Nueva Constitución: el debate sobre los impactos socioambientales de la industria ganadera en Chile
Artículo que contiene entrevista a la prof. Valentina Durán Medina, directora del Centro de Derecho Ambiental, publicada por Mapuexpress, el 25 de octubre de 2021.
El proceso constituyente permite repensar la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y debatir sobre nuevas políticas públicas que terminen con las zonas de sacrificio y con los impactos socioambientales de grandes industrias como la ganadería. Casos como el de COEXCA en la Región del Maule evidencian la urgente necesidad de priorizar la salud humana y medioambiental por sobre el beneficio económico de las empresas.
La industria ganadera es la actividad de cría y explotación de animales domésticos, ya sean vacunos, porcinos y ovinos, entre otros, para el beneficio humano.
El sistema actual se sustenta en el paradigma antropocéntrico occidental, mirada bajo la cual el humano se sitúa ontológicamente por encima de todo ser, en el modelo exportador capitalista, cuyo orden requiere la explotación de la fuerza laboral para la producción enfocada en grandes mercados de consumo y en el extractivismo, que extrae, elimina, y/ o hace uso intensivo de la naturaleza para la transacción comercial.
Pero para entender el desarrollo de la industria ganadera en Chile, se requiere un breve repaso histórico sobre los orígenes de la propiedad privada y el acceso a la tierra, que son fundamentales para el posterior desarrollo de la industria y que expone en parte, las distintas miradas y cosmovisiones respecto a la relación sociedad-territorio.
El problema de la tierra, en el sur de Chile, se inicia a partir de la “Pacificación de la Araucanía”, campaña militar que instaló un modelo político-económico basado en una estructura jerárquica racial que se inserta bajo la lógica de eliminación y genocidio contra los pueblos indígenas. Así, con el colonialismo de asentamiento ocurre el principal despojo y ocupación territorial que se da por medio de la violencia sistemática e institucionalizada: asesinatos, torturas, saqueos, compras fraudulentas, entre otros y la instalación de discursos e imaginarios de “civilización y progreso” que se contraponen a la “barbarie o atraso”. El historiador Martín Correa Cabrera, en “La historia del Despojo: el origen de la propiedad particular en el territorio Mapuche”, al respecto señala que en términos prácticos, se construye el estereotipo de lo Mapuche como “bárbaro y depredador”, parte de la estrategia para legitimar el despojo y el uso de la violencia por parte del Estado.
Ello es relevante puesto que junto a la consolidación estatal, emerge el gran latifundio, que, según la Biblioteca Nacional de Chile mantuvo “una estructura social rígida, autoritaria y paternalista”, privatizando para la explotación tierras que fueran otrora comunitarias.
Con la reforma agraria (1962-1973), grandes extensiones territoriales se redistribuyeron. Sin embargo, con la instauración del neoliberalismo tras la dictadura cívico-militar liderada por Pinochet, vuelven a manos de particulares. De esta forma, persiste el latifundio, actualmente más industrializado y con un mayor uso de tecnologías destinado en su mayoría a la productividad privada-empresarial agrícola, ganadera y/o forestal.
El actual modelo agroexportador, enmarcado en la globalización y en la posterior profundización del extractivismo, ha aumentado las desigualdades, conflictos y tensiones existentes en la relación capital-trabajo, en las comunidades locales y en la relación con la naturaleza que, bajo este modelo, ya no es considerada como sujeto de derechos como ocurre en los casos de Ecuador o Bolivia, sino por el contrario, como un recurso de explotación de los países en vía de desarrollo para el consumo masivo de naciones ricas, en beneficio del reducido grupo de los/as dueños/as de los medios de producción.
Cabe destacar que, previa y en los inicios de la colonización, existe una crianza de animales para autoconsumo e intercambio por pueblos originarios, crianza que se da por medio del pastoreo libre, hasta 1545 que se establece multas para propietarios, que no utilizan cercado. Por otra parte, la inmigración de misma forma generó una producción y comercialización de ganado a mayor escala.
Actualmente, el código civil de Chile que data de 1855, considera que los animales son «bienes muebles semovientes», razón por la cual a fines de 2020 se presentó un proyecto de ley para establecer una nueva clasificación jurídica de los animales, como seres sintientes.
