Como un importante avance en el fortalecimiento de la Libre Competencia. Ese fue el común denominador que cruzó el análisis realizado por autoridades, parlamentarios y académicos en el seminario organizado por la Facultad de Derecho de la U. de Chile y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo para abordar las implicancias de la nueva Ley de Fortalecimiento del Sistema de Defensa de la Libre Competencia, recientemente promulgada.
El seminario, realizado en el Aula Magna del edificio de Pío Nono 1, se desarrolló como la primera instancia de reflexión en profundidad de la nueva normativa que nació luego de los bullados casos de colusión que afectaron el mercado local en los últimos años, como fue la colusión de precios de medicamentos en tres cadenas de farmacias, empresas vinculadas a la producción de pollos y papel tissue, entre otros.
Entre los principales expositores estuvo el decano de la Facultad, Davor Harasic; el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes; el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irrarázabal; el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Enrique Vergara; los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, María de la Luz Domper, Javier Tapia y Jaime Arancibia; además de los senadores Felipe Harboe y Hernán Larraín; el director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad, profesor Francisco Agüero y los académicos de la Facultad, Antonio Bascuñán y Nicole Nehme, entre otros.
DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
Junto con destacar la rapidez con que se forjó un consenso para fortalecer el sistema de defensa de la libre competencia y, al mismo tiempo, advirtiendo las altas concentraciones que padecen sectores de nuestro mercado (como el bancario, telefonía móvil, cigarrillos, cervezas y farmacias, por mencionar algunos), el Decano Harasic planteó el desafío que implica la implementación de esta nueva normativa.
En este sentido, explicó que se encuentra la fórmula para criminalizar la colusión, la que a su juicio se optó “polémicamente por un modelo que condiciona la persecución penal, por parte del Ministerio Público, a la interposición de querella por parte del Fiscal Nacional Económico, siempre que el TDLC ya haya establecido la existencia de la respectiva colusión por sentencia firme y ejecturiada”.
“Cabe preguntarse si acaso no ello no generará el riesgo de una confusión de las exigencias y estándares propios de una y otra sede, y en último término el riesgo de una clausura procedimental de la efectividad de la criminalización”, planteó el Decano.
Por su parte, el ministro Céspedes también valoró la celeridad con que se aprobó la nueva ley en el Congreso y explicó que ahora con la Ley Nº 20.945, el sistema de defensa de la libre competencia cuenta con nuevas facultades.
“Esta una reforma integral que estamos seguros que contribuirá a dinamizar nuestros mercados a fin de estimular el emprendimiento y la innovación (…) Con la nueva ley de Libre Competencia, el mercado va a funcionar”, enfatizó el Secretario de Estado.