Acuerdo de Escazú: Una deuda pendiente para fortalecer la institucionalidad ambiental
El pasado 18 de marzo, el nuevo gobierno de la República de Chile firmó el mensaje para la adhesión nacional al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Su adopción definitiva requiere de la aprobación del Congreso Nacional, por lo que tendrá que pasar por ambas cámaras antes de que se convierta en ley.
El acuerdo erige como un “elemento multilateral” sin precedentes que apunta a reforzar la cooperación entre las naciones, además de avanzar hacia el acceso oportuno de la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.
A pesar de que Chile impulsó su creación en marzo de 2018, la iniciativa fue retirada mediante un anuncio del ex canciller Andrés Allamand en 2020, quien argumentó que existen ciertas "ambigüedades" en algunas normas que "prevalecerían sobre la legislación interna".
La decisión generó diversas reacciones, pues el país pudo haber firmado y ratificado hasta el 22 de abril de 2021, hoy por hoy la tramitación del tratado va a depender de la voluntad de diputados/as y senadores/as para aprobar.
Valentina Durán, abogada y directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, explicó que “los tratados internacionales siguen los mismos trámites de una ley, porque tienen que ser vistos en ambas cámaras para su aprobación. Pero, los términos de un tratado internacional no son posibles de modificar, por lo tanto, el Congreso tiene que aprobarlo entero o no”.
Una vez que se apruebe el proyecto, deberá ir a la oficina de tratados internacionales de las Naciones Unidas, para que, en un plazo máximo de tres meses, se formalizace.
La génesis de Escazú
El tratado nació luego de la Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas (Río+20), en la que se establecieron una serie de principios. Entre ellos, el número 10 sembró las bases para el pacto regional estableciendo que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados”.
En América Latina y el Caribe existen diferentes problemas socioambientales, llegando a los 1.029 ligados a proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, entre otros, que afectan a diversas comunidades de la región.
En lo que respecta al país, existen 127 conflictos socioambientales, de los cuales el 44% interfiere con el derecho al agua y el 85% vulnera el derecho a vivir libre de contaminación, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La actual jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente y Magíster en Derecho Público, Constance Nalegach, fue la negociadora principal de Escazú. Al respecto, comentó que “hubo modalidades inéditas de participación y apertura, que permitieron adelantar el espíritu de Escazú que tiene que ver con una deliberación democrática".
Para Nalegach, el pacto medioambiental es un “círculo virtuoso”, pues si se facilita el “acceso a la información, las personas se sienten parte de este proceso y si nosotros mejoramos las decisiones y su implementación, va a mejorar el objetivo final de tener derecho a un medioambiente sano", explicó.
Por su parte, Andrea Sanhueza, directora de Espacio Público y representante de la Sociedad Civil Latinoamericana y del Caribe para la firma del acuerdo, indicó que el tratado es un compromiso entre el Estado y la sociedad, en donde "se trata entre un compromiso entre Chile y su gente, de cómo el país implementa mejores normas para acceder a la información, la participación y la justicia”, señala.
Las implicancias del pacto en materia legislativa
Las expertas coinciden en que el rechazo produjo un daño a las relaciones internacionales de Chile, puesto que el país tuvo un liderazgo en la negociación e implementación en un principio, pero que el “plazo perdido” es recuperable.
“Mientras se cumpla el plazo de espera, Chile puede participar en calidad de observador durante el desarrollo de la próxima COP”, sostiene la directora de Espacio Público.
En ese sentido, Valentina Durán asegura de que el “tiempo perdido” con el compromiso es recuperable y se puede trabajar desde ya en un “plan de implementación del Acuerdo de Escazú”.
Ezio Costa, abogado de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la ONG Fima, afirmó que el tratado internacional ayuda a propiciar “altos estándares de participación”. “Hay algo muy importante en propiciar altos estándares en participación acceso a la información y a la justicia. Muchas de las normas requieren un desarrollo legal posterior, como las normas para proteger defensores y defensoras ambientales, pero me parece que también hay estándares que debieran empezar a cumplirse desde que se ratifique el acuerdo”, dijo el especialista.
Finalmente, frente al argumento de que el tratado puede afectar la soberanía, no sería efectivo. “No es efectivo, lo que dice Escazú es que, en el caso de haber controversia entre dos Estados, si ambos están de acuerdo en solucionar sus diferencias en la Corte Internacional de Justicia, el país tiene que haber aceptado esa vía”, añadió Sanhueza.