Luego de un trabajo de casi dos años, el pasado 6 de mayo en el Palacio de La Moneda, la Comisión para la Paz y el Entendimiento hizo entrega del informe final al Presidente Gabriel Boric. El documento contiene una serie de propuestas en busca de una solución de largo plazo a la problemática territorial mapuche en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Con el objetivo de analizar los alcances del documento, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho organizó el conversatorio “Informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento ¿Oportunidad para avanzar?”, reuniendo a voces influyentes del mundo mapuche, quienes presentaron de manera presencial y telemática sus apreciaciones y críticas sobre el documento, además de visualizar qué viene hacia adelante.
El profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, dio el puntapié inicial al encuentro y detalló parte de las 21 recomendaciones que contiene el informe final de la Comisión. Entre las propuestas se encuentran diversos ejes de acción que involucran medidas institucionales y de reparación a las víctimas de la violencia en el sur del país, aunque, a juicio del académico, el tema central fue generar una mejor respuesta a la demanda de tierras.
También se analizó la idea de destrabar restricciones al uso de los terrenos mapuche y modificar el sistema de compra de predios por la Conadi para ser entregados a las comunidades, parte de las recomendaciones del informe que fueron ampliamente analizadas en el encuentro.
El profesor Millaleo explicó que el documento final “propone un fondo de US$4.000 millones y un conjunto de formas en que pueden disponerse las tierras para que el Estado vaya satisfaciendo” la demanda histórica con el pueblo mapuche, aunque advirtió que “no dice con mucha claridad cómo se va a generar la base de financiamiento de este fondo”, lo que produce cierta incertidumbre económica.
En cuanto al tema de la seguridad, el profesor Millaleo resaltó que, si bien este no fue el objeto de la Comisión, “las propuestas de crear una institucionalidad superior que coordine la política indígena o generar formas de representación, incluyendo la recomendación de volver al proyecto de Consejo de Pueblos Originarios u otras formas de representación, abre canales de legitimidad que le van a quitar un piso a la legitimización de la violencia”.
Opiniones dentro del pueblo mapuche
A continuación, el werken del territorio nagche, Galvarino Reiman, expuso su visión sobre el informe, al que definió como un mecanismo institucional de solución para el conflicto que tiene Chile con el pueblo mapuche. “Después de estudiar los contenidos en materia de tierras, confiscación del territorio, reconocimiento constitucional, derechos sociales, reparación, tengo una opinión relativamente y parcialmente positiva”.
Sin embargo, el expositor reconoció que el informe es solo un primer paso, dado que lo que viene es una consulta indígena, en torno a las diferentes medidas que se propongan desde el Estado. En esta instancia, “si nuestra gente no está preparada, puede llevar a una situación confrontacional interna y eso nos va a conducir a cualquier lado, que incluso puede alimentar la inseguridad”.
“Veo este informe como una herramienta o un instrumento para generar una discusión interna, pero también una discusión externa. Es decir, desafiar al Estado, a las instituciones y a los partidos políticos; decirles que se decidan, porque si no uno ya piensa que este tema no tiene futuro y, a la larga, los únicos perdedores somos el pueblo mapuche”, apuntó Reiman.
Por su parte, la abogada y ex convencional constituyente, Rosa Catrileo, resaltó como un hito relevante que el informe naciera desde un acuerdo entre partidos políticos, lo que “daba la esperanza de que se avanzaba en tratar este conflicto de manera política, que es lo que corresponde, y no como asistencia social”.
En cuanto a los contenidos del texto, la abogada advirtió que queda débil al dejar de lado el tema de la representación política, “porque el problema no es solo la compra o no de tierras, sino que tiene que ver con la exclusión en el poder político”.
“Hoy no existe ninguna posibilidad de contar representación política. Aquellos que tenemos una responsabilidad política, sabemos lo relevante que es estar donde se toman las decisiones, donde se corta la torta, como hemos dicho en repetidas oportunidades. Hoy se presentan una serie de propuesta que se discutirán en el Congreso y ahí la representación política, más allá de quienes cuentan con ascendencia mapuche, hoy día no está”, agregó Catrileo.
El estudiante de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y dirigente mapuche de Cerro Navia, Andrés Calfuqueo, dijo que tiene una mirada esperanzadora en el informe, “en la medida que han existido ocho instancias de acuerdo desde 1990 hasta 2023. Ésta sería la novena que da una oportunidad, pero hay que articularse mejor con respecto al alcance de las medidas”.
Calfuqueo profundizó en la consulta indígena, donde muchas comunidades tendrán que señalar si están a favor o en contra del proceso. Sostuvo que “mi llamado es que en los procesos políticos, en los cuales se trata de gestionar una controversia tan grande, hay que adaptarse, porque en general se debe lograr un equilibrio entre la convicción y la responsabilidad, y yo al menos creo que es responsable apoyar el informe con fuerza”.
Finalmente, el presidente de la Corporación Encuentro Nacional Mapuche (ENAMA) y coordinador del “Movimiento Mapuche por la Paz”, Hugo Alcaman, señaló que el informe es una oportunidad para el pueblo mapuche, ya que llama a pensar en comunidad qué hacer para evitar su desaparición. “Yo no quiero que desaparezca el pueblo mapuche y lo que está en juego es nuestra existencia”.
El dirigente dijo que “este informe nos abre una oportunidad para que los mapuches empecemos a reunirnos, a juntarnos, a hacer este tipo de seminarios, donde pongamos al lado las distintas posturas ideológicas partidistas porque esas posturas, definitivamente a la hora de hablar del pueblo mapuche, quedan fuera”.
La actividad fue moderada por el profesor del Departamento de Derecho Económico, Abel Piñones, quien valoró la instancia de diálogo entre personas que estaban presentes en Santiago y en el territorio, en el sur del país. El docente destacó que “se logró hablar sobre diferentes tópicos abordados en el informe entregado al Presidente de la República, del que se espera que puedan salir diferentes medidas administrativas que den una solución a largo plazo al conflicto territorial mapuche”.
Acerca de la Comisión
La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento fue una instancia transversal creada en 2023 con el objetivo de liderar un proceso de diálogo y acuerdos para canalizar institucionalmente las demandas de restitución de tierras y reparación por parte del pueblo mapuche. Estuvo compuesta por ocho comisionados provenientes de distintos sectores y de ellos cuatro son de origen mapuche.
La instancia contó con dos excopresidentes, el exministro Alfredo Moreno y el senador Francisco Huenchumilla, y sus integrantes fueron la diputada socialista Emilia Nuyado; la trabajadora social y encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del Gobierno Regional de Biobío, Gloria Callupe, y el alcalde de Tirúa y exconvencional constituyente, Adolfo Millabur; la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena; el abogado especialista en derecho internacional y exasesor de la Comisión Asesora de La Araucanía, Nicolás Figari; y el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y el único voto disidente en algunas propuestas, Sebastián Naveillán.
Durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión, se desarrollaron sesiones oficiales, audiencias, diálogos interculturales y autoconvocados, que, entre julio de 2023 y enero de 2025, contaron con la participación de más de 5 mil personas de 31 comunas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.