Impactos socioambientales de la Industria ganadera
Existen dos principales sistemas de producción en la industria ganadera: por una parte la intensiva, donde gran cantidad de animales se encuentran en un espacio reducido y son explotados bajo condiciones artificiales para aumentar la producción en un menor tiempo; y por otra parte la extensiva, en la que existe un número menor de ellos por hectárea que se encuentran pastando en el campo por un periodo más largo.
De esa forma, los principales usos de los productos generados son para alimentación, fabricación de productos, vestimenta, entre otros.
No obstante, la producción ganadera industrial ha sido extensamente cuestionada en el mundo por sus impactos socioambientales, tanto por la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano producto de la fermentación ruminal de animales rumiantes, el óxido nitroso proveniente de la orina animal y de fertilizantes aplicados en las praderas; al igual que el uso de energías fósiles que tienen fundamental responsabilidad en el cambio climático.
También destaca la contaminación y degradación de la tierra como asimismo las emisiones producto del uso de la tierra y el cambio de uso de las mismas , como por la contaminación de las fuentes hídricas, así como el excesivo uso de agua potable destinada a la crianza de animales, mientras las comunidades locales en muchos de los casos y dado diversos factores – entre los que destacan el cambio climático producto del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero- no tienen acceso al vital elemento y deben ser asistidos por camiones aljibe. La escasez hídrica no sólo afecta a las comunidades locales, si no a la biodiversidad en su totalidad, generando impactos sociales y ambientales graves.
Otros de los aspectos debatidos es la pérdida de la biodiversidad por prácticas como la deforestación, ya que los bosques nativos son eliminados para producir alimentos destinados al ganado; junto con el uso de agrotóxicos y pesticidas nocivos para toda forma de vida.
De hecho, el ingeniero forestal, doctor en Ecología y Restauración de Ecosistemas Forestales e investigador adjunto del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, director de la carrera de ingeniería forestal de la Universidad de Aysén, Carlos Zamorano Elgueta, realizó junto a otros/as académicos en 2012 una investigación respecto a los impactos del ganado en los bosques templados de América del Sur, particularmente en los desafíos para la conservación del pewen (araucaria) que se encuentra en peligro de extinción, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Su investigación se centra en la ganadería en bosques sin control ni regulación, y en generar bases para una ganadería que genere menores impactos en los ecosistemas forestales.
Así, explica cómo Chile es un país extremadamente vulnerable ante el cambio climático y que esto se evidencia en las sequías, megaincendios, los desastres naturales “que van a ser cada vez más”, según señala. “En Chile, se insiste con políticas de monocultivo, salmonicultura y ganadería que utiliza bosques nativos, esto tiene que cambiar”, puntualiza.
Sobre los impactos de la ganadería que emplea bosques nativos como fuente de forraje y refugio, el Dr. Carlos Zamorano indica que “la señal es clara, el tránsito del ganado modifica los primeros centímetros de los suelos por compactación, lo que a su vez influye en condiciones menos propicias para la regeneración forestal, tanto en densidad como en su composición. Es así como en Nahuelbuta estos impactos han derivado en una notable disminución de la regeneración de araucaria, mientras que en los bosques siempreverde se ha determinado una simplificación de su diversidad, con una regeneración que se concentra sólo en dos familias: proteáceas y mirtáceas. Esto tiene impactos en el mediano y largo plazo en en los ecosistemas forestales que aún no entendemos».
Por otra parte, los efectos de esta actividad no terminan allí. La introducción de ganado doméstico impacta directamente en la fauna nativa, tanto en el desplazamiento desde sus hábitats como por una mayor competencia alimentaria y transmisión de patógenos, como lo es el caso del huemul que se ha visto afectado por la ganadería ovina y bovina en la Región de Aysén.
Se suma el excesivo consumo de antibióticos que implica un riesgo para la salud humana dado que fomenta la resistencia de patógenos a los antimicrobianos. En ese sentido, destacan también las distintas enfermedades de origen zoonótico transmitidas a humanos. Ya en 2013 la Organizaciones de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, señalaba que un 70% de las nuevas enfermedades surgidas en seres humanos son de origen animal dadas, entre otros factores, por el auge de la expansión ganadera.
Por otra parte, y particularmente en Latinoamérica, cobran relevancia la expulsión de las comunidades de sus tierras; el poder de las grandes distribuidoras que controlan la cadena alimentaria y la precarización laboral en la ganadería.
