Escazú: una deuda urgente
El 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, fue adoptado por 24 países el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido actualmente como acuerdo de Escazú.
El convenio busca asegurar que cualquier persona pueda acceder a información sobre asuntos ambientales, canalizar por la vía institucional sus observaciones y propuestas a tiempo y recibir una respuesta fundada a ellas; además de acceder a la justicia si no está de acuerdo con la decisión tomada. También promueve el fortalecimiento de capacidades tanto para los gobiernos como para la sociedad civil para su adecuada implementación.
Asimismo, en forma inédita, incluye disposiciones para los estados en materia de protección de defensores/ras ambientales, reconociendo la tragedia que existe en nuestros países, donde las personas que defienden el medio ambiente sufren desde hostigamientos y amenazas hasta la muerte.
Por lo anterior, nos alegra mucho que el gobierno del presidente electo Gabriel Boric se haya comprometido con el acuerdo y retome el camino de Escazú para Chile. De igual forma esperamos que este sea ratificado por el Congreso de nuestro país, teniendo en consideración que el 20 de abril se celebrará la Primera Conferencia de las Partes del Convenio de Escazú en la sede de la Cepal, aquí en Santiago de Chile.