"Denuncia penal por instructivo FECH" - Miguel Schurmann
Un grupo de diputados de la UDI ha anunciado que presentarán ante el Ministerio Público la próxima semana una denuncia en contra de quienes resulten responsables tras la polémica generada por la inclusión de un apartado titulado “¿Cómo hacerse un aborto seguro con Misoprostol?” en la nueva agenda estudiantil FECH para este año. En dichas páginas se explica cómo hacer un aborto autogestionado con el farmaco mencionado y al margen de la debida asistencia médica.
Si bien el instructivo ha recibido diversas críticas por los riesgos que involucra dicha acción, las críticas se enmarcan dentro de una evaluación de la idoneidad de lo informado dentro de los parámetros de lo que organismos técnicos definen como un aborto seguro. Mas allá de esa necesaria discusión de política pública, llama poderosamente la atención que nuevamente se recurra al derecho penal para intentar criminalizar una conducta que no reviste caracteres de delito.
Publicar información sobre cómo realizar un aborto, no cuenta como realizar alguno de los supuestos de hecho previsto en las reglas de comportamiento que contempla el Código Penal bajo el título de aborto. Tampoco dicha conducta, tanto bajo las reglas del Código penal como las de la lógica, podría ser calificada como un intento de causar un aborto. Al mismo tiempo, suministrar dicha información tampoco constituye una forma de participación que pueda ser imputado accesoriamente a un eventual delito de aborto posterior, ya que, primeramente, publicar información no implica inducir a realizar a abortos, ni menos que dicha inducción sea directamente a otro, en los términos previstos por la ley. Finalmente, publicar en papel información disponible en internet no puede contar, menos en nuestros tiempos, como una coperación a la ejecución de un hecho delictivo que ni siquiera se encuentra actualmente previsto en el plan de un autor (concreto).
Al contrario, presentar una denuncia, intentando criminalizar una conducta no delictiva relacionada con una política pública de la que se discrepa, constituye una instrumentalización del proceso penal, que en caso alguno está destinado a solucionar un problema de esta índole, como la historia reciente lo ha demostrado.