Sobre el último punto, Felipe Marchant Fuentes, sociólogo, maestro en Estudios Sociales, integrante del Grupo de Estudios del Trabajos desde el Sur GETSUR, integrante de la investigación sobre el trabajo agrícola y ganadero en la macrozona centro-sur de Chile, explica cómo la precariedad laboral es multidimensional y se expresa tanto en inestabilidad e informalidad; escasa existencia de contratos; trabajos estacionarios; salarios no permanentes por bajo la línea de pobreza; extensas jornadas; bajo acceso a sistema de seguridad social; entre otros, que se traducen finalmente en derechos violentados, desprotección y vulnerabilidad social. “Lo anterior relacionado a la informalidad e independencia de las actividades, hace compleja la fiscalización y la aplicación de la normativa laboral chilena que está principalmente centrada en las personas que tienen un trabajo formal y asalariado”, comenta.
El director de proyectos europeos de CREA 360 SL, presidente de la Delegación Territorial de la Comunidad Valenciana del Colegio de Geógrafos de España y colaborador del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante, Alberto Lorente Saiz, es autor de “Ganadería y Cambio Climático: Una influencia recíproca” (2010), texto que reflexiona sobre cómo los sectores empobrecidos son los más afectados por la mega industria ganadera, explicando cómo la distribución alcanza un poder que supera al de los Estados.
Lorente explica que a nivel mundial se producen toneladas de carne suficientes para todo el planeta, pero que una vasta parte será desechada por no contar con salida en el mercado, enfatizando en las desigualdades de acceso a la alimentación. Así, mientras una parte importante de la población mundial padece de desnutrición y problemas de salud vinculados a la deficiencia alimentaria, otro reducido porcentaje come este producto todos los días y desecha por elección gran parte de la que no consume. “Actualmente, la industria ganadera mira a la exportación y al mercado y a satisfacer las necesidades de un estilo de vida poco sostenibles y poco saludables de una pequeña parte de la población mundial”, expresa.
En ese sentido, se refiere a cómo los países ganaderos y “menos desarrollados” se ven afectados por el costo ambiental que se queda en su territorio, contribuyendo al impacto ambiental a nivel global, mientras que un alto porcentaje de la carne producida no llegará a venderse en los supermercados. Para Lorente, debería existir un esfuerzo por un estilo de vida “consciente con el planeta, responsable y sostenible y que debe haber una mayor concienciación ambiental y social, ser responsables de lo que consumimos”. En tanto, comenta que no se deben exportar las costumbres occidentales basados en un alto consumo de carne y de recursos a otros lugares, donde las clases medias están teniendo mayor poder adquisitivo y quieren replicar dichas prácticas con todos los efectos perjudiciales que eso conlleva para la salud humana y medioambiental.
“No es justo que se tire y se desperdicie tanta comida cuando hay tantas personas literalmente muriendo de hambre que no tienen el poder adquisitivo para adquirirla. Es una cuestión de solidaridad”, finaliza.
En síntesis, la industria ganadera y particularmente la intensiva, genera graves consecuencias al medioambiente pero también a las comunidades locales, que ven afectadas su calidad de vida, salud y derechos.
Así lo reafirma el “Atlas de la Carne 2021”, publicado por la fundación alemana Heinrich Böll Stiftung junto a otras instituciones cuando señalan que: “La expansión de la agricultura industrial a expensas de la naturaleza pone en riesgo nuestra salud global”. La investigación, del mismo modo, se refiere a cómo los conflictos asociados a la producción cárnica se encuentran en aumento: “Más y más personas están siendo asesinadas por defender el derecho a la tierra”, puntualizan.
Por otro lado, existe una creciente preocupación ciudadana a propósito del especismo y los derechos de los animales, que no solo cuestiona su consumo, sino también una serie de hechos relacionados al manejo y estándares de bienestar animal, dada a modo de ejemplo, la cruda matanza en 2014 de miles de terneros por parte de la empresa neozelandesa Manuka. Por este y otros motivos, existe un amplio llamado por parte de las organizaciones de reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de derechos que merecen bienestar y trato digno.
