SEA insiste con interpretación “restrictiva” que niega la participación ciudadana al evaluar proyectos con impacto ambiental
En el 2016, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó una solicitud de participación ciudadana de la comunidad de Isla Riesco, y aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que permitía las tronaduras para extraer carbón en la Mina Invierno.
La comunidad apeló y el caso llegó a la Corte Suprema, que revirtió la aprobación del proyecto y ordenó que se permitiera participar a la comunidad.
Las observaciones presentadas por la comunidad en esta segunda ocasión, contribuyeron a que se rechazaran las tronaduras. Y aunque la empresa ha apelado a esta decisión, llegando nuevamente a la Corte, el pasado 27 de agosto anunció que Mina Invierno cerraría sus operaciones.
Sin embargo, el SEA ha continuado rechazando la participación ciudadana en proyectos ingresados por DIA, utilizando la misma interpretación de su reglamento que ha sido revertida por la Corte ya en dos ocasiones.
Este 3 de septiembre, el servicio anunció que volverá a defender ante este mismo tribunal su decisión de denegar una solicitud de participación. Esta vez se trata de la comunidad de Putaendo, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera el recurso de protección que presentaron contra la negativa del SEA.
Esta tendencia cobra relevancia al tomar en cuenta que más del 90% de los proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo hacen a través de DIA; tipología de ingreso que no exige pero permite la participación ciudadana.
Según datos del portal ciudadano del SEA, entre el 2016 y el 2019 se han hecho más de 4.000 solicitudes de participación ciudadana en proyectos con DIA. Para este mismo período, se registran a penas 180 procesos de participación ciudadana decretados para este tipo de proyectos.
¿Participación o amenaza?
“El SEA hace una interpretación restrictiva de las cargas ambientales que pueden tener los proyectos y en vez de promover la participación ciudadana establece barreras. Las comunidades quedan en una situación de indefensión que las obliga a recurrir ante tribunales, lo que demora los proyectos. El director ejecutivo del servicio puede instruir que se corrija esta interpretación, y llama la atención que persistan siendo que la Corte Suprema ha sentado jurisprudencia con respecto a esto”, analiza la abogada ambiental, Valentina Durán.
Para la activista ambiental de Isla Riesco, Gabriela Simonetti, la postura del SEA refleja una desconfianza sobre el aporte que puede hacer la ciudadanía en la toma de decisiones. “Hace falta que los servicios del Estado y las empresas entiendan que la participación ciudadana puede mejorar los proyectos de inversión, porque las comunidades conocen el territorio de otras maneras. A más participación, más información y mejores decisiones”, declara.
Participación ciudadana y cargas ambientales
El reglamento del SEA, supone que ante proyectos ingresados por DIA, la participación ciudadana se permitirá para aquellos que presenten cargas ambientales. Estos son, los que tienen externalidades negativas y también beneficios sociales. “Es casi de laboratorio encontrar proyectos que no tengan ningún beneficio social y ninguna externalidad negativa. La interpretación que hace el servicio es la más restrictiva para reconocer estos aspectos”, explica Valentina Durán.
Según el análisis que hacen académicas del centro de derecho ambiental UC con respecto al fallo de las tronaduras en Mina Invierno, la Corte Suprema ha sentado jurisprudencia con una interpretación más amplia de la noción de carga ambiental, mencionando que la mayoría de los proyectos que se someten al SEIA producen beneficios sociales. En opinión de las académicas, el fallo además “reitera el deber del Estado de garantizar la participación ciudadana, principio consagrado expresamente en nuestro derecho interno”.
Respuesta del SEA
Desde el servicio, al ser consultados sobre este tema, se limitaron a defender su postura. “El SEA ha decretado siempre la realización de un proceso de participación ciudadana en aquellas Declaraciones de Impacto Ambiental que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos o actividades que generen cargas ambientales para las comunidades próximas, cuando así ha sido requerido por la comunidad y concurran los requisitos para ello”.
