El pasado 20 de abril, tuvo lugar el Conversatorio sobre Consideraciones para el desarrollo de un Proyecto de Ley de Cambio Climático en Chile, organizado por el Ministerio del Medio Ambiente y el Columbia Global Center de Santiago.
En la actividad, que tuvo lugar en el Auditorio del Ministerio del Medio Ambiente, participaron Maritza Jadrijevic Girardi (Jefa del Departamento de Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo de Capacidades del Ministerio del Medio Ambiente), la profesora Valentina Duran Medina (Directora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile) y el profesor Michael Burger (Director Ejecutivo del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia).
La actividad comenzó con una presentación general y de contexto del cambio climático en Chile, a cargo de Maritza Jadrijevic, quien realizó un repaso histórico desde la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la ratificación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1995. Jadrijevic se refirió, también, al Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017-2022, que tiene como objetivo hacer frente a los desafíos que plantean en el corto y mediano plazo los impactos del cambio climático en el territorio nacional y promover la implementación de los compromisos adoptados por Chile ante Naciones Unidas, teniendo como ejes de acción la adaptación, la mitigación, los medios de implementación y la gestión del cambio climático regional y comunal.
Dando cuenta de trabajos previos realizados por el Centro de Derecho Ambiental y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, la profesora Valentina Durán, se refirió a la experiencia latinoamericana, a la viabilidad y necesidad de una ley de cambio climático y a las propuestas de contenidos mínimos.
Respecto del primer punto, destacó que los contenidos de las legislaciones comparadas incluyen: medidas de mitigación, medidas de adaptación, financiamiento, principios, objetivos de reducción de emisiones, obligaciones intersectoriales, participación social y monitoreo. En cuanto a las motivaciones en América Latina, el cambio climático surge fuertemente asociado a la seguridad nacional, a la reducción de emisiones y al enfrentamiento de los costos de la inacción.
En cuanto a la viabilidad (política, social y económica) y a la necesidad de una Ley de Cambio Climático para Chile, destacó el Proyecto Prosperity Fund sobre Legislación Climática, cuya propuesta de contenidos mínimos incluye crear conciencia social sobre el cambio climático y sus impactos, detener el avance de los impactos del cambio climático y disminuir la vulnerabilidad del país, las emisiones de gases de efecto invernadero y las pérdidas producto de episodios climáticos extremos.
La profesora Duran, también se refirió a la reciente sentencia de la Corte Suprema de la República de Colombia, que siguiendo el criterio de la Corte Constitucional, declaró al Río Amazonas como sujeto de derechos, estableciendo una relación de causalidad entre las emisiones, ciertas actividades y el cambio climático.
Por último, comentó la Ley Marco sobre Cambio Climático de Perú, dentro de la cual los proyectos de inversión están sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, una herramienta que es difícil entender que no tengamos en Chile.
Finalmente, y con la traducción simultánea de Robert Currie (abogado de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente), el profesor Michael Burger expuso sobre las consideraciones en el proceso de desarrollo de una ley de cambio climático.
El profesor Burger comenzó su presentación destacando las bases de datos de litigación en cambio climático y leyes sobre cambio climático elaboradas por el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia, esta última, mantenida junto a The Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment del London School of Economics and Political Science.
En su exposición, el profesor Burger, se refirió a los beneficios de una ley marco sobre cambio climático, entre los que se encuentran el impulso (el apoyo político, institucional y de la ciudadanía), la efectividad, la coordinación y la eficiencia (de los diferentes sectores y autoridades implicados) mencionados también por la profesora Duran. En palabras del académico, una ley sobre cambio climático debería considerar crear continuidad en el tiempo, mantener la coherencia con las políticas ambientales, crear legitimidad para las acciones del gobierno y, finalmente, ser tan efectiva como sea posible.
Por lo que respecta a los elementos estratégicos, la legislación debe decidir si establecer compromisos vinculantes o un marco de trabajo para la regulación, si establecer un cuerpo de toma de decisiones dentro del gobierno o como una entidad independiente que pueda asesorar al Ejecutivo y decidir si el nivel apropiado de decisiones estará en la autoridad nacional o en niveles subnacionales.
El profesor Burger finalizó su exposición explicando que una legislación sobre cambio climático debe hacerse cargo de los diferentes elementos sectoriales, no sólo aquellos entregados al Ministerio del Medio Ambiente, y, también, hacerse cargo de su relación con instrumentos internacionales (como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y su integración con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.