Las críticas a la industria ganadera abarcan toda la cadena de mercado. En reiteradas ocasiones, vecinos/as y organizaciones han denunciado a las plantas faenadoras, despostadoras y procesadoras de carnes ubicadas en cercanías de las zonas urbanas dado los malos olores, presencia de vectores y contaminación de las aguas, como lo son los casos de los Frigoríficos Osorno; MacLean en Puerto Natales, el Frigorífico de Temuco, entre muchos otros.
Considerando los antecedentes, el Dr. Zamorano apunta a la urgencia de la regulación de la actividad ganadera en bosques nativos. “No buscamos prohibir la ganadería pero tampoco fomentarla. Buscamos entregar herramientas para orientar políticas públicas que permitan minimizar los impactos de esta actividad en los ecosistemas forestales”. El también académico de la Universidad de Aysén reflexiona, además, que “es necesario que nuestro país en general y la actividad silvoagropecuaria en particular deje de insistir en una actividad productiva basada meramente en la exportación de materias primas, con un modelo productivo que no ha variado mucho desde el inicio de la Colonia. Este modelo económico no es sostenible bajo ningún punto de vista, y menos en un contexto medioambiental tan crítico como el actual, con cada vez mayores eventos extremos por el cambio climático. Es absolutamente necesario fomentar la innovación e investigación, en conjunto con la diversidad socioambiental y económica de los territorios. Las autoridades políticas deben impulsar estos cambios, así como la comunidad empresarial debe enfocar sus esfuerzos en integrar más investigación para el desarrollo de una industria que vaya mucho más allá de una mera exportación de materias primas».
Cabe destacar que, en materia de protección medioambiental, Chile ha firmado numerosos tratados internacionales, como el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; el Convenio sobre la Diversidad Biológica; y el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y es parte del Acuerdo de París, que compromete al país a reducir las emisiones de gases invernadero, a compensar las emisiones para alcanzar la neutralidad el año 2050, entre otros.
A pesar de los avances jurídicos de Chile en materia medioambiental, el gobierno de Chile no firmó el Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca alcanzar en el acceso a la información, la participación pública y en la justicia socioambiental en América Latina y el Caribe. El acuerdo fue promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e impulsado por Costa Rica y Chile en 2018, con el fin de proteger a las personas que promueven y defienden los derechos humanos en temáticas ambientales.
Así, la abogada, jurista internacional en derecho ambiental y cambio climático, profesora de derecho en la Universidad de Chile y directora del Centro de Derecho Ambiental, Valentina Durán Medina, comenta: “Al restarse a última hora, el Estado de Chile perdió liderazgo y prestigio internacional ante sus pares de la región de Latinoamérica y el Caribe y del mundo. Y a nivel nacional, Chile ha perdido tres años en que podría haber estado desarrollando un plan de implementación de este acuerdo, fortaleciendo la implementación de estos derechos de acceso que integran la noción de democracia ambiental y cooperando con los países de la región en buenas prácticas. También ha perdido tres años de mirar qué está pasando con los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y preguntarse si se les ofrece un entorno propicio en Chile”.
Esto cobra especial relevancia, considerando que muchos conflictos socioambientales se relacionan con la ganadería.
Impactos socioambientales de la industria ganadera porcina: el caso de COEXCA
El caso de COEXCA S.A, en la VII región del Maule, refleja los múltiples y negativos impactos de las mega industrias ganaderas, en este caso la porcina, en comunidades locales.
Con ello, se evidencia cómo territorios y habitantes son destinados al sacrificio ambiental y violentados en diversos derechos, entre ellos a la salud; a la seguridad; a vivir en un medio libre de contaminación; y a la propiedad de los/as titulares, a quienes se les impone una limitación y gravamen en sus bienes, en beneficio del interés de otros privados (como grandes empresas).
Lo anterior ocurre a pesar de que la legislación chilena señala que “nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio”. Así, con la instalación de la mega industria que contamina aguas, tierra y aire, se afecta – por ejemplo – la plusvalía de los inmuebles aledaños. De misma forma, se genera un perjuicio a la dignidad de sus habitantes, al turismo local y al patrimonio cultural, según denuncian, ya que existe una estigmatización e impactos social y económicos por el sólo hecho de pertenecer al sector.
El conflicto que mencionamos se inicia en 2013 debido a la instalación de la empresa COEXCA en San Javier de Loncomilla, localidad cercana a las Ciénagas del Name -humedal constituido como zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad.