En relación al caso de las Vizcachitas en Putaendo, afirman que el proyecto se refiere a prospecciones mineras, lo que no asegura el desarrollo de una explotación minera posterior. “En ese sentido y conforme a los requisitos que la misma ley exige, el SEA no advierte beneficios sociales que se generen de la realización de este tipo de proyectos. Por eso ha determinado no abrir un proceso de participación. Lo anterior, teniendo presente además que el proyecto no genera externalidades negativas en las localidades próximas, toda vez que, en el proceso de evaluación se determinó que las localidades cercanas están fuera del área de influencia del proyecto”.
La lucha por la participación
Ante estas restricciones, son las comunidades donde se emplazan los proyectos las que han quedado en posiciones más vulnerables, teniendo que sortear varios obstáculos para poder decidir sobre su territorio. Gabriela Simonetti, recordando el caso de las tronaduras, sostiene que los plazos para que la ciudadanía participe son una gran barrera de acceso a la justicia ambiental.
“Nosotros teníamos trabajo avanzado porque el proyecto se anunció antes. Aún así, los 20 días hábiles de plazo se nos hicieron muy muy cortos. En ese plazo hay que estudiar y realizar observaciones sobre todos los posibles impactos a la naturaleza, además de contactar a los vecinos, explicarles el proyecto, convencerles de participar cuando han sido desestimados antes, enseñarles a usar la plataforma. La presión es muchísima, sin contar el esfuerzo de los abogados de FIMA que trabajaron en el caso de forma gratuita”, recuerda.
Otra comunidad que se vio impedida a participar, es la que defiende las Dunas de Ritoque en Quintero. Allí, la empresa ganadera y extractora de áridos Santa Ángela Limitada, presentó un proyecto que suponía la extracción de arena del campo dunar. La comunidad solicitó un proceso de participación ciudadana que fue rechazado por considerar que el proyecto “no genera cargas ambientales”.
Andrés León, uno de los solicitantes y activista de la zona, afirma que las cartas anunciando esta resolución no llegaron correctamente y que el documento fue publicado con atraso. “Yo estuve revisando y recién el mes pasado subieron la resolución, que es de agosto del 2019. Los plazos para apelar ya están vencidos, pero vamos a recurrir ante la Contraloría por estas irregularidades. Participar se hace complicado, porque te dan un plazo súper corto y hay que estar revisando el Diario Oficial, esperando el proyecto, y te exigen personalidad jurídica aprobada. Deberían dejarnos participar de una forma más fácil, con clave única”, reclama.
Escazú y modernización del servicio
Las iniciativas para modernizar el SEIA se han visto entrampadas en el Congreso, pero en todos los ámbitos se plantea la conveniencia de ampliar la participación ciudadana a todos los proyectos ingresados por DIA, eliminando el concepto de cargas ambientales.
Esta propuesta queda recogida en el informe de la Comisión asesora presidencial para la evaluación del SEIA, formada por la entonces presidenta Michelle Bachelet en el 2016. Una comisión paralela integrada por organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de trabajadores del servicio, también recomienda que la participación se haga por regla general sin importar el tipo de ingreso del proyecto, y que se ampliando los plazos para este proceso.
Los obstáculos para acceder a la justicia ambiental y a la información transparente por parte de las comunidades han sido ampliamente estudiados y denunciados por activistas ambientales que exigen a Chile la firma del Acuerdo de Escazú.
“El acuerdo promueve que se permita y promueva el efectivo ejercicio de estos derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Eso establecería un compromiso no solo de hacer reformas legales y reglamentarias sino a tener una gestión que promueva la participación”, explica Valentina Durán.
Participación ciudadana en pandemia
Durante los últimos días de agosto, el SEA levantó la suspensión de evaluar proyectos que tuvieran procesos de participación ciudadana, los que estaban pausados por el contexto de confinamiento.
Trabajadores del servicio y representantes de organizaciones han vuelto a manifestar su descontento ante esta medida, afirmando que no están dadas las condiciones para reunirse presencialmente y que las comunidades están dedicadas a tareas de subsistencia durante la pandemia.
La dificultad de ir a terreno para contrastar la información entregada por el titular, y las brechas digitales que obstaculizan el acceso a procesos de participación por vía telemática se suman a estos reclamos.