El imperativo de la reactivación sostenible

Artículo de la profesora Valentina Durán Medina, directora del Centro de Derecho Ambiental, publicado en la Revista "Realidad y Perspectivas" Nº 98, del Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho U. de Chile.

En el mundo pre-pandemia, en enero de 2019, Greta Thunberg increpó a los adultos presentes en el Foro Económico Mundial en Davos, diciendo que no buscaba que sintieran esperanza sino pánico y que actuaran como si su casa estuviera en llamas, porque eso es lo que está pasando. La Ciencia nos enseña que estamos ya en el Antropoceno, una nueva era geológica caracterizada por la huella y el impacto que las actividades humanas ya han dejado en el planeta. Los diagnósticos sobre el estado del medio ambiente mundial, la extinción de las especies, la crisis climática, y la economía de la biodiversidad, son demoledores.

Las alertas son más urgentes para un país como Chile, que cumple con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad contemplados por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y que se encuentra con un medio ambiente sometido a grandes presiones tales como la megasequía, la erosión en el 24% de los suelos, la contaminación atmosférica en las principales ciudades, y una gestión pública que, más allá de los avances logrados, no permite ser autocomplacientes. En 2016 el gasto del Estado chileno en protección del medioambiente representaba sólo un 0,09% del PIB, muy por debajo del todavía escuálido 0,43% que destinaban Perú y Panamá a este ítem.

En el Acuerdo de París, adoptado en la COP 21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, las partes acordaron mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) alertó hace pocos días, en la primera entrega de su 6º informe de evaluación, que varios de los efectos del cambio climático son ya irreversibles y que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5°C o incluso 2°C será un objetivo inalcanzable. El día que se escribe esto la temperatura ya ha aumentado 1,1°C respecto de valores preindustriales.

Dado el escenario descrito, resulta intolerable que algunos líderes políticos y empresariales estén apostando por prescindir de criterios ambientales en la necesaria reactivación económica pospandemia. Un ejemplo es el proyecto de ley presentado por los Diputados Rentería, Cárter y Amar que, modificando la ley N°18.502, busca reducir en un 50% el impuesto específico a los combustibles en caso de estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía. Comprendiendo que la medida apuntaría a rebajar el costo de la vida de los chilenos, es necesario implementar acciones alternativas orientadas al mismo fin, que no sean regresivas, sin afectar la salud de la población ni contradecir los compromisos internacionales de acción climática que Chile ha asumido, como cuando nuestro Ministro de Hacienda asumió el 2019 el liderazgo de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática.

Buscar una reactivación económica sostenible ante los estragos de la pandemia es hoy un imperativo ecológico, social, humanitario y económico. Son numerosos los llamados nacionales e internacionales a enfrentar esta reactivación sin retroceder en la acción climática en esta década decisiva. La catástrofe de la que nos vienen advirtiendo la ciencia es tal que el FMI, ya a principios de 2019, antes de la pandemia, había advertido que si la temperatura global sigue subiendo al ritmo que lo ha hecho hasta ahora, el PIB mundial podría bajar entre 15% y 25%.

La buena noticia es que, como lo han demostrado especialistas en los principales foros económicos, los costos de la inacción son mucho más altos que los costos de la acción climática.