Medioambiente y nueva Constitución: lo que está en juego en la próxima carta magna

Entrevista en que participó la Prof. Ximena Insunza, Investigadora del Centro de Derecho Ambiental, realizada por el Comité de Sustentabilidad UCH y  publicada en el portal de la Universidad de Chile, el 23 de abril de 2021.

El consenso de expertos de que estamos en un "punto límite" de la explotación de la naturaleza parece dejar en claro que debemos poner primordial atención al futuro de Chile y su modelo.

Eso es en parte lo que se juega a la hora de hablar de medioambiente y nueva Constitución. Como comenta el profesor Mauricio Folchi, especialista en historia ambiental: "Estamos en el alargue, o remontamos ahora o no habrá otra Constitución".

¿Cuales son las claves de este proceso? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo cambiamos el rumbo? Dialogamos con tres académicos y académicas del Programa Transdisciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile (Proma) quienes analizaron la importancia del medioambiente en la nueva carta magna.

Las bases, lo que no puede faltar y el rol de la Universidad

Si hablamos de nueva Constitución y cambios medioambientales, las y los expertos concuerdan en que esta materia debe estar dentro de los pilares fundamentales de este ordenamiento. Así lo explica Ximena Insunza, abogada e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad: “En los artículos iniciales de la Constitución tiene que haber una mención a esta relación interdependiente de la naturaleza y los seres humanos, y que se exprese que esta es una relación bidireccional. Necesitamos permear la Constitución en tales términos de que la protección del medio ambiente sea una eje rector de la sociedad en la que queremos vivir”.

Para el profesor Mauricio Folchi, académico del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad, reconocer la crisis en la que estamos es primordial: “Hay que partir de cierto reconocimiento filosófico. Decir: ´nosotros, una comunidad de la especie humana decidimos organizarnos de la siguiente manera, conscientes de que nuestra casa está debilitada, está degradada, está destruida, es vulnerable y debemos cuidarla´. Hay que hacer ciertos pronunciamientos fundantes y uno de esos creo que tiene que ser el reconocimiento de la crisis ecológica del planeta, que es innegable. Debe estar un reconocimiento a la condición de la especie humana como un elemento de algo que le es superior. Ese para mí es el punto de partida”.

A lo anterior, el profesor Javier Simonetti, académico del Departamento de Ciencias Ecológicas, y coordinador académico del Programa Transdiciplinario en Medio Ambiente de la Universidad de Chile (Proma), suma el rol que debe jugar nuestra institución. “No nos asiste ninguna duda de dos cuestiones. Una es que como Universidad de Chile tenemos la obligación como institución pública de participar en el debate de una nueva Constitución. Dicho eso, la pregunta es qué estamos haciendo y ahí entra el segundo punto. A través de Proma más que discutir qué debería estar, discutimos primero, como una cuestión fundamental para el debate, es qué entendemos por medioambiente. No nos asiste duda en que las sociedades viven inmersas en un entorno, el punto es tratar de entender qué de ese entorno debiera forma parte de los elementos de la Constitución, pero hay un punto previo, entender qué entendemos como sociedad por medio ambiente para que de esa forma podamos adecuadamente definir y determinar cuáles son aquellos elementos del medioambiente que deben formar parte de los deberes y derechos de los ciudadanos de la nación. Fuimos un paso previo, y ese probablemente está siendo nuestro primer aporte”.

La profesora Insunza agrega que en el capítulo de garantías se debe explicitar el derecho a “un medioambiente que sea sano y equilibrado. En ese mismo capítulo debe haber ciertas limitaciones al derecho de propiedad, pero también a la libertad de apropiabilidad de los bienes, que hoy está consagrada en el artículo 19. Debe tener una restricción que tiene que ver con la función ecológica. Es muy importante superar esa función social, que uno podría comprender que contiene a la función ecológica, pero hay que darle un énfasis especial y expresar en el concepto de función ecológica quizás la posibilidad de que haya limitaciones y prohibiciones. Y más adelante en términos de instituciones debiese haber una creación de una defensoría medioambiental”.

El papel de los territorios y la concentración del poder

Actualmente, la Constitución de 1980, en su artículo 19 número 8 establece el “derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, ratificando que “es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza”. Mas, en ejemplos como los de Quintero, Puchuncavi y Til Til, las mal llamadas “zonas de sacrificio”, vemos como estas condiciones se transforman en letra muerta.

Para cambiar este camino, los profesores asignan un rol clave a los territorios. “El eufemismo llamados ´zonas de sacrificio´ es una clara violación a los derechos humanos. Debemos tener una institucionalidad más fuerte, una ciudadanía cada vez más partícipe de las decisiones ambientales. El actual Gobierno de Chile no quiere firmar el Acuerdo de Escazú y eso es participación ciudadana y protección a los defensores ambientales. Preguntémosle a la gente que vive en esos eufemismos llamados “zonas de sacrificio” que es la manera de decirles que su vida, la de sus hijos y la de sus nietos van a ser sacrificadas en pos de otros. Por favor, lo que les estamos diciendo es que a ustedes los vamos a envenenar para que otros gocen de beneficios. Eso es inaceptable”, sentencia el profesor Simonetti.

