En el contexto del complejo escenario que enfrenta el sistema judicial en Chile y del reciente envío del proyecto de ley sobre nombramiento de jueces, el Departamento de Derecho Procesal organizó una instancia de reflexión académica que tuvo como principal expositor al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo.
El Ministro compartió testera junto al Decano, Pablo Ruiz-Tagle; la directora del Departamento de Derecho Procesal, Renée Rivero; la profesora de la Universidad de Girona, de España, Teresa Armenta; y el profesor de la cátedra de Derecho Procesal de nuestra Facultad, Cristián Maturana.
En su intervención, el ministro Gajardo reconoció que el sistema de justicia chileno vive una etapa compleja, lo que motivó la presentación del proyecto. “Sucesivas encuestas y mediciones muestran que nunca habíamos tenido una confianza tan baja en nuestro sistema de justicia. Y eso es muy significativo para nuestra democracia, porque al final el sistema de justicia y el Poder Judicial son parte de los pilares centrales de nuestra democracia”, dijo la autoridad.
Asimismo, explicó que la reforma recoge los antecedentes de iniciativas previas y es una propuesta que apunta a corregir dos aspectos: el sistema de nombramiento de jueces y la administración del Poder Judicial.
También hizo referencia a que el Consejo de Nombramientos de Jueces tendrá las atribuciones de seleccionar después de un proceso de concurso que se centrará en el mérito de los procedimientos, estandarizando la forma en que las jueces llegan a los escalafones del poder judicial. Apuntó que “lo que nosotros buscamos con la propuesta es que no tengamos un Consejo que genere posibilidades o que corra el riesgo de corporativismo, pero tampoco creemos que se tiene que llevar a la politización de la elección de jueces o juezas. Entonces esos términos medios son siempre complejos de alcanzar. El objetivo que nosotros tenemos, por ende, es ver todas las propuestas y recomendaciones que surjan, si se comparte el objetivo de mejorar”.
El Decano, Pablo Ruiz-Tagle, comentó algunos aspectos del proyecto de ley, que surge en medio de los cuestionamientos a la profesión jurídica, a raíz del caso Audios. "Hay muchos aspectos que deben ser enfrentados, y la propuesta del gobierno, independiente que en algunos de sus puntos puedan ser opinables y controvertidos, es una reacción apropiada a lo que hemos estado viviendo", agregó.
En su presentación, si bien el Decano manifestó sus reparos con la idea de la iniciativa de separar los aspectos jurisdiccionales de los administrativos, entre otros, destacó el carácter sistemático de la propuesta, además de "establecer algún grado de mérito en el nombramiento de los magistrados cuando accedan a sus cargos y la forma como se regulan los conflictos de intereses".
Por su parte, la profesora, Renée Rivero, señaló que "el proyecto del ejecutivo se presenta en uno de los períodos más oscuros que ha vivido el Poder Judicial en el último tiempo”, tras confirmarse la remoción de la ex ministra Ángela Vivanco y la destitución del ex ministro Sergio Muñoz tras aprobarse una acusación constitucional. La reforma a la justicia “es un tema difícil, donde no hay soluciones absolutas ni perfectas, y donde el equilibrio entre independencia judicial y soberanía nos pone en una encrucijada", añadió.
El caso español
La catedrática, Teresa Armenta, expuso sobre el “Libro Blanco de la Justicia” española, que constituyó una propuesta integral de reforma del sistema de la justicia en España, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial y que fue presentado en 1997.
La profesora invitada se refirió a los aspectos sustantivo del modelo de justicia en España, en particular, los beneficios que significa el sistema de oposiciones de acceso a la carrera judicial, lo que brinda transparencia y probidad al proceso. Este sistema consiste en la celebración de una o más pruebas para determinar la capacidad y aptitud de los aspirantes a un cargo y fijar su orden de prelación.
La académica señaló que los jueces se deben “proteger, no en el sentido de proteger sus privilegios, o su idea de casta o su corporativismo, sino en el ejercicio de su función”. “Y no me refiero a un juez de la Corte Suprema, sino a un juez que resuelve en primera instancia, porque es el primer lugar donde el Estado de Derecho da respuestas a muchas cuestiones", reflexionó la académica.
Entre otros aspectos, la académica se refirió a la manera de estructurar los órganos dentro del Poder Judicial español, explicando la existencia de la llamada Oficina Judicial, órgano abocado a la administración de justicia, con el fin de “separar un poco el juzgar del administrar” dentro del aparato.
Teresa Armenta felicitó a la Facultad por la realización de la jornada, en especial, por poner en discusión la propuesta del ejecutivo. En su opinión, no hay nada que “dé un mayor refuerzo a un proyecto”, que someterlo a debate por parte de la academia y sus ciudadanos”, expresó la académica.
Una política de Estado
Finalmente, el profesor, Cristián Maturana, fue más allá del proyecto presentado por el ejecutivo e hizo un llamado a avanzar en las otras propuestas que se han impulsado para reformar la justicia. Enfatizó en que "mientras no tengamos una política estatal de largo plazo, no se va a cumplir, porque este no puede ser entendido como un problema de gobierno de turno, sino que es un problema de Estado".
Destacando puntos altos y bajos de la iniciativa, el profesor concluyó que “estar de acuerdo, absolutamente, no en estos cambios, sino en muchos cambios más que se deben hacer como una política de Estado, que son necesarios de llevar a cabo, lo que significa aprobar las reformas constitucionales, rearmar los proyectos orgánicos y asegurar financiamiento”.