Ximena Insunza: “Una Constitución del siglo XXI debería hacerse cargo de mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático”

Entrevista realizada a la prof. Ximena Insunza Corvalán, investigadora del Centro de Derecho Ambiental, publicada en Actualidad Jurídica, el Blog de DOE, el 05 de septiembre de 2023.

La abogada, profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Ximena Insunza, considera que el rechazo a la enmienda que buscaba mitigar los efectos del cambio climático en el -proceso constitucional- fue un error y espera que la propuesta pueda ser reevaluada por la Comisión Experta.

Tomando en cuenta que ya fue rechazada una enmienda -presentada por consejeros del oficialismo- que buscaba garantizar medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático ¿Cuál es tu opinión respecto a cómo se están abordando los temas medioambientales en el proceso constitucional? ¿Crees que las propuestas están bien encaminadas?

Resulta un poco paradójico lo que ha ocurrido con el tema medioambiental en los dos procesos constitucionales. Yo diría que es una de las materias en las que más se ha notado que existe un péndulo súper marcado.

En el proceso anterior lo medioambiental estuvo muy presente. El texto contenía una serie de disposiciones y un capítulo en particular enfocado en su regulación sustantiva. En cuanto al proceso constitucional actual, tenemos que recordar que inicialmente no estaba el Capítulo 13 -que es el referente al medioambiente- y que se incorporó tiempo después, probablemente por la presión y la convicción de los comisionados expertos de que era una materia que necesitaba un tratamiento especial.

Cuando se incorpora este capítulo se incluyen varias normas, dentro de ellas, la correspondiente al cambio climático. En su redacción era bastante parecida a la que existía en la propuesta constitucional anterior, ya que mandataba al Estado a hacer políticas públicas para hacerse cargo de los efectos negativos que va a producir este fenómeno en Chile.

Por lo tanto, su rechazo es complejo, ya que una Constitución del siglo XXI debería hacerse cargo de los efectos del cambio climático, sobre todo tomando en cuenta que es un fenómeno global, que ya se encuentra en nuestra legislación.

En ese sentido, se pretendía darle un estatus constitucional importante a este fenómeno y reconocerlo, pero esta enmiendas -finalmente- fue rechazada la semana pasada.

¿Cómo crees tú que se explica el rechazo a esta enmienda en particular?

En general, hay ciertos sectores que pueden ver en esta obligación del Estado un desarrollo que puede impactar ciertas actividades económicas. Sin embargo, yo tengo la convicción de que es posible avanzar en un desarrollo económico que esté en armonía con el medioambiente, lo que -por supuesto- tiene un costo, pero si vemos los impactos reales del cambio climático no podemos negar que debemos hacernos cargo.

Lo que ha pasado en nuestro país durante los últimos años o meses -hablamos de incendios, sequías e inundaciones- son los efectos de este fenómeno. Es decir, nos vemos en la obligación de adaptarnos a él.

Por lo tanto, un mandato constitucional era imprescindible. Por puesto que llama la atención, pero pienso que quizás, a través de la reposición de las enmiendas, esta propuesta pueda volver a estar en el texto, teniendo en cuenta que este debe ser revisada nuevamente por la Comisión Experta.

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Chile respecto a temas medioambientales en la actualidad? ¿Y cómo crees que podrían incorporarse soluciones para esta problemática dentro de una propuesta constitucional?

Un aspecto sumamente visible es la crisis climática propiamente tal, pero también existe una crisis ecológica que tiene que ver con el desarrollo económico, que mencioné antes.

Otra problemática que hemos arrastrado a nivel nacional durante años es la contaminación atmosférica. Independientemente de que haya habido mejoras, no han sido suficientes. Necesitamos un plan de descontaminación o de prevención en Chile respecto a esta materia.

Por otro lado, está la calidad de vida de las personas, y con esto me refiero a los residuos que generamos. En ese sentido, creo que es importante recalcar que a mediados de septiembre comienza a regir la responsabilidad extendida del productor de envases y embalajes, lo que también aplicará para residuos domiciliarios.

Eso significa que existirán sistemas de regulación en esta materia y que todos tendremos que reciclar en nuestras casas, ya no voluntariamente, sino de manera obligatoria y a nivel más local.