Ximena Insunza, establece que cambiar las condiciones de poder es muy importante y no sólo en el tema ambiental: “Para mí el tema de la descentralización y de la distribución del poder no sólo tiene que estar en la discusión medioambiental. Creo que los modelos de gobernanza y por lo tanto de toma de decisiones en la unidad territorial tienen que ser tanto en medioambiente como en otras materias”, agregando que “es muy importante darles recursos, porque podemos tener unas leyes maravillosas de participación pero si eso no está relacionado con otorgarles recursos para que puedan hacer esa gestión local, ya sea en lo ambiental o en otro tipo de materias también vamos a quedar en deuda y ahí la nueva Constitución tiene una gran oportunidad de reconocer a los territorios como unidades en las cuales hay que focalizar para democratizar”.

La importancia del lenguaje

En lenguaje, los conceptos y las palabras a utilizar son claves a la hora de escribir una nueva Constitución, ya que estos pueden determinar las “condiciones de vida” que buscamos como sociedad.

Mauricio Folchi reconoce su importancia e invita a revisar la actual carta magna. “Hay que hacer ese ejercicio de ver qué palabras están en la actual Constitución y cuáles van a estar en la nueva Constitución. Si en la actual Constitución se cuentan las palabras del mismo campo semántico, como económico, desarrollo, trabajo y propiedad, aparecen cerca de cuarenta veces, pero ecosistema no está ni una vez, tampoco bienestar o armonía, y naturaleza está sólo dos veces. El lenguaje que se usa es muy determinante porque define lo que queremos, lo que creemos que somos y lo que queremos hacer. El lenguaje nos sitúa en una cierta representación de la vida; donde creemos que la cuestión ambiental va a estar mejor tratada”.

La abogada del Centro de Derecho Ambiental otorga preponderancia a los verbos a usar: “Desde mi mirada los verbos son importantes. Diría que no podemos usar verbos ´suaves´. Debemos usar verbos fuertes. Debemos ocupar imperativos. El Estado garantizará, el Estado asegurará, el Estado se compromete a… Y no promoverá o velará, porque estos últimos verbos son como obligación de medio: voy a tratar de hacerlo pero no tengo que garantizar el resultado”.

Crecimiento económico, cambio de paradigma y pueblos originarios

¿Pero cómo llegamos a este nivel de crisis ambiental? Para el profesor Folchi, la principal causa es el modelo actual. “La humanidad está embarcada desde el Siglo XVIII en un proyecto inviable que es la economía del crecimiento. Mientras creamos que la prosperidad humana o la felicidad humana están supeditadas al crecimiento económico estamos condenados. Ese barco no tiene otro destino que hundirse. Entonces cuando le empieza a entrar agua al barco surgen formas de parcharlo, entonces dicen ´ya, hablemos de desarrollo sustentable´, que es lo mismo pero evitando los desastres menores. O hablemos de economía circular. Todo eso es tapar con parches los hoyos por los cuales al barco le está entrando agua, pero ese barco se va a hundir. Ese barco ya no puede navegar”.

El profesor Simonetti, concuerda: “Tiene que haber una forma en la que realmente logremos desarrollo, no solo mera acumulación de ganancias y esa es una disputa que excede con creces la mirada sólo del medioambiente. El medioambiente sufre las consecuencias de esos sistemas, pero al mismo tiempo que quede claro que sin un medioambiente sano esos sistemas, cualquiera sea, no prospera”.

Ambos concuerdan que debemos cambiar el paradigma. “Al final, la preocupación ambiental es una preocupación por el sufrimiento humano. Una especie humana, una comunidad que no tiene acceso a los bienes y servicios que sostienen su vida es una comunidad que sufre. Y eso es lo que hay que cambiar”, sentencia el profesor Folchi.

Para la profesora e investigadora Ximena Insunza, estos cambios se pueden comenzar a realizar con la Nueva Constitución. “Debemos poder dejar ciertas cláusulas en la Constitución que obliguen a que el desarrollo de políticas públicas y luego la implementación en los instrumentos de gestión ambiental tengan siempre en consideración que nuestra biósfera sólo puede soportar ciertas y determinadas presiones, que nuestros recursos naturales sólo pueden ser usados y aprovechados hasta un límite, y en la medida que tengamos cláusulas así en la Constitución la manera en la cual se desarrolla después el proceso de elaboración de políticas públicas, después la implementación y luego la actuación de la jurisdicción, que ha sido tan relevante en materia ambiental en los últimos 20 años, va a tener herramientas mucho más directas a las cuales echarle mano”.

Finalmente, los tres concuerdan en que el proceso de construcción de una nueva Constitución debe ser un proceso transdisciplinar, que permita el diálogo y aprendizaje de distintas voces, en la búsqueda de lograr “un país digno de ser vivido”. Es ahí donde la mirada de los pueblos originarios se hace esencial. “La cosmovisión que tienen los pueblos originarios necesariamente tiene que tener algún tipo de recepción y consagración en la nueva Constitución. Y en materia ambiental diría que mayor aún, en el sentido de cuando pensamos en las soluciones basadas en la naturaleza. El conocimiento ancestral ha demostrado que tiene un respeto y una efectividad sobre la mantención de los ecosistemas que es innegable. Los pueblos originarios no sólo han sido por décadas sujetos vulnerados en sus derechos, sino que tampoco ha habido un reconocimiento a su sabiduría”, sentencia la profesora Insunza.

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