría sirven para financiar soluciones basadas en la naturaleza (como la reforestación o la protección del fondo marino), representan la aún discreta cifra de US$ 200 mil millones anuales a nivel global.
Sin embargo, lo que aparece como un panorama oscuro para la protección ambiental, hoy comienza a aclararse. En la actualidad, se han abierto diversos diálogos, tanto en la esfera pública como privada, sobre cómo el dinero puede servir a la financiación de la naturaleza. En el contexto europeo, la comunidad técnica y científica ha avanzado en estudios sobre asignación de valor a la naturaleza, como lo deja en evidencia un reciente reporte del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. De otra parte, en el contexto latinoamericano, la Cepal también ha contribuido con estudios de política pública sobre el pago por servicios ambientales, destacando las experiencias comparadas de México, Colombia y Perú.
La necesidad de regular el valor que se asigna a la naturaleza y los intercambios económicos que puedan producirse en torno a ella va más allá de contingencias y posturas políticas; tal necesidad está avalada por amplios acuerdos de carácter técnico y científico. Por ello, debiéramos poner mayor atención en cómo el dinero —y el mercado como mecanismo que posibilita intercambios de valor—responden a las nuevas necesidades planteadas por la protección ambiental y nuestra sana convivencia con la naturaleza.
Para ahondar en las formas elementales de este tema en Chile, es posible identificar tres elementos básicos: lo público, lo privado y lo verde de las finanzas sostenibles. Lo público y lo privado se refiere a los sujetos involucrados en estas materias, mientras que lo verde se refiere al objeto o —si se quiere—al propósito.
En primer lugar, lo público de las finanzas sostenibles remite al ingente trabajo que el Estado de Chile ha desplegado en esta materia, colocándolo como un líder dentro de la región. Parte de la agenda fiscal se ha volcado a estudiar metodologías para medir el capital natural (donde incluso el Banco Central aporta su asesoría técnica), incorporar taxonomías verdes que guíen la inversión de actores privados, incursionar en la emisión de fondos soberanos verdes y de biodiversidad, entre otras materias. Esta nueva agenda representa un cambio de paradigma en materia de protección ambiental: ya no basta con el diseño e implementación de políticas que promuevan la disminución de la contaminación ambiental y la reparación de los daños a la naturaleza (un enfoque correctivo), sino que lo esperado es una proactividad en torno a la conservación de la misma (un enfoque preventivo).
En segundo lugar, lo privado de las finanzas sostenibles remite a la no menos significativa acción que las empresas están tomando en materia de conservación y restauración de la naturaleza. Desde luego, dicha acción ha sido posible a través de los clásicos mecanismos de comando y control. Por ejemplo, el poder disuasorio de la sanción (ya sea administrativa, civil y —hoy más que nunca— penal) ha redundado en la promoción de programas de cumplimiento que propendan hacia la prevención temprana de daños y la promoción de la conservación ambiental.
Pero a estos esquemas clásicos se han sumado hoy nuevas técnicas de intervención. En particular, existen técnicas que colocan incentivos en ciertos comportamientos de mercado para guiar la acción tanto de industrias como de consumidores. Por ejemplo, las obligaciones de revelación de información ambiental, social y de gobernanza que caen sobre ciertas empresas (hoy reguladas por normativa del mercado financiero) no solo permiten establecer estándares de buen comportamiento corporativo en la materia, sino que además permiten moldear el comportamiento de inversionistas. De manera similar, la provisión de información sobre sostenibilidad de las cadenas de producción y venta también puede determinar, en todo o en parte, las preferencias de consumo de las personas.
Otro ejemplo viene dado por los subsidios a actividades económicas sostenibles. Focalizar las ayudas públicas hacia tales actividades coloca a los actores del mercado a competir por recursos escasos bajo reglas especialmente diseñadas al efecto, cuestión que es relevante incluso en la promoción de la micro y pequeña empresa en Chile. Ello trae como corolario que las empresas realicen mayores esfuerzos para invertir en mejora tecnológica y adaptación a requerimientos de sostenibilidad cada vez más exigentes.
Finalmente, ¿qué es lo distintivamente verde en las finanzas sostenibles? Este es, probablemente, el punto más sensible. Lo verde —y lo azul, si es que también se incluye la potente agenda de economía y protección oceánica en Chile— está dado por el propósito. El objetivo de movilizar recursos públicos y privados debe ser la protección de la naturaleza, su restauración y conservación, bajo reglas claras y programas gubernamentales que guíen la acción privada. Sin embargo, una de las mayores dificultades de las finanzas sostenibles viene dada por la falta de criterios consensuados respecto de la información sobre naturaleza que fundamente su valor, así como la transparencia e integridad de la información revelada por los actores del mercado. Este es un problema mayúsculo. De una parte, la diversidad natural implica necesariamente asumir que cada elemento de la naturaleza, como el agua, el suelo, un
bosque o ciertas especies, tendrá un valor que atienda a características sumamente específicas. Por ello, la fragmentación de criterios en la asignación de este valor es altamente posible, pero habrá que aprender sobre ello a través del ensayo y error. De la otra, la transparencia y la integridad de la información empresarial ambiental será un punto crucial para la legitimación de un sistema de precios sobre la naturaleza.
Así, lo público, lo privado y lo verde de las finanzas sostenibles en Chile nos enseñan las múltiples relaciones entre el dinero y la naturaleza. Tanto los gobiernos como las empresas están transformando sus modelos de gobernanza para asignar valor, priorizar y ejecutar acciones de conservación de la naturaleza. Hoy, es necesario superar el tabú y reconocer que el dinero sí puede ser usado para conservar la naturaleza y para pagar por sus servicios, siendo ello una agenda transversal y altamente convocante. Ahora, es tarea del derecho recoger este cambio social y dotarlo de formas íntegras que permitan la consecución de tal objetivo.