¿Cuándo se puede ejecutar un proyecto que afecta un área protegida? ¿Qué condiciones tienen que darse para intervenir? Estas fueron algunas de las interrogantes que guiaron el VII Diálogo sobre Institucionalidad y Gestión Ambiental "Áreas protegidas y SEIA", convocado por el Centro de Derecho Ambiental de la Facultad.
Expertos del área pública y privada se dieron cita para analizar la lógica jurídica detrás de las áreas definidas como protegidas y el real alcance de dicha condición. En este contexto, la mirada coincidente de los abogados fue que existe dispersión jurídica.
Rodrigo Guzmán, abogado jefe de la División Jurídica de la CONAMA, señaló que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como herramienta de protección del Medio Ambiente, si bien es visto de manera apocalíptica, para que sea un avance en la gestión ambiental debe ser reforzado como sistema integral.
Para Felipe Leiva, de Carey y Cia., el SEIA debe ser el instrumento de los instrumentos,a partir del cual se discutan los proyectos desde diversas variables, ya sean sociales, políticas, económicas y ambientales. Lo cierto es que actualmente no está siendo una herramienta completa. Y entregó dos ejemplos de ejecución de obras hidroeléctricas (Río Correntoso y Chacaya), en las cuales se intervienen áreas protegidas.
Algo que ciertamente no debiese suceder, pues el objetivo de declarar áreas protegidas es evitar que éstas se toquen con fines productivos, dijo Marcelo Castillo, de Etcheberry y Asociados y del Consejo de Defensa de la Patagonia.
El abogado, que recientemente interpuso una demanda contra Hidro Aysen por daño ambiental sobre los ecosistemas de los ríos Baker y Pascua, sostuvo que existen demasiadas leyes que regulan las áreas protegidas, pero que son inoperantes ante las presiones que se están ejerciendo sobre las áreas protegidas, ya sea de privados como del propio Estado.
Propuestas
Parte de las propuestas para superar esta problemática que amenaza en la práctica a las áreas protegidas, es que los organismos a cargo de la evaluación sean más técnicos que políticos, que exista una mayor participación ciudadana, que se desarrollen planes de manejos de dichas áreas, un documento de evaluación ambiental único y que, en definitiva, exista un mayor compromiso del Estado.
Este fue parte del debate generado en el encuentro que se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad. Las exposiciones sirvieron de sustento para el diálogo en el que posteriormente participaron, además, el equipo del CDA de la Facultad y abogados del área.