Una Constitución verde permitirá un clima propicio para la inversión
“Quedé muy bien impresionada por el clima de trabajo colaborativo, respetuoso, cordial, incluso afectuoso que existe entre los miembros de la comisión", reconoce sin ocultar su optimismo Valentina Durán, abogada especialista en medioambiente, directora del Centro de Derecho Ambiental (CDA) de la Universidad de Chile. Una de las mayores expertas en la materia fue invitada a la Comisión de Principios Constitucionales a exponer sobre dos temas que conoce bien: democracia ambiental, derechos de acceso a la información y participación ciudadana en la justicia ambiental.
"En el CDA, al menos desde el 2016 que abogamos por una Constitución verde. De hecho, creemos que el medio ambiente y la crisis climática deberían permear el texto a cabalidad, estableciendo las bases para una institucionalidad sólida, como también principios, derechos y deberes del Estado y de las personas. Una Constitución de estas características no sólo será fundamental para abordar la emergencia climática; también permitirá un clima propicio para la inversión'.
¿Cómo es eso?
La certeza jurídica, la confianza en la estabilidad de las instituciones, poder desarrollar sus actividades en un clima de paz, es algo que todo inversionista desea. Y en este cambio de paradigma global, ante la crisis más grave que ha enfrentado la Humanidad, es de una ceguera tremenda pretender que se mantenga el mismo marco para los negocios. Para desarrollar cualquier proyecto de inversión se debe entender que los recursos naturales son componentes de la naturaleza y que hoy está en crisis. Entonces, una Constitución verde permitiría proyectar las Inversiones con mayor realismo y planificar de acuerdo a los objetivos que nos estamos planteando como país, mediante un marco constitucional y jurídico acorde con estos tiempos, y también respecto de compromisos internacionales, como el tratado de Escazú, que es fundamental que suscribamos como país. De lo contrario, nos perdemos la oportunidad de enfocarnos en un plan de acción para construir una sociedad que enfrente los desafíos ambientales y climáticos con mayor diálogo y participación de todos los involucrados, además de permitirnos aprender de los países más experimentados.
Sin embargo, el presidente Piñera rechaza firmarlo, a pesar de que fue uno de los mayores impulsores.
Fue una decisión gravísima que afectó gravemente nuestra reputación y seguirá penando al gobierno por mucho tiempo.
¿Cuál es su explicación?
Nadie sabe a ciencia cierta cómo se gestó esa resolución tan intempestiva, que de hecho se tomó justo cuando la delegación chilena iba arriba del avión camino a la ONU para la ceremonia de firma…
Muy seria, agrega: -Parte del sector empresarial pudo haberse sentido amenazado y temió que, por efecto de la firma, se ampliaran los espacios de participación ciudadana, lo que haría más lenta la entrega de permisos ambientales. Aquí pesó la convicción del presidente Piñera de que la participación ciudadana es una barrera al crecimiento. NO puedo entenderlo de otra forma.
En ese sentido, una eco-Constitución también podría ser vista como una amenaza al plantear mayores espacios de participación ciudadana en la justicia ambiental.
Aunque no he visto esa preocupación de una manera explícita. Como CDA hemos planteado que se debe redefinir la garantía constitucional para adecuarla al estándar internacional de los Derechos Humanos, que abarca el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sostenible, garantizando el acceso a información transparente y justicia ambiental, entregando al Estado las herramientas efectivas a nivel institucional, lo que incluye profundizar las competencias de los distintos órganos del Estado y reforzar la coordinación, que es muy importante. Además, estoy convencida de que la obligación de proteger la naturaleza y asegurar un clima seguro no debe estar radicada en el Ministerio de Medioambiente...
¿No?
Muy lejos de eso: debe ser responsabilidad exclusiva del Ministerio de Hacienda, que es el que define el presupuesto nacional y por tanto las prioridades del país, La acción climática debe estar inserta en la planificación de la infraestructura, en las consideraciones de cómo usamos el territorio, incorporar herramientas efectivas a través de todo cl aparato estatal. Sin embargo, en el 2019 la protección del medioambiente representó sólo el 1,2% del presupuesto nacional...
¿Qué pasaría con el derecho a propiedad dentro de la futura Constitución?
Sin duda deberá establecer límites a su ejercicio como también respecto del desarrollo de cualquier actividad económica, considerando la urgencia de cuidar nuestro capital natural.
Se trata de un tema controvertido para muchos empresarios.
En la Constitución del '80 se reconoce las limitaciones que derivan de la función social, lo que incluye la conservación del patrimonio ambiental; ya lo tenemos incorporado pero no se ha expresado de manera suficiente; han faltado mecanismos y hoy lo que corresponde es reforzar.
