La invetigadora del Centro de Estudios en Derecho, Tecnología y Sociedad (CE3) de la Universidad de Chile, Danielle Zaror, el profesor del Departamento de Derecho Comercial, Claudio Magliona, y el académico Daniel Álvarez, en su calidad de director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, participaron el pasado 5 de junio en la primera sesión de la Comisión Asesora para la implementación de la Ley 21.719, que crea la Agencia de Protección de Datos Personales y regula el tratamiento de los mismos.
La instancia es organizada por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y tiene como misión asesorar al Ejecutivo en la implementación de la normativa que permitirá a Chile tener estándares internacionales en materia de protección de datos personales. La ley fue publicada en el Diario Oficial en 2024 y tiene una vacancia de dos años, por lo que entrará en vigor en diciembre de 2026.
Tras la jornada, el profesor Magliona resaltó que "la comisión tiene una ambiciosa tarea por adelante, que es hacer un diagnóstico general de las acciones necesarias que el Ejecutivo debe impulsar para el cumplimiento de la nueva normativa sobre datos personales, desde una correcta institucionalidad, hasta quizás, proponer necesarias modificaciones reglamentarias y legales, para facilitar la puesta en marcha de la nueva ley".
En este sentido, el profesor, quien cuenta con más de 20 años de enseñanza en temas de datos personales, propiedad intelectual y regulaciones digitales, enfatizó que la Ley 21.719 "es necesaria para Chile en el camino de la adecuada protección de datos y balance con la necesidad de la sociedad de contar con información para realizar actividades sociales, económicas y de toda clase".
Por su parte, la profesora Zaror detalló que la implementación de la legislación es un asunto que tiene atentos a los profesionales del sector público y privado.
"La Comisión que integro junto a otros profesionales viene a sumar apoyos a los organismos públicos que deben coordinar la implementación, hasta que la nueva agencia logre verificar su instalación", añadió.
La experta advirtió que uno de los principales desafíos está dado por el hecho que todas las tareas más importantes de la futura agencia están encomendadas por la ley a sus comisionados, los cuales sólo serán nombrados 60 días antes de la entrada en vigencia del texto legal. Mencionó que "esperamos dejar algunas sugerencias de diseño y operación institucional para que el arribo de los comisionados no ocurra sobre una página en blanco. La idea es que ellos estén en mejores condiciones de optar sobre alternativas de gobernanza que les permitan iniciar sus operaciones tan pronto y eficazmente como sea posible.
La Comisión – que deberá entregar un informe con sus recomendaciones en el plazo de 180 días- está presidida por la abogada Romina Garrido, quien cuenta con amplia experiencia en el sector público, en la academia y hoy encabeza las áreas de Protección de Datos, Ciberseguridad e Inteligencia Artificial en el estudio jurídico Prieto Abogados.
También, son parte de esta instancia el encargado de Ciberseguridad de la Contraloría General de la República, Ricardo Arancibia; el director de la Secretaría de Gobierno Digital, José Inostroza; y el coordinador de Modernización del Estado en el Ministerio de Hacienda, Rodrigo Lavanderos. A ellos se suman la jefa de la División Jurídica del Ministerio de Economía, Beatriz von Loebenstein y el asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, José Ruiz.