Desde entonces, la comunidad ha sido protagonista de la transformación del territorio desde la instalación del plantel de crianza y engorda de miles de cerdos, que, a la actualidad, genera enfermedades, insoportables olores producto de los purines; atrayendo moscas, vectores, roedores y plagas, entre otros. De misma forma, destaca el excesivo uso de antibióticos en los animales.
El territorio, se convirtió en zona de sacrificio ambiental y las consecuencias se evidencian en diversas áreas: no sólo en salud, calidad de vida y derechos amenazados, si no también en reducción y contaminación de napas y aguas; deterioro de la calidad del paisaje; desvalorización de las riquezas patrimoniales, pérdida de las inversiones realizadas.
La empresa, que factura 150 millones de dólares anuales, presenta múltiples denuncias por irregularidades en su contra y tenía por anulada su Resolución de Calificación Ambiental, por tanto, en un inicio, no contaba con permisos para su funcionamiento a capacidad máxima. Por otra parte, en la localidad, reciben semanalmente agua en camiones aljibe mientras el proyecto de la empresa contempla el uso de miles de litros de agua diarios.
En el año 2017, ingresa como accionista a COEXCA S.A, el Fondo de Inversión Danés IFU-DAF que corresponde a un Capital para “inversiones sostenibles”, y la empresa JB Equity Limited.
En 2020, la Corte de Apelaciones de Talca estableció que la megaindustria vulnera el derecho de los habitantes a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tras un recurso presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Ocho años después de la instalación del recinto, en agosto 2021 y dado el fallo del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago que desestimó “todos los planteamientos formulados por los reclamantes, frente a la decisión de autoridades de otorgar los permisos ambientales a la empresa para el funcionamiento de su criadero”, la comunidad organizada continúa luchando por el respeto a sus derechos, por medio de diversos recursos judiciales, entre ellos un recurso de casación presentado recientemente.
Álvaro Letelier es vecino del sector del plantel porcino San Agustín del Arbolito de la Agrícola COEXCA S.A, vive a 4 kilómetros del plantel y pertenece a la organización Maule Sur por la Vida. Se refiere a las afectaciones de la empresa porcina, en la que destacan la contaminación del aire por la presencia de malos olores, la irritación de las vías aéreas, mareos y náuseas; y la presencia de larvas y vectores (moscas) que aumentan en época estival. “Otra dolencia que pocas veces se toma en consideración es la afectación de la salud mental de la comunidad, porque no sabes si un día u otro te verás afectado por los hedores, en qué intensidad, y si le sumas a eso tener que luchar contra la empresa y contra el Estado cómplice de tu vulneración de derechos, porque no hacen lo que corresponde en la fiscalización y seguimiento de estos casos, creas un problema bastante grande. Una sensación de indefensión que detona en frustración”, comenta.
Por su parte, el dirigente Ramón Romo Toro, presidente de la Junta de Vecinos Santa Rosa de la Puntilla y miembro de Maule Sur por la Vida se cuestiona si países como Dinamarca, harían en sus propios territorios el daño socio ambiental que hacen en Chile. Así señala “hay un gran dolor y frustración entre los/as vecinos/as, se han vulnerado nuestros derechos, aun siendo tan básica la ley medio ambiental en Chile, ésta no se cumple. Después de 150 denuncias contra el plantel COEXCA, de recursos de protección ganados y de sumarios sanitarios por incumplimientos a la normas, la empresa continúa funcionando. Lamentablemente, las leyes en Chile son favorables para los empresarios y afectan a las comunidades”.
La crítica hacia la industria ganadera porcina de COEXCA y a la inversión extranjera en desmedro de los territorios es compartida ampliamente. Así, Teresita Herrera, ingeniera ambiental, especialista en evaluación ambiental, miembro de la agrupación Maule Sur por la Vida afirma: “Somos testigos de cómo los países desarrollados logran serlo por medio del sacrificio de nuestros territorios, de nuestra comunidad. Dinamarca sacrifica nuestra zona para lograr sus metas productivas, sus metas de importación”.
Con todo esto, se reafirma cómo el modelo de producción ganadero produce negativos impactos en los países en vía de desarrollo y particularmente en las comunidades que se ven aún más empobrecidas y vulneradas en sus derechos.