Tomando en cuenta todo lo anterior, creo que las políticas públicas tienen que ir orientadas hacia los problemas locales, pero también hacia los problemas globales.

Una norma que se modificó en el proceso constitucional tenía que ver con la “justicia ambiental», es decir, con las necesidades ambientales y sus beneficios en forma equitativa. Sin embargo, esto se perdió en la votación de unidad de propósito y se reemplazó por “educación ambiental”. Creo que ahí también hubo una pérdida.

¿Cómo se abordan los temas medioambientales y sus problemáticas en la Constitución vigente?

La Constitución de 1980, a diferencia de las dos propuestas que han existido en los procesos constitucionales, solo trata el tema del medioambiente en el capítulo de “derechos”, es decir, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Luego, podemos encontrarlo en “propiedad”, donde también se refiere a este derecho a través de la función social, que se entiende que comprende el elemento de patrimonio natural de conservación de la naturaleza.

Uno podría decir que la jurisprudencia de alguna forma, a través de esta garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el deber del estado de preservar la naturaleza, ha llegado a tocar el cambio climático como fenómeno.

Sin embargo, resulta paradójico querer dejar -todavía- en manos de la jurisdicción un tema que debería ser una política pública por su propia naturaleza, porque -además- no tenemos una legislación de marco de cambio climático. Entonces, si no hacemos una armonización entre estas dos cosas, lo que puede pasar es que se vaya incorporando este fenómeno fallo a fallo, de manera inorgánica y lenta.

¿Cuál crees que es el papel que tiene que tomar la ciudadanía y las organizaciones medioambientales en la lucha por la definición de políticas públicas que aborden esta problemática?

Nosotros tenemos unas organizaciones no gubernamentales bastante robustas, pero creo que se debería pensar en potenciar la participación ciudadana a un nivel sumamente relevante. No obstante, si vemos, por ejemplo, los planes de prevención y descontaminación del anteproyecto, que tienen que ver con la contaminación atmosférica, la gente no necesariamente va a comprender qué es lo que se está regulando ahí.

Yo creo que, algo que hay que mejorar, es explicar las problemáticas y eventuales soluciones de manera más sencilla. Por ejemplo, concientizar sobre lo complejo que puede ser el uso de leña y lo beneficioso que sería invertir en un recambio de calefactores. De esta forma, se podrá potenciar la mejora de políticas públicas que acompañen estos instrumentos de gestión ambiental particular.

¿Hay alguna lección que Chile pueda tomar en cuenta de experiencias internacionales sobre cómo abordar temas medioambientes en espacios constitucionales?

A mí me gusta harto el ejemplo francés, donde ellos hicieron una especie de carta del medio ambiente que forma parte de su Constitución y que tiene pocas normas, pero que son súper sustantivas. Entre esas, podríamos rescatar la idea de la prevención de los impactos ambientales y la reducción de los efectos que este produce.

Yo lo traduzco en que el desarrollo tiene que respetar los límites planetarios. O sea, hay determinados límites que necesariamente se tienen que respetar, porque, de lo contrario, el desarrollo pasa a producir ciertos efectos que no vamos a poder controlar.

En ese sentido, es súper importante la responsabilidad intergeneracional. De hecho, de esta idea nace el concepto de “desarrollo sustentable”.

Debo reconocer que, si uno ve las normas que están hoy día aprobadas en el Consejo Constitucional, está incorporado este concepto, pero yo creo que no todavía no está recogido de una manera sustantiva que pueda permitir construir estos límites, porque habrá consecuencias a futuro que serán irreparables.

¿Hay alguna recomendación que te gustaría entregarle a los consejeros para abordar los temas medioambientales de manera adecuada en la futura propuesta de nueva Constitución?

Sí, yo diría que -en particular- hay algo que me ha llamado mucho la atención en este proceso y tiene que ver con la resistencia de cambiar la garantía a un derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación o un ambiente ecológicamente equilibrado o, incluso, en un ambiente sano simplemente.

Hoy día, si uno ve todas las recomendaciones de Naciones Unidas o las Constituciones de Latinoamérica o Europa, está muy claro el derecho a vivir en un ambiente saludable y sostenible. Eso es algo que se debe tomar en cuenta en el actual proceso constitucional.