#Columna: Sergio Montenegro: ¿Descarbonización real?
El reciente anuncio de la Comisión Nacional de Energía (CNE), referido a que AES Gener adelanta el cierre de operaciones de las termoeléctricas Ventanas I (114 MW) y Ventanas II (208 MW), en cumplimiento del acuerdo con el Gobierno para lograr la descarbonización de la matriz local energética hacia 2040, constituye una noticia positiva en pos del referido compromiso.
Sin embargo, este anuncio merece algunos comentarios para apreciarlo en el contexto energético nacional. Desde luego, constituye un mínimo aporte para el plan de descarbonización, ya que las dos centrales Ventanas representan 320 MW, que en relación con el total de potencial termoeléctrico de aproximadamente 25.300 MW, representan un 1,26 % de ese total.
Desgraciadamente, los próximos cierres de centrales termoeléctricas, en cumplimiento del plan referido, van a coincidir con sucesivas entradas en operación de nuevas centrales que se encuentran en diferentes estados de tramitación ambiental, como por ejemplo Nueva Mejillones, Pemuco, Bocamina II, Andina, Pajonales, Los Cóndores, Llanos Blancos, Campiche, y otras, con un total de aproximadamente 11.300 MW. Luego, la interrogante obvia es si el resultado esperado del Plan de Descarbonización será significativo frente a la entrada en operación de estas nuevas centrales termoeléctricas, a las que deberán agregarse futuros proyectos que ingresen al SEIA.
Por último, queda por clarificar el alcance, modalidades y efecto esperado del pase a Estado de Reserva Estratégica (ERE) en que permanecerán las centrales que salen del Sistema. Se sabe de la elaboración de un Reglamento, aún no oficializado, que normará esta modalidad, esperando que se aclare, entre otros temas, si el cierre o salida del Sistema es cese total de funcionamiento o si quedarán en una especie de estado de “latencia”, operando parcialmente, de manera de volver a funcionar si situaciones de emergencia lo justifiquen.
*Las opiniones vertidas en esta sección son personales y no representan al Centro de Derecho Ambiental ni a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.