Son diversas las miradas respecto a la industria ganadera en Chile, sin embargo, todas coinciden en la urgente necesidad de un nuevo enfoque sostenible, sustentable y responsable ambientalmente. Así, lo confirma un informe emitido por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa (2021) en relación al efecto del Covid 19 en el mercado de la carne, que establece que “la cadena en su conjunto debe comenzar a trabajar bajo un enfoque sustentable (considerando aspectos económicos, sociales y ambientales), que permitirá transformar al sector hacia una ganadería resiliente, productiva y ambientalmente responsable, fundamental para mantener la economía del sector rural”,
En tanto, Giménez, Pedreño y Ramírez en “La Vulnerabilidad ambiental y “alimentos baratos”: los límites del Derecho ante la industria porcina” (2020) se refieren a la situación de los sistemas sociales y ecológicos de los cuales depende esta actividad, indicando que “se hace necesaria la respuesta del derecho encaminada, no solo a gestionar el riesgo, si no a dar una respuesta material acerca del modelo de producción intensiva de cerdos que, por medio de la explotación de la llamada “naturaleza extrahumana” (suelos y animales), se dedica a la generación de ‘alimentos baratos’ a gran escala con destino al mercado internacional a costa de los socio-ecosistemas locales”.
Para el caso de COEXCA, la comunidad afectada ha señalado en diversas oportunidades que no busca el mejoramiento de las condiciones de la industria porcina, sino que su cierre definitivo, como ocurriera el 2012 con el emblemático caso en Agrosuper en Freirina.
Nueva Constitución: perspectivas ambientales para repensar la relación entre naturaleza y sociedad
Son años de lucha y reivindicaciones de las organizaciones, movimientos sociales y comunidades en Chile y Wallmapu, que han exigido un nuevo modelo político-económico que contenga políticas públicas destinadas al irrestricto resguardo de los derechos humanos y de la naturaleza, donde primen la justicia social y ambiental.
La vía institucional de aquellas demandas, tienen por pilar fundamental el reconocimiento de la plurinacionalidad y autonomía de los pueblos indígenas, cuyo eje en su cosmovisión es el resguardo de la naturaleza y biodiversidad.
Con el plebiscito de octubre 2020 y el inicio del proceso constituyente en Chile, se abren nuevas posibilidades en términos políticos y jurídicos de reemplazar el legado del régimen dictatorial y para repensar un modelo de sociedad deseado, que incorpore otros principios asociados a derechos, libertades fundamentales y normas en defensa del bienestar común.
En ese sentido, las organizaciones sociales han sido clave en posicionar ejes y temáticas relevantes de discusión en lo que será la redacción de la Constitución que se inició el 18 de octubre, a dos años del estallido social.
El ingeniero Eduardo Giesen es miembro del Colectivo VientoSur, organización multidisciplinaria y horizontal que está presente en diversos territorios del país, apoyando la construcción de una sociedad sustentable y soberana “a través del trabajo recíproco e integrado con comunidades locales urbanas y rurales, impulsando y acompañando procesos de cambio social y ambiental”. También es parte de la coordinación de la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática.
Para Giesen, el proceso constituyente y plurinacional “es, como pocos, fruto de la crisis explícita de un sistema, que los movimientos sociales identificaron como neoliberal, patriarcal y extractivista, y el cambio climático aparece como un síntoma y elemento sustancial e integral de esta crisis sistémica, cuyos impactos se expresan con altos grados de injusticia social y cuyos principales responsables -en el nivel planetario y nacional- son los mismos -genéricamente, y en muchos casos, específicamente- cuyos abusos acumulados determinaron el estallido social en Chile”.
Así, añade que para las organizaciones que enfrentan desde hace años el calentamiento global desde una perspectiva de justicia climática “el cambio constitucional representa una oportunidad única de avanzar en las transformaciones estructurales y paradigmáticas que este enfoque plantea como ineludibles para superar la crisis”.
De este modo, finaliza explicando sobre la relevancia de que una mayoría de la Convención “tenga la lucidez colectiva de identificar, a la hora de establecer los principios y normas de la nueva Constitución -más allá de aspectos tecnológicos como la matriz energética- los elementos políticos y económicos claves para el cambio sistémico, como la desprivatización y desmercantilización de bienes comunes como el agua, la atmósfera, la energía y la biodiversidad y la relación de respeto y otorgamiento de derechos a la naturaleza”.
