El Acuerdo de París establece en su artículo 3° que, en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs), las Partes deben realizar y comunicar sus esfuerzos ambiciosos con miras a alcanzar el objeto del Acuerdo, esto es “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza” y para ello, entre otras cosas, “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.
En cuando a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, el Acuerdo establece que, en su actualización, las Partes representarán una progresión con respecto a su NDC vigente y “reflejará la mayor ambición posible de dicha Parte, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales”.
Aterrizando el Acuerdo a nivel doméstico, el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, que actualmente se tramita en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, incluye entre los instrumentos de gestión del cambio climático a la Contribución Determinada a Nivel Nacional. Así, el proyecto establece que la NDC “es el instrumento que contiene los compromisos de Chile ante la comunidad internacional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar medidas de adaptación” de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
A propósito de la actualización de la NDC de Chile, presentada este semestre por el Ministerio del Medio Ambiente, la profesora Ana Lya Uriarte Rodríguez (investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile) participó el 13 de abril en la sesión sobre la meta de carbono neutralidad de Chile en tiempos del nuevo coronavirus del «Ciclo: La Revolución Cero Emisión de Chile», organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Fundación Chile 21.
En el encuentro la profesora Ana Lya Uriarte se refirió a su rol como primera Ministra del Medio Ambiente de Chile en el primer compromiso de nuestro país y relató la evolución que ha existido en la materia desde la COP15 realizada en Copenhague. En esta línea, recordó las dificultades políticas de la época y destacó que el mandato presidencial de la delegación que le tocó presidir –pese a que, como país en vías de desarrollo no estábamos obligados a tener compromisos de reducción de emisiones–, era asumir un compromiso de reducción en el contexto en que se encontraba nuestro país en el año 2009: “era un tema que tenía que ver con la ética, más que con una cuestión cuantitativa”.
Respecto a la evolución que experimentó la preocupación climática desde entonces, subrayó que “hoy día hay una evidencia incuestionada respecto de los impactos negativos del cambio climático recogidos por el «Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC», respecto a que necesitamos de una carbono neutralidad al 2050 para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París (…) hay una base para lograr los objetivos de la carbono neutralidad al 2050 que tiene un sustento científico-académico-social-político muy importante, y esa es una cuestión central”.
La investigadora del Centro de Derecho Ambiental también recordó el informe «The Economics of Climate Change: The Stern Review» de Sir Nicholas Stern (en donde se concluye que “es más barato tomar medidas para combatir el cambio climático que soportar los efectos del cambio climático”) y la importancia de incorporar los derechos humanos en el debate: “la incorporación hoy día –y aquí está el aprendizaje– de los derechos humanos como un factor clave a la hora de generar compromisos –cuestión que se relaciona en nuestro compromiso con una transición justa, la participación de la sociedad civil, el rol que se le otorga a la economía circular, etcétera–, tiene que ver con respetar los mandatos de las Naciones Unidas respecto de cómo deben incorporarse los derechos humanos en relación a los sectores más postergados”.
En el prólogo de la nueva NDC se sostiene que “la participación decidida de todos los actores –públicos, privados, sociedad civil, academia, Ciencia y la ciudadanía en su conjunto– es esencial para poder tomar buenas decisiones e implementar nuestros compromisos”. Respecto al tratamiento de la participación ciudadana, la profesora Uriarte comentó que si nuestra NDC “pone por escrito que es necesario incorporar a las personas en todos los niveles de decisión, tener una voz de la sociedad civil, de la academia, etcétera, sigue siendo incomprensible y es incoherente con esta política la no firma y ratificación del Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe)”.
En este sentido aseveró que “sigue siendo una tarea pendiente, porque cuando los tribunales se tengan que pronunciar respecto de estas materias, cuando tengamos que formular políticas públicas y dictar regulaciones, el tener el marco jurídico de un tratado –que va ser incorporado como tratado de derechos humanos a nivel constitucional por el artículo 5° de la Constitución– es importante (…). Toda esta declaración respecto de la importancia de la participación ciudadana pierde sentido cuando no está ratificado el Acuerdo de Escazú”. Respecto a los desafíos de nuestro país indicó que “cuando no hay institucionalidad de una jerarquía política e institucional de nivel superior, cuesta materializar las voluntades declaradas y los compromisos asumidos (…). Por eso, una institucionalidad del cambio climático es clave a la hora de lograr hacer frente a estos compromisos que estamos asumiendo y a este camino a la carbono neutralidad al año 2050, más aún –y esto es muy importante decirlo– cuando estamos en un contexto de nuevo coronavirus”.
“Cualquier política que hoy día se pretende implementar –sea de cambio climático, de medio ambiente, de transportes, de lo que sea– tiene que ser sobre la base de la descentralización, y este tiene que ser un eje que cruce transversalmente en política pública y en la gestión pública, y la sociedad civil lo exige (…). Hoy día hay una incorporación distinta respecto de la urgencia de la voz de las regiones [distintas de la Metropolitana] y de los espacios locales”, aseguró la académica de la Universidad de Chile.
Respecto de la mención de la NDC a la COVID–19 y que “esta situación puede resultar en una crisis sanitaria que requiere de nuestra atención y ocupación. En este sentido, nuestra prioridad está en superar esta crisis y en transitar hacia el desarrollo sustentable con un enfoque pragmático y transversal, teniendo como ejes centrales el bienestar de las personas y el territorio”, expresó que “la alerta que quisiera poner es la siguiente: no puedo estar más de acuerdo con que es un objetivo enfrentar la crisis sanitaria y hacerse cargo de una pandemia, pero, ojo, con los argumentos que puedan servir para relajar normas ambientales, que, en definitiva, precisamente colisionan con los intereses de enfrentar crisis sanitarias. Aquí hay una cuestión muy importante para no volver a poner en dicotomía ‘protección ambiental / lucha contra el cambio climático / protección de las personas’ con ‘desarrollo económico’, que tenga que ver con postergar, flexibilizar y hacer más laxos los límites de controles a emisiones y otras tareas”.
Por último, concluyó que “hoy día el Estado va a ser fuertemente demandado desde un punto de vista económico para ir en respuesta a todas las consecuencias que está teniendo el nuevo coronavirus. Hay que hacer compatibles esas medias, con aquellas que apuntan en la lucha contra el cambio climático”.