#Columna: Sergio Montenegro: Balance ambiental
Carta del prof. Sergio Montenegro Arriagada, Investigador del Centro de Derecho Ambiental, enviada al Mercurio, sin publicar.
Recientemente, hemos conocido buenas noticias ambientales: aprobación del proyecto de bioremediación para los terrenos de las ex -petroleras en Las Salinas; según el Ministro de Energía el próximo año entrarán 3.922 MW al Sistema Eléctrico Nacional (un 80.8% energías renovables) y, recientemente, el cierre del proyecto Pascua Lama. En el pasado, el polémico proyecto Hidroaysén. Ambos tras dilatado proceso por recursos administrativos y judiciales, los que en un estado de Derecho son innegables. Pero, en ambos, se llegó a la conclusión que ellos nunca debieron ser admitidos a trámite y menos aprobados, lo que también ocurrió con proyectos Trillium, Celco/Valdivia, Campiche y Castilla.
Cabe preguntar por qué se pudo llegar a esos extremos ¿Debilidad o insuficiencia de los marcos jurídicos ambientales? ¿Ineficacia de la institucionalidad ambiental? ¿Falta de cuidado o compromiso ambiental empresarial? ¿O todo lo señalado?
Aparte de buenas noticias, el balance ambiental debe incluir algunas señales preocupantes que enfrentará el escenario ambiental post pandemia.
En efecto, ¿se mantendrán los nulos avances en las reformas al Reglamento del SEIA y al Código de Aguas, y a los proyectos de ley sobre Conservación de la Biodiversidad, glaciares y delito penal ambiental?
La interrogante básica para enfrentar estas urgentes tareas es si la actual gestión ministerial ambiental será capaz de remover la verdadera “cuarentena” que aqueja el avance de las iniciativas antes señaladas. También para asumir un rol determinante en la prevalencia de medidas de protección ambiental frente a las acciones pro recuperación económica e industrial post pandemia, que ya se anuncian por gremios como SOFOFA y el reciente anuncio de una iniciativa para promover una ley “corta” de reducción de plazos y simplificación administrativa con los mismos objetivos señalados, cuya redacción está encomendada a un grupo “transversal” de expertos ambientales, liderado por Jaime Solari (SGA).
Nos asaltan serias dudas acerca de la gestión de la actual Ministra de Medio Ambiente para hacer frente a estas nuevas realidades. Desde su cuestionada actuación en la COP/25, seguida de criticadas intervenciones para eliminar la urgencia a la tramitación legislativa a la reforma al SEIA, culminando con el retiro de esta iniciativa de la Agenda legislativa para este año, unido a su inactividad para que se dé cumplimiento a las 15 medidas ordenadas por el fallo de la Excma. Corte Suprema en el caso Quintero-Puchuncaví (27 mayo 2019), nos reafirman que con la actual Ministra tenemos presunciones fundadas de que ello no dará los resultados esperados. Pero, en beneficio de la Sra. Ministra: podría ser que el actual modelo ministerial para la gestión ambiental nacional no se condice con la realidad y urgencia de las medidas a adoptar y sería aconsejable explorar otro modelo como el de una Agencia Nacional Ambiental (como la Agencia para la Investigación Nacional (ANI) que sustituyó a la CONICYT) o un organismo como una Corporación para la Sustentabilidad Ambiental (al estilo de CORFO o CODELCO).
*Las opiniones vertidas en esta sección son personales y no representan al Centro de Derecho Ambiental ni a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.