El Departamento de Ciencias del Derecho organizó una mesa redonda, titulada “Integrando miradas latinoamericanas de norte a sur: democracia, política y nuevas tecnologías", en la que se presentó una visión sobre el tema desde México y Chile.
Así, las exposiciones de la jornada fueron entregadas por la investigadora del Observatorio de Políticas Públicas con enfoque de Derechos Humanos, de la Universidad Veracruzana, Flor Vargas Ortiz, y el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Fuentealba Hernández. Originalmente, la actividad también iba a contar con la exposición de la profesora de la Universidad de Buenos Aires, Verónica Lescano Galardi, sin embargo, debió suspenderse por motivos de fuerza mayor.
La profesora Vargas expuso, de manera telemática, sobre la reciente reforma al Poder Judicial en México, que derivó en una elección ciudadana de ministros, jueces y magistrados a nivel federal y estatal, realizada el pasado 1 de junio. Este proceso, considerado un parteaguas en la vida judicial del país, dejó entrever la incidencia de las plataformas digitales en las campañas de las personas candidatas, dentro de una jornada electoral paradigmática.
En este contexto, la invitada internacional advirtió sobre el papel de las redes sociales, donde se observó un alto número de mensajes de odio hacia personas elegidas que pertenecen a algún pueblo indígena o también contra aspirantes mujeres. La profesora dijo que se observó censura contra algunas personas y sus análisis jurídicos respecto al proceso.
En cuanto a la reforma, Flor Vargas señaló una serie de problemas identificados por especialistas y catedráticos mexicanos, como que la elección popular de personas del Poder Judicial no va a garantizar una mayor legitimidad ni una mayor calidad en las decisiones judiciales. Además, muchas personas electas no cuentan con los conocimientos y las competencias necesarias para desempeñar la función judicial, ya que no se pidió que hubiera una carrera judicial como requisito de postulación.
“Estamos ante un proceso plagado de dudas e inconsistencias que se van a ir resolviendo durante el camino. En el 2027 se va a volver a efectuar este ejercicio, así tenemos dos años para observar analizar e identificar cuáles son las fortalezas y debilidades”, concluyó la especialista.
Acerca de la regulación de las neurotecnologías
Desde la óptica chilena, se abordó la problemática de la regulación de la neurociencia, las neurotecnologías, su compatibilidad con los derechos humanos y las cuestiones éticas que implican: la protección de la vida privada y de datos personales, las limitaciones a las pretensiones de control social a través de las tecnologías de vigilancia masiva y la manipulación de la opinión pública.
Inicialmente, el profesor Fuentealba se refirió a la regulación constitucional y al proyecto de ley de neuroderechos, cuyos objetivos apuntan a proteger la integridad física y psíquica de las personas a través de la protección de datos neuronales, el derecho a la autonomía o libertad de la decisión individual y el acceso sin discriminaciones arbitrarias a las neurotecnologías, y garantizar la información a los usuarios de neurotecnologías sobre sus potenciales consecuencias negativas y también el control sobre los dispositivos.
“Si no resguardamos estos derechos adecuadamente vamos a exponernos a una situación en sumo riesgosa, debido a que el derecho está pensado y sigue siendo pensado en un mundo que ya no existe”, afirmó el académico.
Su explicación apuntó a que la nueva realidad está compuesta de personas expuestas a lo que podría llamarse como un concierto de voces permanente, como cuando se interactúa con el teléfono y, al mismo tiempo, se observa algún programa de televisión o se transita por la calle o se está en medio de una conversación grupal.
“Ese es el concierto de voces permanente y esa es la realidad mayoritariamente establecida por las interacciones humanas hoy”, recalcó.
El profesor planteó que el desafío actual es regular cuestiones que tienen consecuencias insospechadas.
“Es cosa de pensar la cantidad de delitos que se pueden efectuar a través de redes sociales, como bullying y sus consecuencias en las tasas de suicidio infanto-juvenil, afectaciones a la intimidad cuyas definiciones el derecho no ampara, videograbaciones, fotografías, datos personales, cuestiones íntimas, sentimientos o emociones en momentos de crisis, entre otros. De ahí la necesidad de promover una regulación del más alto nivel”.
Su mirada final fue un llamado a la esperanza, en el sentido de que la legislación ya está tratando de hacerse cargo de esta nueva realidad, a través del derecho.
“El derecho es una de las herramientas que podrían utilizarse para, por lo menos, atenuar esta realidad que ya está entre nosotros y que puede socavar las bases mismas de nuestra convivencia”, concluyó.
Tras las ponencias, se generó un enriquecedor diálogo con los asistentes a la actividad, quienes plantearon sus consultas a los ponentes.