¿Qué pasaría con los derechos de agua, por ejemplo?
Será imposible que a futuro alguien pretenda hacer uso de todos sus derechos de agua; la crisis será cada vez más aguda y muchos de esos recursos dejarán de existir. La nueva Constitución deberá establecer prioridades. De hecho, uno de los temas que hoy se está tratando en la Convención es el derecho de la naturaleza al agua.
Qué interesante... ¿Hay precedentes en el mundo?
No lo he visto en otras constituciones; nuestra futura carta magna sería la primera.
¿Y eso cómo se concreta, considerando que la naturaleza no se puede representar a sí misma?
Nunca se logrará una solución óptima porque ella no tiene obligaciones y tampoco puede acudir a un tribunal...
Inevitablemente habría que darle cuerpo a través de instituciones y de personas.
"Nuestro capital natural está gravemente amenazado"
¿Qué pasaría con algunas actividades productivas que son intensivas en el uso de agua, como la agricultura, la minería o la forestal?
La Constitución debe incorporar un nuevo marco para desarrollarlas, reconociendo las limitaciones del ejercicio de los derechos a la libre actividad económica y el derecho a propiedad. Eso es evidente, sobre todo tomando en cuenta las advertencias de los científicos sobre el riesgo de que la temperatura global siga en aumento. Si no, ¿con qué cara vamos a mirar a las futuras generaciones? Nos está interpelando la Historia.
Preocupada, agrega: Nuestro capital natural está gravemente amenazado. En el informe sobre Economía y Diversidad de Partha Dasgupta (el prestigioso economista indio nacionalizado británico) realizado por encargo del Departamento del Tesoro del Reino Unido, éste cuantificó el valor del capital natural y cómo lo estamos perdiendo. Ahí él demostró que los costos de la inacción son más altos que el de la acción ambiental; para la sociedad será mucho más caro permitir la explotación y producción al ritmo en que hemos venido haciéndolo, que asumir los costos que implica la adaptación.
Una discusión que también debiera estar presente hoy en la Convención, ¿cómo percibe este debate?
Me pareció un gran paso la votación transversal que declaró a la Convención en emergencia climática y ecológica.
En el Observatorio Constitucional Ambiental de la CDA, revisamos los argumentos de cada uno de los 154 constituyentes y, más allá de las diferencias políticas o ideológicas, vimos un gran acuerdo respecto a la urgencia de proteger nuestro medioambiente. Te doy tres ejemplos: la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Camila Zárate (Lista del Pueblo), dijo que tenemos que ocuparnos de la protección de los glaciares, evitar la devastación que han significado los monocultivos, dar una señal categórica para poder construir una sociedad del buen vivir. Luego, en una postura más de centro, Fuad Chahín (ex presidente de la DC), adhiere a la problemática desde una concepción cristiana —y cita—: 'Se trata de un imperativo moral actuar contra el cambio climático y dar una señal de compromiso poniendo a la persona y al medioambiente en el centro porque de planeta es nuestra casa común'. Y luego, en el otro extremo, Marcela Cubillos (ex ministra de Medioambiente y Educación de la UDI), vota a favor: 'para que la lucha contra el cambio climático y la promoción de una economía circular sean un objetivo país'. NO sólo eso: ella también dice que se debe terminar con las zonas de sacrificio, poner eje en la justicia ambiental y promover 'la libre y sustentable República de Chile, conscientes de que las futuras generaciones no podrían entender la indolencia con la que dejamos avanzar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad'...
Sin embargo, se teme que José Antonio Kast pueda transformarse en un obstáculo; de hecho, el propio Sebastián Sichel exige, entre sus nueve condiciones para apoyar su candidatura, un reconocimiento explícito a la incidencia humana en el cambio climático…
Me parece muy preocupante que cualquier persona con liderazgo político se atreva a poner en duda el consenso científico. No veo lo mismo en otros sectores de la derecha. Cuando expuse en la Comisión sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía, Eduardo Cretton (UDI) señaló que hay que mantener una economía de libremercado, asegurar condiciones para las inversiones pero que ya no puede desconocer la necesidad de proteger el medio ambiente y tener una acción climática robusta como una condición necesaria para el desarrollo.
¿Dónde más ve amenazas?
Hace tiempo que me preocupa la manipulación de las voluntades y las conciencias a través de las redes sociales. Enfrentar a las personas a la información, a los conocimientos y la comprensión del futuro, permite consensos mucho más rápidos porque impera el sentido común y la sensatez. Debiéramos proscribir de la política el mal uso de la información. Esa es, de hecho, nuestra mayor urgencia.