En base a un trabajo riguroso de formación académica y de servicio a la comunidad por parte de estudiantes y profesores de su Clínica Jurídica Ambiental, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hizo efectivo una vez más su compromisos de vincularse con el entorno social y de contribuir a la equidad en el acceso a la justicia.
En este caso, la Clínica Ambiental fue representante jurídico de vecinos de escasos recursos de las comunas de Lo Espejo, El Bosque y San Bernardo afectados por el proyecto de EFE denominado "Mejoramiento integral de la infraestructura ferroviaria tramo Santiago-Rancagua". El trabajo de la clínica permitió demostrar al Tribunal Ambiental de Santiago que las observaciones ciudadanas, en parte relativas al impacto del ensanchamiento y confinamiento de la vía, no fueron debidamente consideradas al momento de la evaluación ambiental del proyecto por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.
En un fallo inédito, el Tribunal Ambiental de Santiago resolvió el 22 de febrero dejar sin efecto la aprobación ambiental otorgada previamente al proyecto, y retrotraer el procedimiento de evaluación hasta la fase de consideración de las observaciones ciudadanas (ICSARA 2).
En el fallo se indica que al ingresar el proyecto como Declaración de Impacto Ambiental (no como Estudio de Impacto Ambiental) y de manera fraccionada, y al omitir obras referidas al confinamiento de la vía y a la circulación de trenes, el titular del proyecto no realizó un adecuado levantamiento de la línea de base humana, ignorando modos de vida de los habitantes, y restringió la participación ciudadana a un breve período con escasa difusión. Como consecuencia de ello, el proyecto no plantea medidas de mitigación y compensación adecuadas.
“Nunca antes un Tribunal Ambiental en Chile había dejado sin efecto una resolución de calificación ambiental a causa de una reclamación ciudadana por no consideración de las observaciones ciudadanas en el proceso de evaluación ambiental”, destacó la profesora María Nora González, Directora de la Clínica Ambiental. Resaltó además que el Tribunal, mediante su fallo, “dota de contenido el concepto de ´debida consideración´, indicando que no sólo es relevante la respuesta formal de las observaciones de la ciudadanía, sino también el tratamiento que la autoridad les haya dado durante todo el proceso de evaluación”.
Vínculo académico y social de clínicas jurídicas
La profesora González destacó el carácter innovador e interdisciplinario del aprendizaje mediante clínicas jurídicas, y resaltó las particularidades de la Clínica Ambiental en el proceso de formación que otorga la Facultad: “Los estudiantes tienen la oportunidad de enfrentar casos reales ambientales, interviniendo a través de vías administrativas, jurisdiccionales, y de negociación, recurriendo además a expertos de otras facultades de la Universidad de Chile cada vez que la especialización de los casos lo demanda, cuestión habitual en los conflictos socio ambientales”.
Valentina Durán, profesora de la Clínica Medio Ambiental, recalcó que el sistema de Clínicas Jurídicas de la Facultad de Derecho son también una respuesta a la inequidad que existe en el acceso a la justicia en Chile: “Hoy existen dramáticas barreras al acceso a la justicia en términos del escaso, difícil y costoso acceso a asesoría letrada especializada, de desconocimiento de los derechos, de distancias de los tribunales, entre otros obstáculos”.
Además de la Clínica Ambiental, en la Facultad operan otras clínicas jurídicas de los ámbitos Tributario, de Derecho de Familia, Penal, Laboral, de Actos y Contratos, de Negociación y Mediación, de Asesoría a Empresas de Menor Tamaño, de Interés Público y Judiciales. En conjunto, anualmente atienden en promedio 700 casos que afectan a personas y comunidades de escasos recursos económicos de la Región Metropolitana.