El profesor de historia, activista socioambiental, poblador de la comuna de Hualpén (Concepción) y convencional por el Distrito 20, Bastián Labbé Salazar, es parte de los/as 35 “eco constituyentes” que abogan por principios de la socioecología y justicia ambiental en la redacción de la nueva Constitución, considerando que ésta se redacta en emergencia climática y ecológica.
Así, se refiere a la relevancia de los principios de la nueva Constitución: “ Debe establecer un Estado garante de derechos: derechos humanos y sociales, plurinacionalidad, autonomías territoriales e indígenas, la descentralización, con enfoque de género, y debe ser una constitución ecológica y ambiental. Hemos ido trabajando con varios eco-constituyentes, en las comisiones establecidas que tienen perspectiva ambiental como de medio ambiente, derechos de la naturaleza y bienes naturales comunes. Las políticas económicas deben tener un parámetro ambiental fuerte, una estructura ecológica respecto a la planificación territorial y cómo se van a desarrollar las políticas públicas, a nivel nacional, plurinacional y territorial”.
Labbé agrega que “vamos a dar el espacio para hablar sobre bioregiones con enfoque ecosistémico, sobre derecho humano al agua, al equilibrio ecológico y a la biodiversidad. Son muchos temas que están siendo establecidos para discutirlos, es importante lo que se ha avanzado en términos de derechos de la naturaleza”.
En ese sentido enfatiza en que los derechos de la misma se deben promover y resguardar por medio de la justicia ambiental, la reestructuración de los órganos de justicia y el establecimiento de una defensoría de la naturaleza y de los pueblos.
Ivanna Olivares Miranda es profesora de historia, activista ambiental e integrante del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) de Choapa y presidenta de la comunidad diaguita Taucán. La también convencional constituyente por el distrito 5 y parte de los/as eco-constituyentes sostiene que “sabemos que a lo largo de la historia de nuestro país existen comunidades y territorios que son sacrificados en beneficio de unos pocos. Exigir que vivamos en un medio ambiente sano es un piso mínimo para asegurar los derechos humanos y la dignidad de la vida. Yo misma vengo de una zona de sacrificio, que es la Provincia de Choapa, nido de grandes mineras y donde hemos visto cómo se vulnera la vida de las personas y se hipoteca la vida de las futuras generaciones”.
Así finaliza reflexionando que “asegurar una Constitución ecológica nos permitirá avanzar hacia un país más justo con los ecosistemas y las distintas comunidades que de ellos dependen. Normar desde la carta magna el modelo económico extractivista permitirá frenar la destrucción de los territorios y promover políticas de reparación capaces de restaurar los ciclos naturales. La reflexión que se ha dado dentro de la Convención nos ha permitido hablar por fin de derechos de la naturaleza y derechos humanos ambientales como derechos que deben ser garantizados”.
Por su parte, Juan José Martin Bravo, activista social y ambiental, cofundador de la organización Cverde y convencional constituyente por el distrito 12, comenta que “la humanidad para estar sana se debe constituir en un ecosistema y biósfera sana. En contexto de crisis climática, una Constitución ecológica y ecocéntrica es un acto histórico y necesario, es una oportunidad como país y un paradigma que estamos levantando al reconocernos en emergencia climática y ecológica”.
De esa forma asegura que es imperativo reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho fundamental: “Esta visión debe garantizarse en principios, en derechos, en institucionalidad y en reordenamiento territorial. Los pueblos originarios, como asimismo los activistas ambientales durante años vienen levantando saberes más sofisticados que saberes reduccionistas que priorizan aspectos económicos”.
“Debe haber una nueva manera de entender los territorios, un entendimiento sistémico y transversal de la importancia de la naturaleza en relación a los derechos sociales y humanos. Necesitamos una nueva humanidad donde su dignidad sea cotidiana y fomentada, que sea humilde y responsable respecto a las otras formas de vida”, señala.
