“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esta podría ser una de las frases más inspiradoras del Derecho Internacional. Ella pertenece a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Con fundamento en la libertad, la justicia y la paz, la Declaración impulsó el desarrollo normativo que hoy conocemos como Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como resultado de su potencial humanizador, grupos históricamente menospreciados ahora desempeñan un papel protagónico en tratados e instrumentos que luchan contra el racismo y otras formas de discriminación y promueven los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTI y muchos otros.
Pero el alcance de la Declaración no se limita a los foros multilaterales. Gracias al compromiso de muchos países, y en particular al impulso de los defensores de los derechos humanos, hemos impulsado una verdadera revolución en la protección jurídica de las personas, que abarca tratados regionales, legislaciones nacionales y constituciones en más de 90 Estados. Para Chile, recientemente elegido como el miembro más reciente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, esto es una cuestión de historia y legado. Desde su ubicación en el hemisferio sur, Chile ha desempeñado un papel activo en esta revolución. Se sabe mucho, aunque no lo suficiente, sobre el papel del abogado chileno Hernán Santa Cruz como uno de los redactores de la Declaración Universal de 1948, cuya tenacidad fue vital para lograr que los derechos económicos, sociales y culturales se encarnaran en la Declaración.
Un legado de derechos humanos para el futuro
Defendiendo los valores de la sociedad chilena en un mundo de posguerra, Santa Cruz defendió que los derechos humanos se derivan del "hecho de existir"; no son otorgados por ningún Estado. También apoyó la mejora del bienestar humano y la distribución justa de los beneficios del desarrollo, con la participación de las personas en las decisiones que les afectan. Estas convicciones fundamentales siguen teniendo influencia internacional: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce su apoyo a la Declaración Universal. Esto también se aplica al Acuerdo de Escazú —que Chile promovió y al que se adhirió en 2022—, según el cual la participación es un pilar para la toma de decisiones ambientales en América Latina y el Caribe, por mencionar algunos ejemplos.
En tiempos de crisis, los principios defendidos por Chile bajo el liderazgo de Hernán Santa Cruz parecen resonar con mayor fuerza, a pesar de que siguen encontrando resistencia. Los vaivenes económicos y las secuelas de la pandemia de COVID-19 han demostrado la importancia de las respuestas basadas en los derechos para un desarrollo resiliente. Cuando los Estados ignoran los derechos humanos, exacerban los conflictos y las desigualdades estructurales en detrimento de quienes tradicionalmente han quedado rezagados. Por el contrario, los sistemas basados en los derechos humanos han demostrado proteger mejor a las personas y las comunidades, a la vez que preservan la estabilidad y la cohesión social. Una vez más, se desmiente la falsa dicotomía entre derechos humanos y desarrollo.
Tiempos de cambio, aspiraciones cambiantes
En línea con los principios defendidos por Chile a nivel internacional, en los últimos años, el pueblo chileno ha expresado aspiraciones y demandas de un mayor progreso en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, promoviendo una economía que priorice a las personas y al planeta, reemplazando a la vez los modelos que profundizan la desigualdad y erosionan el tejido social. Al mismo tiempo, de manera soberana, el país continúa el diálogo hacia una nueva Constitución que renueve el contrato social y fortalezca la confianza entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales. Próximamente firmaremos el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible en Chile 2023-2026, que hemos desarrollado durante el último año en estrecho diálogo y coordinación con el Gobierno de Chile y con las aportaciones de la sociedad civil, las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, la academia y el sector privado.
El Marco contribuirá a alinear las capacidades de la ONU con las prioridades de la agenda nacional y guiará el trabajo de ONU Chile en el país entre 2023 y 2026, con un fuerte enfoque en la promoción de la igualdad, en particular la igualdad de género, y la protección de todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como parte de estos esfuerzos, nos centraremos en la inclusión y el empoderamiento de los grupos tradicionalmente excluidos del desarrollo y la toma de decisiones, considerando la interseccionalidad generacional, cultural y territorial.
Al conmemorar el 75.º aniversario de la Declaración Universal —escrita a mano por un chileno—, esperamos que este año el país pueda consolidar su camino hacia un futuro más justo y resiliente, promoviendo la dignidad y la igualdad a nivel nacional con la misma convicción con la que Chile defiende estos principios a nivel global.