Tribuna de Ayudantes: Reactivación económica, infraestructura y protección del medio ambiente
A causa de la pandemia provocada por el virus del Covid-19, y la subsecuente política de confinamiento implementada por varios países del mundo, hubo avistamientos de fauna nativa en ciudades y lugares que solían ser concurridos por los seres humanos[1], fenómeno que no fue ajeno a nuestro país[2]. Por la misma causa, se produjo un importante descenso en las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial, descenso que lamentablemente ha sido declarado temporal por autoridades internacionales, existiendo un aumento de las emisiones al mismo nivel o incluso superior a aquellos registrados con anterioridad a la pandemia en la medida en que se retoma la normalidad[3].
Paralelamente, estos fenómenos se enmarcan en una crisis económica que ha sido calificada por el Banco Mundial como “la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial”[4], crisis que las economías a nivel global tendrán que enfrentar en un contexto en que aún no se puede declarar superada la pandemia. Por ejemplo, China, que ha sido una de las pocas economías que han podido registrar crecimiento y estabilidad en este ámbito durante el periodo posterior al primer brote del virus, apostó por incrementar su inversión pública en infraestructura y aumentar el consumo interno[5]. La estrategia de invertir recursos públicos en este ámbito ha demostrado ser altamente efectiva en períodos anticíclicos o de recesión, por lo que “se hace altamente recomendable que la inversión en infraestructura constituya un elemento central de los planes de recuperación de la pandemia del COVID-19”[6].
En Chile, de forma similar, el programa del gobierno entrante contempla la inversión en este ámbito para fomentar la descentralización, el acceso al agua, garantizar el acceso a la cultura, fomentar el deporte, desarrollar el turismo, promover una minería que cumpla con estándares ambientales, entre otros[7]. Si bien constantemente se afirma que será una infraestructura con perspectiva inclusiva, de género y territorial, no existe una referencia a sus estándares ambientales o a propuestas regulatorias tendientes a aumentar las exigencias en este sentido. Se contempla únicamente la existencia de Comisiones de Transición Justa en distintos sectores productivos (que no se enuncian), para generar “alternativas y soluciones para reemplazar algunos de sus procesos, según las características, necesidades y potencialidades de cada territorio, y teniendo como principio rector de toda transición de modelos productivos la protección de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores”[8].
La ley N° 19.300 contempla en su art. 10 diversos proyectos de infraestructura que deben ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sea por Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por lo que se podría estimar que existe un control suficiente de la calidad ambiental de estos proyectos. Sin embargo, según datos del Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile[9], un 76,19% de estos conflictos, es decir, 128 de 168 conflictos registrados desde 1938, están asociados a sectores industriales que se pueden estimar como directamente relacionados al uso y desarrollo de infraestructura, considerando los elementos que requieren para su ejecución y que podrían eventualmente modificar para ajustar o disminuir el impacto ambiental que actualmente generan (ej. Sector de Energía, Minería, Infraestructura Portuaria, entre otros). A pesar de ser un análisis preliminar y muy general de los datos, este mapa es indicativo de que históricamente las exigencias regulatorias en materia de infraestructura no han sido suficientes para evitar que se produzcan conflictos ambientales.
Lo que las políticas de confinamiento evidenciaron es que la actividad industrial y de construcción afecta a los ecosistemas, y que, disminuyendo estas actividades, éstos tienden a recuperarse y adaptarse a nuestro entorno, lo que abre la posibilidad de pensar y tener como objetivo regulatorio y económico una coexistencia que anteriormente no parecía posible. Por lo anterior, parece imperativo discutir, plantear y establecer exigencias regulatorias que permitan la prevención de conflictos socioambientales, la disminución de los efectos negativos que cada actividad produce en términos de emisiones y de afectación a la fauna, especialmente nativa, y que nos permitan adaptarnos a la crisis climática que enfrentamos globalmente.
En este sentido, si bien algunas modificaciones legales y reglamentarias que busquen concretar estos fines podrían significar aumentar los costos de construcción y desarrollo de infraestructura, se abre la oportunidad de implementar y profundizar soluciones basadas en la naturaleza, potenciar el conocimiento, investigación e innovación local y generar propuestas que aumenten la eficiencia tanto de la inversión en esta área como de la relación entre los beneficios y la afectación al medio ambiente inherente que trae el desarrollo de estos sectores. Así, se abre una puerta a pensar una salida de la crisis económica que signifique también una respuesta a la crisis climática que vivimos.
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[1] La Vanguardia, 2020. La fauna recoloniza la ciudad ante el confinamiento por el coronavirus [en línea]. Barcelona [consulta: 14 de enero de 2022]
[2] Explora, 2020. Animales de visita en la ciudad [en línea]. Chile [consulta: 14 de enero de 2022]
[3] Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), 2021. La COVID‑19 causó solo una reducción temporal de las emisiones de carbono — nuevo informe de agencias de la ONU [en línea] [consulta: 14 de enero de 2022]
[4] Banco Mundial, 2020. La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial [en línea]. Washington [consulta: 14 de enero de 2022]
[5] El País, 2021. La economía china consolida su recuperación de la crisis con un crecimiento del PIB del 18,3% [en línea]. Pekin [consulta: 14 de enero de 2022]
[6] Coremberg, Ariel Alberto; Lardé, Jeannette; Sánchez, Ricardo J.; Sanguinetti, Juan. 2021. “Políticas anticíclicas y propuesta para el cálculo de la recuperación fiscal de la inversión en infraestructura”. Santiago. Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). p. 43. Serie Comercio Internacional, N° 166.
[7] Apruebo Dignidad, 2021. Programa de Gobierno de Gabriel Boric [en línea]. Chile [consulta: 14 de enero de 2022]
[8] Íbid. p. 65
[9] Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile [en línea]. Chile [consulta: 14 de enero de 2022]
*Las opiniones vertidas en esta sección son personales y no representan al Centro de Derecho Ambiental ni a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.