En la misma línea, Zamorano afirma que en la nueva Constitución la naturaleza tiene que ser considerada “como el contexto del cual dependemos como humanidad, no es un mero proveedor de servicios y tampoco tiene valor en base a su utilidad económica. Por tanto, hay que repensar qué entendemos por desarrollo y qué país queremos, ya que el modelo actual extractivista y cortoplacista que privatiza los beneficios y las consecuencias quedan en el territorio es insostenible. El planeta ya no lo resiste”.
Así, enfatiza en la relevancia de que las políticas públicas deben ser construidas desde los territorios. “El cambio climático hace ver, en forma agresiva, las malas políticas territoriales», advierte.
La directora del Centro de Derecho Ambiental comenta, por su parte, que la discusión del contenido de la Constitución “es una oportunidad para transitar de un paradigma en que el ser humano se servía de la naturaleza, que trataba de dominar para satisfacer sus necesidades presentes, a una noción que entienda a la naturaleza y biodiversidad como fundamento, motor y garante del bien común. En la nueva Constitución podemos esperar que el Estado reconozca la relación indisoluble y de interdependencia de los seres humanos y la naturaleza y su biodiversidad. Es decir, entender y plasmar que la naturaleza y la biodiversidad son bienes comunes, inapropiables, cuya protección e integridad son necesarias y fundamentales para la mantención del buen vivir de las generaciones presentes y futuras”.
Con ello agrega que esto se asocia no exclusivamente a derechos, sino de misma forma a deberes del Estado y de las personas de proteger y restaurar la naturaleza y sus procesos. “Esta mirada distinta de la naturaleza no debe significar abdicar de la protección del medio ambiente entendido como un concepto más amplio, sistémico, que incluye no solo a la naturaleza sino al medio humano, tal como está definido en la ley sobre bases generales del medio ambiente”, señala.
Durán añade que “esto también debiera tener correlato en el reconocimiento de principios como el de no regresión, el principio precautorio y el principio ‘in dubio pro natura’, de creciente desarrollo latinoamericano, que ordena que – ante la posibilidad de elegir entre varias medidas, acciones o soluciones posibles, en un caso concreto -, se debe optar por aquella que tenga un menor impacto en el medio ambiente y sea más favorable a la naturaleza”.
Por último, reflexiona que “debiese haber un correlato en las definiciones institucionales y de gobernanza que adopte la convención para que la naturaleza tenga instituciones que la protejan y defiendan”.
Desde El Maule, y dada la afectación de COEXCA en el territorio, Letelier sostiene que “es absolutamente necesario que los temas como derechos de la naturaleza, derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a la salud se instalen en la discusión de la Convención. Hoy el catálogo de derechos fundamentales que son parte de la Constitución son meramente ideales, debido que al momento del conflicto no existen herramientas reales para frenar la vulneración de derechos. Tenemos que hacernos cargo como ciudadanos de qué país queremos construir”.
“Todo lo que hemos vivido con la pandemia nos debería hacer reflexionar, sobre nuestros patrones de consumo, puesto que mientras no cambiemos las regulaciones y limitaciones de empresas como COEXCA, estaremos expuestos a nuevas pandemias en el futuro, porque la crianza de animales a grandes escalas trae consigo un debilitamiento de su sistema inmune, lo que permite que se contagien de diversas enfermedades que, a su vez, pueden contagiarnos a nosotros”, recalca.
Finalmente, Herrera explica que en la comunidad afectada por COEXCA “estamos esperanzados que [el proceso constituyente] genere cambios en el país, dando mayor oportunidad y equidad a zonas rurales y rezagadas como lo es gran parte del Maule Sur. Creemos que este cambio trae mayores posibilidades en cuanto a mejorar las dinámicas socioambientales, y nos referimos a cómo nos involucramos, desde la humanidad con los recursos naturales”.
“Esperamos que estos cambios incorporen regulaciones realistas, que tomen en cuenta las vivencias de las comunidades y no sólo se rijan por conceptos técnicos y/o modelos referenciales y que permita que las futuras generaciones sean resguardadas, pues son las herederas de lo que hoy estamos haciendo”, y agrega que “requerimos con urgencia una normativa más exigente, que crea en las comunidades afectadas, lo que conducirá a que empresas de diferentes rubros cierren o bien, tendrán que cambiar su forma de producir y eso es lo que esperamos” reflexiona.
En definitiva, para Herrera “el progreso económico no debe significar rezago, no debe implicar que una comunidad y ni un ser humano deba ser sacrificado”.